Redacción

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó ayer una serie de cifras como respaldo para argumentar que el Gobierno de Sebastián Piñera no fue capaz de controlar la crisis migratoria y pese a ello la actual oposición, que entonces fue parte del Ejecutivo, critica a La Moneda por este problema y la delincuencia asociada, como la agresión a funcionarios de Carabineros que se produjo hace una semana en Puerto Montt y que generó una orden de expulsión por parte del Presidente Boric, quien afirmó que no se tolerará agresiones contra integrantes de la institución.

En Chilevisión, la autoridad entregó números: "El año 2018 ingresaron cerca de 6.000 migrantes por pasos no habilitados, el 2019 fueron 8.000, el 2020 fueron 16.000 y el 2021 fueron 56.000".

Tras exponer esos datos dijo que "mucho se dice que 'otra cosa es con guitarra', pero digo estos números porque hay otras personas que tuvieron la guitarra en sus manos y tampoco fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes".

"No basta con decir 'otra cosa es con guitarra'; también hay que hacerse cargo cuando uno tuvo la guitarra y cuando muchos que critican tuvieron la guitarra, es cuando se produjo el ingreso más masivo de migrantes por pasos no habilitados y nosotros no estábamos en el Gobierno", puntualizó.

Monsalve reconoció además que actualmente también hay ingresos por pasos no habilitados y desde el Gobierno están enfocados en dos proyectos de ley, para controlarlo: "El Presidente Gabriel Boric envió esta semana al Congreso los dos, el martes 11 ingresaron ambos, uno es para facilitar los procesos de expulsión administrativa".

En relación a lo último, detalló que "hoy día la resolución de las expulsiones administrativas la firma el director del Servicio Nacional de Migrantes, y en este momento hay más de 1.200 resoluciones firmadas por el director que no se pueden ejecutar porque la ley establece como requisito que hay que notificar al migrante".

La dificultad radica, explicó, en que "no conocemos su nombre por lo que muchos dan un nombre falso, dan una dirección falsa y, por lo tanto, notificarlos se transforma en una tarea imposible y la expulsión no se puede ejecutar por esta causa".

Por ello indicó que "el proyecto cambia el mecanismo y permite que la expulsión sea notificada por carta certificada al domicilio que el migrante haya dado, y una vez entregada se entiende como hecha la notificación. También permite las notificaciones de expulsión por correo electrónico. Esto debería permitir agilizar y mejorar las capacidades". Detalló que "el segundo elemento en el que se está trabajando, y que va a estar funcionando de aquí a febrero, es que el Presidente nos autorizó 2.600 millones de pesos para un trabajo en conjunto con la PDI y un organismo internacional, para desplegar 50 módulos a nivel nacional para la identificación biométrica de los migrantes, es decir, para exigir a los migrantes a concurrir a tener una identificación de su rostro, su huella y un nombre".

"El registro biométrico nos parece una tarea esencial. Hoy se está en ejecución para la adquisición del equipamiento", remató el subsecretario.