Entre marzo y junio de 2024 se realizará el XX Censo de Población y IX de Vivienda en Chile. El proceso ha sido postergado en dos ocasiones y desde el Instituto Nacional de Estadística, Ine, se encuentran trabajando desde 2019 para que se desarrolle de la mejor manera posible, dejando atrás las dificultades vividas en 2012. Por ello se extenderá por tres meses (es un "censo de derecho") y no se realizará en un solo día como era la costumbre hasta 2002; además incorporará tecnología y nuevas formas de participación de la comunidad, que ya están siendo probadas en cuatro regiones del país (Maule, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo), con una experiencia especial de prueba integral en Licantén.

Esta temática fue una de las abordadas en el reciente congreso realizado en el país por el INE y la División de Estadística de las Naciones Unidas. La actividad se extendió entre el 19 y el 21 de octubre, centrando en las posibilidades del uso de los registros administrativos de población. Esto es, sumar a la información estadística oficial todos aquellos datos que las personas generan al interactuar con los distintos servicios públicos en atenciones de salud, postulaciones a beneficios, educación, residencia, movilidad y otras. De ese modo, muchas consultas de los Censos y de otros estudios podrían hacerse más rápido y con mayores detalles de lo que actualmente se hace. Es decir, aplicar tecnología para trabajar con las bases de datos que están en línea y que son confiables.

En los países nórdicos los censos se efectúan casi por completo con estos sistemas (sin encuestas presenciales), en América Latina el ejemplo más avanzado lo tiene Uruguay. Chile puede transitar en esa dirección gracias a una llave fundamental, que es el registro de todas las personas con su RUT y también gracias a las normas que rigen al INE desde los años 70 y que lo facultan para coordinar acciones con otros servicios con estos fines.

En entrevista con www.soyvaldivia.cl la directora nacional del Instituto Sandra Quijada detalló estas materias y llamó a la comunidad a colaborar con los procesos que están en marcha. Se trata -dijo- de cumplir con el objetivo de entregar información oportuna, confiable y con transparencia, para orientar las decisiones sobre políticas públicas.

Una de las instituciones más destacables dentro de la sociedad civil son, sin dudas, las Juntas de Vecinos, dotadas de personalidad jurídica, autónomas y que representan territorialmente a una unidad vecinal.

Su relevancia, se reconoce por su cercanía directa con los habitantes del sector, donde muchas veces trabajan de manera colaborativa con otros dirigentes o autoridades cuando los objetivos apuntan a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los territorios locales. Actualmente, la gran mayoría de las juntas de vecinos urbanas han logrado con mucho esfuerzo tener su propia sede, habilitándolas para sus reuniones, y otro tipo de actividades destinas a fortalecer las capacidades de su gente, como, por ejemplo, capacitaciones, talleres, prestaciones de infraestructura a otras organizaciones comunitarias ubicadas al interior de la unidad vecinal, entre otras. En épocas de desastres naturales, han abierto sus puertas para apoyar solidariamente a las personas, e igualmente se han convertido en la voz de empuje para lograr reivindicaciones sociales a corto y largo plazo. Por ejemplo, luego del terremoto de 1960 en Valdivia, las juntas de vecinos estuvieron constantemente persuadiendo a la autoridad para erradicar los rukos y los debilitados campamentos en el sector de la Corvi, lo que se tradujo en la superación de la crisis de falta de vivienda y mal estado de sus calles.

El objetivo de las juntas de vecinos está en promover la integración, participación y desarrollo de una localidad. Asimismo, en lo particular, su misión es representar a los vecinos ante las autoridades para lograr: convenios de desarrollo, aportar elementos de juicio que sirvan a las decisiones municipales, gestionar la solución de problemas ante las autoridades, proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos y determinar carencias de infraestructura.

Hoy estas organizaciones son fundamentales para la democracia, y es por eso que es necesario seguir invirtiendo en ellas para mejorar su conectividad, aumentar el aporte estatal en proyectos para fortalecer el trabajo comunitario, y sobre todo apoyar a los dirigentes de las juntas de vecinos rurales que son las más postergadas.

Nuestro rol es disponer a estas organizaciones de mejores normas para darles mayor protagonismo frente al trabajo colectivo junto a las autoridades locales, de manera tal que cumplan con esa importante función de aportar y mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas.

Gastón von Mühlenbrock

Diputado