Esta semana se conoció la noticia de un nuevo asesinato de un joven en una población de Valdivia. Tenía 18 años de edad. Es el cuarto crimen de este tipo en menos de un mes en la región de Los Ríos. Preocupante. Y muy triste.

Si a este hecho sumamos los extraños acontecimientos en que resultaron heridas a bala tres personas durante el feriado largo, se abre un escenario complejo y con relatos más o menos similares: tiroteos en circunstancias poco claras, sin denuncias formales, pactos de silencio y protagonistas de corta edad, tanto víctimas como victimarios. Además, varios implicados casi niños con antecedentes penales, lo cual se traduce en trayectorias de vida complejas, donde la droga, la deserción escolar, la falta de oportunidades, la disponibilidad de armas en el mercado y la captura por parte de grupos delictuales organizados que ofrecen pertenencia e identidad, teje redes muy complejas de romper.

Por supuesto que ninguno de esos datos justifica la violencia, ni el daño que causan estas situaciones a las personas afectadas por ellas. Nada lo hace. Pero se observa con claridad antecedentes similares a los que se aprecian en otras ciudades del país, donde el narcotráfico y la violencia parecen reinar. Y hay que revisarlos antes de emitir juicios y decidir acciones.

Según registros de la Fundación San Carlos del Maipo publicados en julio pasado, en los últimos cinco años se ha observado una creciente presencia de menores de edad en delitos de alta connotación social en Chile. Y la droga -consumo, venta, traslado- está presente en más del 30% de los hechos analizados por la institución. La tendencia es previa a la pandemia; pero claramente la crisis la aceleró, señalan.

No resulta fácil abordar esta temática, porque implica mirar más allá de la inseguridad ciudadana actual; obliga a buscar la raíz de lo que sucede en las plazas y multicanchas abandonadas, en sectores donde el espacio público es territorio en disputa.

Intervenir a tiempo se hace urgente. Por ello los programas que puedan implementarse para mejorar los entornos son importantes; lo mismo apoyar a los dirigentes vecinales y escucharlos. Después del asesinato más reciente, la voz de los pobladores fue clara: hay miedo en las calles que antes eran tranquilas.

El 22 de octubre, ocurrió nuevamente un atentado en un sector rural de la región de Los Ríos, esta vez sufrió los estragos de la violencia, la comuna de La Unión en el sector de Tres Ventanas. A pesar de la presencia de bomberos, no se pudo contrarrestar el incendio, dejando pérdidas irreparables productos de la acción planificada de estos grupos antisociales, que se sitúan al margen de la Constitución y de la ley, y que tienen como objetivo infundir terror en la población.

Durante el presente año, la región se ha visto envuelta en situaciones muy trágicas, solicitándole a la autoridad correspondiente, ampliar territorialmente el estado de emergencia hasta Los Ríos, para así contar con la fuerza legítima que nos otorga nuestra democracia para contener esta ola de violencia que se ha acrecentado en el sur de Chile. Sin embargo, a pesar de las evidencias y los reiterativos actos contra la propiedad privada, aun no ha sido posible convencer al gobierno.

Los hechos que están ocurriendo en nuestra región son de preocupación, y por lo mismo, necesitamos de forma urgente que el Ejecutivo disponga de las herramientas que le otorga la Constitución para proteger a las personas y a sus fuentes laborales.

Estamos a las puertas del verano, y las altas temperaturas, y la escasez del agua, terminan transformándose en un escenario ideal para que los atentados incendiarios en las zonas rurales, se convierta en una catástrofe mayor.

La violencia no tiene justificación alguna, tampoco podemos aminorar a los hechos como acontecimientos aislados, calificándolos como incidentes o violencia rural. Acá estamos en presencia de actos premeditados, con gente profesional que no tiene ni siquiera el ánimo de buscar el diálogo.

Por otro lado, también nos preocupa el hecho de la pérdida de infraestructura generadora de trabajo. Cada vez que se destruye maquinaria, hay una fuente laboral menos, y eso trae como consecuencia pobreza, al dejar a las familias sin sus herramientas de trabajo.

En nuestra calidad de representante de la región, solicitamos al Ejecutivo, que tiene las herramientas legales para extender legítimamente, y con la evidencia a la vista, el estado de excepción constitucional. No lo hacemos por un capricho, sino porque la gente en los sectores rurales vive con incertidumbre y temor, donde la fuerza policial está limitada en el tiempo y la distancia para llegar a tiempo a contrarrestar a estos grupos que están al margen de la ley.

Gastón von Mühlenbrock

Diputado