Ucrania intensificó esta semana su cruzada contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana dependiente de Moscú con nuevos allanamientos y sanciones al clero.

"Tenemos que crear las condiciones en las que ningún actor que dependa del Estado agresor tenga la oportunidad de manipular a los ucranianos y debilitar a Ucrania desde adentro", afirmó ayer el presidente Volodimir Zelenski.

El mandatario anunció medidas para garantizar la "independencia espiritual" de Rusia y contrarrestar "las actividades subversivas de los servicios especiales rusos en el entorno religioso de Ucrania", formalizadas en un decreto.

Busca prohibición

Las medidas fueron propuestas por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania (SNBO) tras analizar "las conexiones de ciertos círculos religiosos en Ucrania con el Estado agresor".

El decreto, que busca la prohibición de la Iglesia Ortodoxa rusa subordinada al Patriarcado de Moscú, también prevé sanciones contra los religiosos vinculados a esta congregación.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) practicó registros en sedes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de las regiones de Zhytomyr, Rivne y Transcarpacia para evitar que "sean utilizadas como células del 'mundo ruso' y para proteger a la población de provocaciones y actos terroristas".

Además, el SBU declaró al Metropolitano de la Diócesis de Kirovograd como sospechoso de haber justificado la anexión de la península de Crimea en 2014 y de participar "en actividades subversivas contra Ucrania".

Según la entidad, el obispo, que "formaba parte del círculo íntimo del Patriarcado de Moscú, Kiril", coordinó con este "la difusión de opiniones a favor del Kremlin".

El SNBO, por su parte, anunció sanciones contra una decena de clérigos y personas vinculadas a la congregación prorrusa, incluyendo al gobernador del Monasterio de las Cuevas de Kiev (Kiev-Pechersk Lavra), Pavlo (Lebed), y el exdiputado de la Rada Suprema, Vadim Novinski.

En las últimas semanas el SBU realizó redadas en diversas diócesis de esta congregación, y encontró personas con ciudadanía rusa, literatura prorrusa y grandes cantidades en metálico.

Respuesta de la iglesia

La Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) criticó el deseo de las autoridades ucranianas de prohibir la Iglesia ortodoxa afín a Moscú y el Comité de Instrucción ruso anunció que investiga denuncias de presuntos ataques a sacerdotes ortodoxos en Ucrania a raíz de los registros del SBU.

Según el comité, Ucrania busca crear con estas detenciones un fondo para el canje por prisioneros de guerra ucranianos retenidos por Rusia.

El asesor del Patriarca de Moscú, arcipreste Nikolái Balashov, denunció a su vez que "el régimen de Zelenski ya perdió el miedo y no guarda las apariencias de país democrático,".

"Eso demuestra la pérdida de los restos del sentido común", escribió el portavoz de la IOR, Vladimir Legoida.

Según el vocero, las iniciativas ucranianas "van en contra de las normas del derecho", en particular, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que protege la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

"Es lamentable que personas inocentes, simples creyentes y humildes sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana puedan convertirse en moneda de cambio en los juegos políticos", escribió Legoida.

Retirada rusa en el sur

Mientras tanto, en el frente de batalla las tropas rusas podrían haber comenzado a retirar unidades de localidades de la región de Zaporiyia y del margen izquierdo del río Dniéper en Jersón, al sur del país, según el mando ucraniano.

"Las fuerzas de ocupación rusas están retirando unidades separadas y preparándose para la evacuación del personal de las administraciones de los asentamientos del territorio temporalmente ocupado de la región de Zaporiyia", informó el Estado Mayor de Ucrania.

Según la entidad, las autoridades prorrusas de Zaporiyia abandonaron instituciones en Mijailivka y retiraron parte de sus tropas en Pologi e Inzhenerne, mientras que en Burchak organizaron un censo para la "llamada evacuación voluntaria" de civiles.

En la región de Jersón "se observa una reducción del número de soldados rusos y equipamiento militar en la localidad de Oleshki", al lado izquierdo del Dniéper, que "se han dispersado en las franjas de bosques" aledañas.

Luego de recibir una carta con un explosivo en su interior, ahora llegó a la embajada de Ucrania en Madrid un paquete manchado de sangre, al igual que en otras legaciones en diversos países europeos, informó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. El portavoz del ministerio, Oleh Nikolenko, informó que esta situación sucedió horas antes en las representaciones diplomáticas de Ucrania en Hungría, Polonia, Países Bajos, Italia y Croacia, y en algunos casos también tenían ojos de animales en su interior. Los propios envoltorios estaban impregnados con un líquido con un color y olor característicos, agregó.

Rusia se mostró "indignada" por las declaraciones de Francia de que empezó a trabajar con sus socios europeos y ucranianos en la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes rusos cometidos en Ucrania, y calificó de hipócrita la postura de París.

"Estamos indignados por la declaración del Ministerio francés para Europa y Asuntos Exteriores sobre los planes para crear una especie de 'tribunal especial para los crímenes de agresión rusos'", dijo la diplomacia moscovita en un comunicado.

Rusia señaló que "los países de Occidente decidieron impulsar la idea de crear otra instancia 'judicial' abiertamente politizada, que, en realidad, nada tiene que ver con la justicia".

El ministerio dirigido por Serguéi Lavrov calificó de "cínicas" las declaraciones de París, pues "se niega a ver los numerosos crímenes de guerra documentados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los silencia deliberadamente".

En medio de amenazas cruzadas entre Europa y Moscú, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, dijo desde Polonia que Rusia no solo deberá responder penalmente por sus crímenes de guerra. "La rendición de cuentas no es sólo una rendición de cuentas penal. También es una responsabilidad financiera".

Añadió que "Ucrania está siendo destruida porque los rusos no pudieron conquistarla. Va a costar mucho dinero reparar todo este daño. Tenemos 300.000 millones de euros incautados del activo de Rusia".

En ese contexto, la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) concluyó ayer una reunión en la que no consiguió una declaración o acuerdo que reflejara la condena a Rusia por la invasión de Ucrania, que recibió el apoyo de sus representantes diplomáticos.

A pesar de la condena generalizada a Rusia por haber comenzado la guerra en Ucrania, los representantes de los 56 países que forman la OSCE han sido incapaces de alcanzar el consenso en ningún punto, más allá de coincidir en que esta organización se halla ante una crisis sin precedentes.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, instó a Putin a retirar sus tropas de Ucrania para posibilitar una "solución diplomática lo antes posible" al conflicto, en una conversación telefónica en que además condenó los ataques contra las infraestructuras civiles ucranianas.