Agencias

El Gobierno argentino anunció una ampliación del Presupuesto Nacional de 2022 para concretar la compra de un nuevo avión presidencial por más de 20 millones de dólares, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

Por medio de una decisión administrativa firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Luis Manzur, el Gobierno establece una modificación en el Presupuesto General vigente para este año con el fin de hacer efectiva la compra de la aeronave.

Ya en diciembre de 2021, en otra resolución oficial, se anunció el gasto, por un importe de 25 millones de dólares, que conllevaba el Acuerdo de Servicios de Gestión rubricado, para adquirir el avión, entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Secretaría General de la Presidencia argentina.

El Boletín Oficial señaló este viernes que ese acuerdo comprende el mantenimiento de la flota aérea presidencial, capacitaciones y otras acciones en las que el órgano técnico aeronáutico a nivel internacional pueda contribuir para aplicar los "más altos estándares internacionales en materia de aviación".

Según explicó el diario Clarín, el avión que se comprará es un Boeing 757-256, con capacidad para 39 pasajeros con dormitorios y sala de reuniones, por el que el Gobierno deberá desembolsar alrededor de 22 millones de dólares además de la entrega del Tango 01, adquirido en 1992 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) y que está parado desde 2016, con un alto mantenimiento anual.

Cuando se termine de concretar la compra, la nueva aeronave se sumaría a la flota de aviones que aún siguen operativos y que Presidencia usa para vuelos cortos.

Si bien la crisis económica que arrastra el país demoró la decisión de comprar el avión, la prensa local indica que en las últimas semanas se apuraron los trámites en el proceso de compra iniciado en la OACI.

"El presidente de la Nación no viaja en vuelos comerciales porque no lo permite la seguridad de los presidentes ni la seguridad internacional", señaló la semana pasada la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Según añadió, "es un despropósito pensar que un presidente puede viajar en vuelos comerciales, porque cuando se traslada se traslada con seguridad, ceremonial y un equipo de funcionamiento que no lo requiere solamente el país del que sos parte, sino también aquellos países a los cuales está llegando".

"No se puede viajar al G20, él con su valijita y su computadora nada más", ironizó.

El Banco Central de Argentina informó que los exportadores liquidaron 956 millones de dólares en la primera semana de vigencia del llamado "dólar soja", que restableció el Gobierno para mejorar el tipo de cambio para la agroindustria y captar divisas. El "dólar soja", con vigencia hasta el 30 de diciembre próximo, permite a los exportadores agroindustriales liquidar sus exportaciones a un tipo de cambio de 230 pesos argentinos por unidad, por encima del mayorista oficial, a 168,09 pesos por unidad, con lo que se espera recaudar más de 3.000 millones de dólares y acumular reservas.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, fue demandado en un tribunal floridano por el envío de inmigrantes venezolanos desde Texas a una isla de Massachusetts, estado donde ya enfrenta una demanda por ese mismo motivo.

El Southern Poverty Law Center y organizaciones defensoras de los inmigrantes como Florida Inmigration Coalition informaron que la demanda fue interpuesta en los tribunales federales de Miami contra el gobernador y el secretario de Transporte de Florida, Jared W. Perdue.

Los demandantes sostienen que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida, dotado de 12 millones de dólares y bajo el cual se trasladó a casi 50 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, desde San Antonio (Texas) a la isla Martha's Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado, es inconstitucional.

Florida está "usurpando el papel exclusivo del gobierno federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración", alegan.

La demanda argumenta también que el programa es discriminatorio y constituye una muestra de "acoso de inmigrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional".

"La Constitución es clara: el poder único y exclusivo para regular la política de inmigración se otorga al gobierno federal, no a los estados", dijo Paul Chavez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, en un comunicado.

"El programa del gobernador DeSantis y el estado de Florida para usar fondos de los contribuyentes para la 'reubicación' de 'extranjeros no autorizados'" es un intento descarado e ilegal de hostigar a los inmigrantes a nivel estatal", subrayó.

Cuando se conoció el envío de los inmigrantes a Martha's Vineyard y estalló la polémica, DeSantis defendió su decisión como una respuesta a la política migratoria del Gobierno del presidente Joseph Biden, que, a su juicio, deja las fronteras de EE.UU. "abiertas" a extranjeros sin permiso para radicarse en el país.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer que se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, antes de asumir el cargo, porque tienen mucho que conversar, incluso sobre los "estragos" causados en ambos países por Donald Trump y Jair Bolsonaro.

"Tenemos mucho que conversar porque Estados Unidos padece de una necesidad democrática como Brasil. El estrago que Trump dejó en la democracia estadounidense fue el mismo dejado por Bolsonaro. Ambos piensan igual", afirmó el líder progresista en una rueda de prensa en la que además adelantó que tiene el 80% de los nombres de su primer gabinete "en la cabeza".

El líder derechista brasileño, derrotado por Lula en las presidenciales de octubre y acusado de haber debilitado las instituciones democráticas de Brasil, nunca escondió su admiración por el expresidente estadounidense, que perdió las elecciones en su país frente a Biden.

Lula dijo que definirá la fecha de su visita a Estados Unidos el próximo lunes, en la reunión que realizará en Brasilia con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Pero aclaró que solo la hará después del 12 de diciembre, cuando el Tribunal Electoral le otorgará su diploma de presidente electo, y antes de su investidura, prevista para el 1 de enero.

Afirmó que tiene gran interés en viajar a Estados Unidos antes de tomar posesión debido a que tiene muchas cosas importantes para conversar con Biden.

"Quiero conversar sobre política, sobre la relación entre los dos países, sobre el papel de Brasil en la nueva geopolítica mundial, sobre Ucrania, incluso sobre si es necesaria esa guerra", aseguró al destacar la importancia de las relaciones entre las dos mayores democracias de América.

Lula aseguró que también habrá otros asuntos sobre los que Biden seguramente querrá hablar para agregar a la agenda del encuentro.

Otro posible destino de Lula antes de finalizar el año será Argentina, y otro país que está en los planes es China.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, afrontará el próximo miércoles 7 de diciembre un pedido de destitución planteado por la oposición en el Congreso, que fue admitido a trámite con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones. La moción, impulsada por el legislador independiente Edward Málaga, pide que sea destituido por una presunta "permanente incapacidad moral" para seguir. En el documento presentado, de más de 100 páginas, se asegura que "resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos". Al dar los motivos, Malaga dijo que lo hizo "con la plena convicción de que la salida más exitosa" a la crisis política que afronta su país es adelantar las elecciones.

Los equipos de rescate continuaron ayer las labores de búsqueda de desaparecidos por el deslizamiento de tierra ocurrido el lunes pasado en una carretera del sur de Brasil que dejó al menos dos muertos y seis heridos, informaron fuentes oficiales. Las autoridades brasileñas trabajan con una cifra de hasta "30 potenciales víctimas", aunque aclararon que esa previsión puede verse "alterada" a medida que avancen las investigaciones del deslave que tuvo lugar la noche del lunes en la carretera federal BR-376, en el estado de Paraná. El balance parcial es de 2 fallecidos, 6 personas rescatadas con vida y otras 6 que "consiguieron escapar de los vehículos" afectados "sin necesitar atención" médica, según señaló la Secretaría de Seguridad de Paraná en una nota.