Agencias

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, aseguró en una entrevista divulgada ayer que se ha usado a la Justicia para perseguirla, algo que, según ella, ha sido un común denominador con líderes progresistas de la región como Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa.

La vicepresidenta argentina está acusada de haber cometido presuntas irregularidades con dinero público, por lo que la Fiscalía pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitarla para ejercer cargos públicos de por vida.

Hoy el tribunal que la juzga dará el veredicto.

"Yo creo que es un fenómeno que pasó con el partido judicial en toda la región", señaló en una entrevista al periódico brasileño Folha de Sao Paulo.

Según Fernández, quien ha sido diputada, senadora, primera dama y presidenta de Argentina en dos ocasiones, el "partido judicial" reemplazó al "partido militar" en la región tras la caída del muro de Berlín, cuando las dictaduras ya no eran tan bien vistas, y por eso varios líderes de Sudamérica han sufrido "lawfare" (persecución de los adversarios por vía judicial).

En el caso de Lula, señaló, los mismos que lo metieron preso revisaron lo que habían hecho con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

"mucho daño"

"¿Y por qué creo que lo hicieron? Porque en definitiva, cuando impidieron que Lula fuera el candidato a presidente y el posible presidente, llegó Bolsonaro y las consecuencias de un personaje como Bolsonaro le hicieron mucho daño a Brasil", indicó.

Fernández dijo que lo mismo había ocurrido con el expresidente de Ecuador Rafael Correa -asilado actualmente en Bélgica- cuando era mandatario en el país.

"Fíjate la situación de lo que era Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa y lo que es Ecuador hoy asolado con el narcotráfico, con problemas sociales y con una desigualdad mucho más profundizada", aseveró.

Según la vicepresidenta, lo que ha ocurrido con Lula y Correa es lo mismo que está pasando con ella pues le están violando sus garantías constitucionales y todas las acusaciones que le hacen "son mentira".

"Cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy dice otra en base a una denuncia que hizo el gobierno (de su principal opositor, el expresidente Mauricio) Macri, obviamente habrá una condena", señaló.

Vía Telemática

Fernández escuchará vía telemática el veredicto en el caso que se sigue contra ella y otros 12 imputados por presunta corrupción en sus dos períodos como mandataria (2007-2015), sentencia que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 sobre presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que el pasado 22 de agosto la Fiscalía pidió para ella una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer que pedirá a la Justicia que investigue a altas autoridades del país por presuntamente integrar una trama de corrupción. "Todo parece indicar que ha quedado al descubierto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios, todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos", asevero Fernández en un mensaje por cadena nacional. Los hechos que el presidente pide investigar se refieren a un presunto viaje en avión privado realizado por un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia argentina.

Nicolas Sarkozy reclamó este lunes la anulación de la instrucción que condujo a su condena por corrupción y que le valió en marzo de 2021 una condena a tres años de cárcel, de los cuales uno de obligado cumplimiento, al considerar que se hizo de forma desleal, sin poder ejercer los derechos de la defensa.

La abogada del expresidente francés, Jacqueline Laffont, subrayó, durante la primera audiencia del juicio ante el Tribunal de Apelación de París, que esa orden fue "una violación irreversible" de los derechos de la defensa y "debe conducir a su anulación integral".

"El conjunto de la instrucción está viciado" porque entre otras cosas se escondieron a los inculpados "elementos exculpatorios muy importantes" y no se les comunicó el dossier hasta poco antes de empezar el juicio en primera instancia, señaló Laffont al formular al tribunal, presidido por la jueza Sophie Clément, una cuestión prioritaria de constitucionalidad.

Se trata de intentar elevar al Consejo Constitucional ese asunto para que decida si se violó la Carta Magna antes de que l Corte de Apelación de París pueda continuar examinando el recurso del que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 y de los otros dos encausados.

Laffont planteó una segunda cuestión prioritaria de constitucionalidad referida a la validez de las escuchas a las que Sarkozy (67 años) y su abogado en el momento de los hechos (2013 y 2014), Thierry Herzog, fueron sometidos durante siete meses.

Para la letrada, se violaron varias normas que protegen la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, en particular una reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sarkozy y Herzog son dos de los inculpados junto a Gilbert Azibert, antiguo alto magistrado en el Tribunal Supremo al que, según la acusación, intentaron corromper con promesas de un puesto en Mónaco a cambio de informaciones confidenciales y una intervención sobre otra instrucción en la que estaba implicado el expresidente francés.

Los tres fueron sentenciados en marzo de 2021 por el Tribunal Correccional de París a la misma pena, de tres años de cárcel, uno de los cuales en firme que tendrían que cumplir en arresto domiciliario con un brazalete electrónico.

"No CORROMPÍ A NADIE"

Sarkozy, que acudió a esta primera jornada del proceso -que debe prolongarse hasta el 16 de diciembre-, aprovechó cuando le dio la palabra la presidenta Clément para clamar su inocencia con un discurso vehemente en el que no dudó en subir el tono de voz en algunos momentos clave: "Nunca he corrompido a nadie".

Aseguró que se explicará de forma pormenorizada sobre las 3.500 escuchas que se le hicieron durante siete meses y cuya validez como pruebas acusatorias quiere invalidar.

Pero, sobre todo, se esforzó en presentarse como víctima, porque según él, este asunto le ha "perjudicado gravemente".

Se quejó, en particular, de que la sentencia en primera instancia se asentaba, a su parecer, en "un haz de indicios" y no en pruebas, e hizo hincapié en que tiene intención de "defender un honor que ha sido burlado".

Su condena por el Tribunal Correccional de París del 1 de marzo de 2021 fue la primera en la que un expresidente francés era sentenciado a una pena de cárcel firme que implica una privación de libertad efectiva.

Pocos meses después, en septiembre del pasado año, volvió a ser sentenciado a un año de cárcel, de nuevo firme, por la financiación ilegal de su campaña electoral de las presidenciales de 2012, en las que fue apartado del poder por el socialista François Hollande.

Esa segunda condena también la ha recurrido y el proceso de apelación está programado para noviembre y diciembre de 2023.

Albergues en la frontera de EE.UU. y México se preparan para un eventual cruce masivo de migrantes tras el previsto fin del Título 42 de expulsión expedita de extranjeros el próximo 21 de diciembre y urgen al Gobierno estadounidense un trato digno para estos solicitantes de asilo.

"Anticipamos que tan pronto termine el Título 42 el número de migrantes que cruzan la frontera se incremente drásticamente. Esperamos recibir quizá de mil a dos mil migrantes por día", dijo a Efe Norma Pimentel, directora ejecutiva de la filial de Caridades Católicas en el Valle del Río Grande, Texas.

La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar y solicitar asilo.

Indicó que en estos momentos el albergue, que se encuentra en la ciudad de McAllen, recibe un promedio de 300 migrantes diariamente.

El 21 de diciembre se cumple el plazo que la corte dio al gobierno de Joe Biden para prepararse para suspender el Título 42 al considerarlo "arbitrario" y "caprichoso".

La polémica regla, implementada en 2020 por el expresidente Donald Trump (2017-2021) con la excusa de la pandemia, ha permitido la expulsión de más de 2,5 millones de migrantes desde marzo de 2020, según datos de la organización International Rescue Committee. La norma permite a la Patrulla Fronteriza deportar de inmediato a los migrantes que cruzan de manera irregular.

"Sólo esperemos que el país esté preparado para ofrecer un proceso correcto, humano; que se les dé a los migrantes la oportunidad de presentar sus casos y no nada más los deporten", dijo Pimentel.

En preparación para lo que podría ser un nuevo cruce masivo de migrantes, albergues en Texas y Arizona se encuentran listos para activar una red de ayuda que incluye iglesias y organizaciones locales dentro de sus comunidades.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a CNN que de 9.000 a 14.000 migrantes podrían intentar cruzar la frontera sur diariamente una vez que termine el polémico Título 42.