Desde hace un par de semanas se ha instalado en la ciudadanía la preocupación ante elevado reajuste a los precios de los peajes y TAG en las autopistas y rutas del país, el cual se haría efectivo a partir del 1 de enero de 2023 según los contratos de las concesionarias, lo que generó que los camioneros amenazaran con un "estallido en las rutas".

Esta semana las empresas encargadas de las vías deberían publicar los ajustes tarifarios, los que consideran la inflación acumulada en 12 meses hasta noviembre. Por lo tanto, esta alza toma relevancia especial este año en un contexto del fuerte avance de los precios que golpea a Chile: en lo que ha transcurrido de 2022, la inflación acumula 12,5%, lo que sube a 13,3% si se consideran los últimos 12 meses.

Esta última cifra es la que debería verse reflejada en general en los peajes. Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas Juan Carlos García, a principio de diciembre, dijo estar "en permanente diálogo con las concesionarias quienes nos tienen que entregar su propuesta y, en función de eso, evaluaremos las medidas a implementar. Todavía estamos en plazo para ello".

El ministro García señaló que se busca que las alzas sean atenuadas: "Durante las últimas semanas, como Gobierno, hemos estado trabajando en medidas responsables que buscan que el alza de este no impacte tan fuertemente en los bolsillos de las familias".

"A su vez, les he solicitado a las concesionarias de carreteras y autopistas acciones concretas que vayan en beneficio de los usuarios", agregó.

Alerta de camioneros

Ante esta situación, gremios de camioneros presionan para que se comunique pronto lo que se decidirá al respecto. En un comunicado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) expresó su "preocupación por el silencio oficial en torno a las alzas de las tarifas de peajes que regirán desde el 1 de enero próximo".

"Solicitamos al MOP aclarar pronto este punto y saber si hay conversaciones en curso con las empresas que gestionan las vías que conduzcan a aplicar reajustes menores. Es necesario transparentar lo anterior", agregó el texto.

Finalmente, el organismo planteó que "hay que tener en cuenta que las autopistas urbanas elevaron en un 60% sus utilidades al tercer trimestre y que los ingresos de las concesionarias aumentaron en casi un 30% en el mismo periodo, solo por mayor movimiento de vehículos. Sin embargo, estas firmas no están obligadas a aplicar el máximo de reajuste legal".

"De máxima importancia es que la autoridad y las propias empresas adviertan que aplicar el máximo a que los autoriza la ley significa traspasar la mayor inflación de los últimos 30 años a toda la cadena logística y a los consumidores. No tomar en cuenta este hecho es en la práctica una virtual invitación a un estallido en las rutas", concluyó.