El inicio del año trajo varias noticias relacionadas con la economía cotidiana de las personas. La primera es que, desde el 1 de enero, el sueldo mínimo subió a 410 mil pesos; luego, se materializó el alza de los cobros de peajes y entró en vigencia la Ley 21.420, la cual dispone que todos los servicios profesionales estarán afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Este último punto en particular ha sido el que más polémica generó en nuestra zona, pues la norma incluye que paguen impuestos los APR, las organizaciones de Agua Potable Rural que realizan la captación, tratamiento y distribución de este elemento básico; cuyo funcionamiento es fundamental para la vida en las comunidades campesinas de Los Ríos. Hay más de 130 de ellos distribuidos en todas las comunas y sus historias están cruzadas por el esfuerzo y la constante amenaza de la escasez hídrica.

Ante esta realidad, las voces de reclamo no se hicieron esperar, porque el alza de impuestos se traduciría en mayor costo para los usuarios. La polémica cruzó la última semana del 2022, tanto localmente como en el resto del país, y finalmente, el Servicio de Impuestos Internos emitió una circular postergando por un año la aplicación de la exigencia.

Esto trajo tranquilidad en lo inmediato, pero hay conciencia que no se trata de una solución, sino un aplazamiento de la medida. Parlamentarios regionales se comprometieron a presentar un proyecto que mantenga la exención tributaria a estos sistemas comunitarios, considerando la labor social que ellos realizan, las dificultades que implica su funcionamiento y la imposibilidad de sus comunidades de elegir otros servicios.

Esa discusión recién se inicia y es muy importante, porque hay transversal acuerdo en la necesidad de subir la recaudación fiscal, pero eso no debiera hacerse afectando a las personas de condición más precaria. No con el agua, al menos, cuyo acceso debiera facilitarse y no verse dificultado, al reconocerla como un derecho.

Es de esperar que el tema pueda abordarse con prontitud en el Congreso y que no se llegue a diciembre de 2023 nuevamente a reaccionar, simplemente. Para ello se requiere voluntad, pues claramente las otras urgencias polémicas se tomarán la agenda política.

El pasado 16 de agosto Escocia se convirtió en el primer país en declarar el acceso gratuito a los productos para la menstruación como tampones y toallas higiénicas. Esta legislación significa que los productos menstruales estarán disponibles en edificios públicos, incluidas escuelas y universidades en todo el país. Este es un tremendo avance que muestra que la voluntad política puede cambiar una realidad que muchas veces se invisibiliza en Chile.

Esta noticia es diametralmente opuesta a lo que pasa en nuestro país, ya que de acuerdo a datos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) las mujeres pagan más por productos de las mismas categorías, además detectó que el 80% de los productos con diferencias de precios por razón de género, se concentran en las categorías de aseo y cuidado personal del adulto. ''Impuesto rosa'' es el término para explicar el costo extra que presentan los productos destinados a mujeres, pero que funcionalmente son similares o iguales a los masculinos. Frente a esta problemática, presentamos en octubre de 2022, un proyecto de ley que busca prohibir la diferenciación de precios por razones de género.

Por esta invisible realidad es que presentamos este proyecto que prohíbe ''ejercer diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante de los bienes y servicios que comercialicen, fundada en razón de género de los usuarios o usuarias''.

Por otro lado, la norma también aborda los altos precios de elementos destinados a mujeres, por ejemplo, productos menstruales. ''En el transcurso de la vida de una mujer, el impacto financiero de estas disparidades de precios sería significativo'', detalla el proyecto. También podrá crear conciencia entre las escuelas de publicidad y capacitar a las partes interesadas sobre la comercialización diferenciada por género y sus posibles consecuencias en términos de desigualdades en el consumo. Por otro lado, podrá sugerir que las asociaciones de consumidores generen conciencia en el consumidor contra los estereotipos de género.

Así con esta iniciativa, que para muchos puede parecer hasta intrascendente, vamos equilibrando la cancha, ya sea en grandes temas, como también en cosas tan cotidianas para nosotras y que muchas veces ni siquiera visualizamos como son también objeto de las desigualdades de género.

Ana María Bravo

Diputada