Tras la crisis abierta con los gobiernos de México y Bolivia, la presidenta peruana Dina Boluarte recibió esta semana un llamado de atención desde Chile y Estados Unidos por la represión de las protestas antigubernamentales, una situación que multiplica el riesgo de un aislamiento internacional, mientras la Fiscalía confirma 42 muertos y las manifestaciones continúan recrudeciendo.

En la última jornada, la Fiscalía de Perú confirmó que 42 personas han muerto, 531 resultaron heridas y 329 han sido detenidas desde el inicio de las protestas antigubernamentales que se desataron en el país en diciembre pasado.

El Ministerio Público detalló que entre los fallecidos hay 41 manifestantes y un policía -que fue quemado vivo-, mientras que otros 355 civiles y 176 agentes fueron heridos.

Este caos y fatalidad ha generado críticas de diversos países y dificulta la posición para otros mandatarios de la región.

Todo comenzó para Boluarte, elegida como vicepresidenta en las elecciones de 2021 dentro de la fórmula que encabezaba Pedro Castillo, cuando el entonces mandatario dio un fallido autogolpe de Estado, el 7 de diciembre, por el que fue destituido y que la llevó a asumir, por sucesión constitucional, la jefatura de Estado.

Esa situación provocó un choque directo con el presidente mexicano, Andrés López Obrador, al que se sumaron posteriormente los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro, así como -de forma mucho más tímida- el argentino Alberto Fernández.

Especialmente grave es el enfrentamiento con México, cuyo embajador en Lima fue expulsado, y con Bolivia, tras decretar un impedimento de entrada al ex Presidente y líder del movimiento oficialista, Evo Morales.

El último peldaño lo subieron el miércoles Estados Unidos, que pidió que se reduzca "al mínimo" el uso de la fuerza frente a las protestas y respaldó la investigación sobre la represión, así como Chile, que reclamó a las autoridades peruanas que "garanticen derechos fundamentales" y hagan un "uso proporcionado de la fuerza".

"diálogo por paz"

En este escenario, Boluarte, aseguró que su Gobierno promueve un diálogo nacional "por la paz social, la reconciliación, el crecimiento económico y el desarrollo, que incluye a todos los sectores, sin exclusiones".

La Presidencia peruana informó que Boluarte, quien no ofrecía declaraciones públicas desde el lunes pasado, hizo estas afirmaciones de manera virtual durante la Cumbre de la Voz del Sur Global, una iniciativa del primer ministro de la India, Narendra Modi.

En su presentación, Boluarte dijo que tiene "la obligación de garantizar la vida y los derechos de los compatriotas", por lo que consideró que "es un imperativo que, en el marco del respeto a la ley y al Estado de derecho" se restablezca "el orden público" y su Gobierno fortaleza su "capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

La mandataria también "manifestó su pesar" por el fallecimiento de civiles y de un policía en las protestas que comenzaron en diciembre pasado "y ratificó ante la comunidad internacional el trabajo que despliega su gestión para ir a unas próximas elecciones generales".

Aseguró, además, que Perú seguirá apostando por el multilateralismo, la vigencia del Estado de derecho y "la preservación de una democracia que atienda las necesidades ciudadanas más urgentes, en especial de los más vulnerables".

Dirigentes detenidos

En paralelo, las protestas continúan en zonas como Cuzco y Juliaca, mientras que tres dirigentes de una organización vinculada con las manifestaciones de la región sureña de Ayacucho fueron detenidos por la policía y un congresista denunció que manifestantes atacaron su casa en Puerto Maldonado, en la Amazonía de Perú.

La policía detalló que una de las personas detenidas, Leandro Melgar, fue parte "de la organización terrorista Sendero Luminoso".

42 muertos en las protestas que comenzaron en diciembre pasado fueron confirmados por la Fiscalía.

531 heridos se han registrado durante las manifestaciones y 329 personas han sido detenidas.

La compañía minera Antapaccay, operada por la multinacional Glencore, anunció que evacuará a unos 2.400 trabajadores de sus operaciones en la región de Cuzco, luego del ataque que sufrieron sus instalaciones el jueves por parte de un grupo de manifestantes . Tras señalar que sus instalaciones fueron atacadas "por un grupo de vándalos", la empresa anunció que "buscará las condiciones de seguridad necesarias para iniciar la evacuación del personal, en salvaguarda de su integridad". Agregó que "en la operación solo permanecerá personal esencial" y la empresa llamó a que las autoridades promuevan el "diálogo".

El Congreso de Argentina analizará en sesión extraordinaria una solicitud de juicio político que impulsa el oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema.

La solicitud contra los cinco magistrados de la Corte llegó llega después de que el Presidente Alberto Fernández acusara de "mal desempeño de funciones" al presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, y al resto de sus integrantes por "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad".

Para juzgar al Supremo se requiere la intervención de ambas Cámaras con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, cifra con la que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición.

"Mientras siga este atropello contra la Corte Suprema no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos", informó la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, contraria a las iniciativas que promueve el Ejecutivo en el terreno judicial.

El Gobierno impulsa también la ampliación de la Corte, de 5 jueces a 15, para garantizar, según han argumentado los senadores oficialistas, la representación de las diferentes provincias del país. Ese proyecto ya fue aprobado el año pasado por el Senado, aunque resta su debate y eventual aprobación en la Cámara Baja.

Ambos proyectos surgieron del enfrentamiento del Gobierno con el Supremo, en primera instancia a raíz del proceso judicial contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, por irregularidades en la concesión de obras públicas durante sus mandatos (2007-2015), quien fue encontrada culpable y condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

A esto se suma el conflicto entre el Gobierno nacional y el de Buenos Aires, que lidera el opositor Horacio Rodríguez Larreta, por un fallo del Supremo que obligó a restituir fondos fiscales a la capital -que Fernández acató, a regañadientes aunque lo calificó de "fallo político"-, y por las acusaciones impulsadas por el Ejecutivo respecto al supuesto vínculo de un ministro porteño en una presunta trama de corrupción que incluye a jueces.

23 y 28 de febrero, el Congreso celebrará sesiones extraordinarias para tratar diversas temáticas.