Nuevamente Valdivia debe lamentar noticias sobre tiroteos callejeros, que terminan con personas heridas. Ahora sucedió en la población Los Ediles, cuando el fuego generado por grupos delictuales impactó una vivienda y daño a una mujer que estaba durmiendo en su pieza. Afortunadamente, las lesiones fueron leves y no hay víctimas fatales; pero el caso es grave. Muy grave. Sobre todo porque este tipo de hechos se están transformando en noticia peligrosamente reiterada y hay riesgo de normalizarlos.

También de repiten informaciones sobre jóvenes vinculados a acciones de extrema violencia. El hombre que disparó fuera de la Tenencia Mogollones luego de ser denunciado por violencia intrafamiliar contra la madre de su hijo, tiene 18 años; el sujeto que asaltaba a trabajadoras sexuales y que está implicado en la muerte una joven en Guacamayo, tiene solamente 15; la persona asesinada en la población Pablo Neruda hace cuatro días tenía 19 y la que murió en diciembre en el sector Norte Grande, sólo 18. La lista de sangre y lágrimas puede seguir, porque los casos aumentan y estamos cerca -insistimos- de que ya no nos sorprendan.

Hay que encender alertas, antes que el peso de la realidad nos gane. Ya pasó. Nos "acostumbramos" a ver decomisos de droga cada vez mayores, a escuchar fuegos artificiales en las calles; a ver consumo de marihuana -y otras, pero la yerba se hace evidente por el olor- en las plazas, en la costanera, en las actividades masivas. Todo eso parece "habitual" y estamos a pasos de que los enfrentamientos por territorios de narcotráfico y el amedrentamiento a tiros, también lo sean.

Ver estas realidades es triste. No basta con anuncios sobre recuperación de espacios públicos y comprar cámaras que filman los delitos. No basta con condenar los hechos.

Se requiere de intervenciones urgentes y eso implica más atribuciones para Carabineros, medios para las investigaciones, apoyo para las Fiscalías y la aplicación de justicia; control al crimen organizado que se maneja desde las cárceles.

El diagnóstico es conocido; las soluciones pasan por decisiones de voluntad política real. Es de esperar que quienes toman decisiones puedan también comprenderlo y actúen en consecuencia.

Hace ya tres años, el 23 de enero del 2020, antes de que comenzara la pandemia, se promulgó la Ley 21.202 de Humedales Urbanos, la cual sin duda marcaría un antes y un después en la planificación territorial de las ciudades, en la protección a estos ecosistemas y la forma en que decidimos organizarnos para resguardar la biodiversidad de nuestras ciudades y el país.

Siempre es bueno recordar cómo empiezan las cosas, y no podemos dejar de agradecer a todas las organizaciones socioambientales que levantaron las alarmas por la destrucción de humedales dentro de nuestra bella ciudad, que muchas veces han sido víctimas de la industria inmobiliaria. A quienes desde distintos sectores y por iniciativa propia dijeron fuerte y claro que era necesario proteger, resguardar, cuidar y crear conciencia sobre estos valiosos ecosistemas.

Gracias a la comunidad organizada, pudimos conocer esta problemática, la cual trabajamos de manera integral, a través de conversatorios, seminarios y reuniones, donde creamos diálogo, compartimos posturas y fuimos construyendo poco a poco, el corpus de lo que hoy conocemos como la ley de Humedales Urbanos.

Actualmente, esta ley protege a 90 ecosistemas a lo largo y ancho del país, totalizando 9.744,87 hectáreas protegidas en 15 regiones de Chile; no obstante, en paralelo, se están analizando más casos ingresados a través de oficio del Ministerio de Medio Ambiente o por las municipalidades. Ahora, nos encontramos en un proceso para incluir la participación ciudadana en la declaratoria de humedales urbanos tomando en cuenta el origen social de esta.

Junto a lo anterior y en base a esta ley, hemos comenzado a trabajar arduamente en distintos proyectos de leyes de protección ambiental, tales como Ley del Pompón y la Ley de Costas, las cuales buscan resguardar de manera efectiva El Pompón o Musgo, el cuál se extrae ilegalmente en zonas como Chiloé, y por otro lado, la Ley de Costas, busca establecer una modificación a la ley 19.300 sobre proyectos industriales e inmobiliarios, con el fin de que sean susceptibles de ingresar al SEIA cuando se desarrollen en zonas costeras. Sin duda se hace latente la necesidad de la promulgación de esta y otras leyes de la mano con las organizaciones sociales, que es sin duda el sello ineludible de nuestra región siempre pionera en la protección de nuestros ecosistemas y el medio ambiente.

Alfonso de Urresti

Senador