Avances hacia el trabajo decente
Una promesa gubernamental es mejorar las condiciones laborales. Las fiscalizaciones y la reducción de jornada, irían hacia allá. Ese concepto incluye respeto a la integridad de las personas, salarios acordes a las tareas y también jornadas laborales que permitan conciliar familia y profesión.
Intensificar fiscalizaciones laborales, sobre todo en materia de cumplimiento de normativas de seguridad, es una de las tareas que ha estado desarrollando en todo el país la Dirección Nacional del Trabajo. El titular del servicio, Pablo Zenteno Muñoz, está en la región con ese objetivo, el cual también cumplió hace pocos días en La Araucanía y Los Lagos, especialmente en las áreas agrícolas, forestales, de la construcción y de salmonicultura.
El personero también se reunió ayer con dirigentes sindicales (incluyendo a representantes de la Uach que enfrentan un duro proceso de despido de sus colegas) y recogió las inquietudes que existen en torno a la labor de control y resguardo de los derechos de los trabajadores. "Nos plantearon las dificultades que existen en materia de ejercicio sindical, la necesidad de mayor despliegue de nuestros funcionarios", dijo Zenteno en entrevista con www.soyvaldivia.cl
La meta de estas actividades y de otras desplegadas a nivel local, es -aseguró el director- es contribuir en lo que el gobierno ha llamado "trabajo decente"; es decir, aquel donde hay seguridad social, respeto a la integridad de las personas, salarios acordes a las tareas y también jornadas laborales que permitan conciliar familia y profesión. De hecho la iniciativa que busca reducir 45 a 40 horas los tiempos de trabajo semanales es una de las emblemáticas de la actual administración y avanzó a la sala del Senado este miércoles, tras lograrse acuerdos y modificaciones del texto en la comisión respectiva.
Este paso es destacable, pues transversalmente lograron destrabarse diferencias respecto de la flexibilidad laboral, las exclusiones de reducción para rubros estratégicos, las compensaciones de horas extras, los beneficios parentales, el apoyo para no afectar la productividad y la gradualidad del cambio en un plazo de cinco años. Es decir, pensar en calidad de vida, pero también en el contexto económico nacional.
Sin duda que este acuerdo tiene muchas lecturas políticas positivas. Una de ellas es que abre esperanzas en que se avance legislativamente en otras áreas -tanto o más urgentes- como la seguridad; materia donde todavía, lamentablemente, no se perciben las mismas señales de entendimiento para poner a las personas como prioridad de quienes toman decisiones.