El Gobierno de Perú rechazó que en el país exista una "política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos" y aseguró que está dando "todas las facilidades" para que se investiguen las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.

Un comunicado oficial lamentó "profundamente la pérdida de vidas humanas" en las protestas, pero señaló que "es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un "racismo sistémico" en el actuar de las distintas autoridades".

El comunicado, publicado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), se refirió directamente a un informe preliminar presentado por Amnistía Internacional (AI) y aseguró que el gobierno "aprecia el diálogo abierto" sostenido el pasado 15 de febrero entre la presidenta Dina Boluarte con representantes del organismo.

"El Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses", sostuvo.

En ese sentido, reiteró que "corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable".

El MinjusDH también informó que "en forma paralela" a las investigaciones, en diciembre se creó una Comisión Multisectorial en la que participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú y del Consejo Interreligioso de Perú.

Indemnizaciones

En este sentido, el ministerio anunció que se acordó entregar "un apoyo solidario" de 50.000 soles (unos 13.150 dólares) por cada persona fallecida, y 25.000 soles (unos 6.500 dólares) a los heridos de gravedad, civiles y policías, que hayan quedado con alguna secuela.

"Asimismo, se identifican las necesidades de estas personas en temas de salud física y mental, educación, vivienda, agrarios, entre otros para poder brindarles atención integral", acotó.

Según diversas fuentes, en las protestas que comenzaron en diciembre han muerto 70 personas, al menos 48 de ellas en manifestaciones y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, 42 en los sureños departamentos de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Arequipa.

El comunicado también afirmó que "el Gobierno peruano es consciente que, en el país, la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos ya que la misma se encuentra arraigada en la sociedad y ha contribuido a acentuar la desigualdad".

López obrador

Por otro lado, el Gobierno afirmó que la Alianza del Pacífico "no se debe politizar" y acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de apartarse de los principios del bloque, al negarse a entregar su presidencia pro tempore (PPT) a Perú, tal y como le corresponde, por considerar que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte es "espurio".

La Cancillería peruana remarcó en un comunicado, que Andrés Manuel López Obrador "se niega a cumplir con la obligación que vincula a su Estado de transferir la PPT al Perú, porque ha decidido apoyar el golpe de Estado" del depuesto expresidente Pedro Castillo.

Los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso tienen tres facciones "en plena actividad" en Perú, que no están vinculadas entre sí y una de ellas se mantiene levantada en armas, según información de la Policía Nacional difundida ayer por el diario La República. El rotativo indicó que esta es una "prueba decisiva" del accionar del grupo subversivo y recordó que la Dirección contra el Terrorismo de la policía acusa a la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Rocío Leandro, de estar vinculada con la Nueva Fracción Roja, aunque remarcó que esto aún debe ser probado.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que está "preocupado" por las multitudinarias y violentas protestas que se han registrado en Surinam contra la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Las protestas del 17 de febrero, durante las cuales algunos manifestantes irrumpieron en el edificio del Parlamento, se saldaron con al menos un muerto y 20 heridos, según los datos oficiales.

En un comunicado, Guterres destacó que "la libertad de expresión y reunión pacífica son derechos humanos fundamentales que deben respetarse en todo momento, pero las protestas deben realizarse sin recurrir a la violencia".

El secretario general, además, instó a todos los actores relevantes en Surinam a "mostrar moderación y entablar un diálogo inclusivo" para abordar de manera constructiva los desafíos que enfrenta el país.

A raíz de la invasión al edificio de la Asamblea Nacional por parte de los manifestantes y el robo a varios negocios en el centro de la ciudad el viernes pasado, la Policía arrestó a unas 50 personas.

La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, pero estos se reagruparon para exigir la renuncia del presidente Chandrikapersad Santokhi.

Toque de queda

Además, las autoridades de Surinam impusieron un toque de queda en la capital, Paramaribo y ordenaron el cierre durante el fin de semana de los comercios. "Debido a la situación en el país, se insta a la población a evitar el centro de la ciudad y los lugares concurridos. Las unidades patrullan la ciudad para restaurar el orden y la paz", informó el Gobierno.

El Ejecutivo anunció este mes planes para eliminar gradualmente los subsidios al gas, la electricidad y los combustibles en un intento de reducir el gasto público y mantenerse dentro de las pautas del FMI.

La Policía de Nicaragua allanó y decomisó las viviendas de las opositoras Sofía Montenegro y Azahalia Solís, quienes forman parte de los 94 nicaragüenses a los que se despojó de su nacionalidad y declaró prófugos de la justicia tras ser acusados por el Ministerio Público por delitos considerados "traición a la patria".

Las dos opositoras, que no se encontraban en sus viviendas, viven en el condominio Amazonia, en el sector del Reparto San Juan, en el centro de Managua.

Según el medio digital Confidencial, con el que colaboraba Montenegro, quien es periodista e investigadora, el registro de las viviendas de las opositoras ocurrió la noche del viernes y fue ejecutada por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales.

La periodista Montenegro y la abogada Solís son integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.

Montenegro fue directora del Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco), cuya personalidad jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional el 12 de diciembre de 2018.

Solís, experta constitucionalista, formó parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Ejecutivo sandinista en una mesa de negociación en la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.

Las autoridades de Nicaragua despojaron el pasado 15 de febrero de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, con lo que suman 317 en lo que va de este mes, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser un desterrado del Gobierno del presidente Daniel Ortega a territorio estadounidense.

También están los 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado.

Intervención de boric

En la nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas sobresalen los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

Precisamente ambos escritores agradecieron al presidente Gabriel Boric, quien en le víspera escribió en Twitter sobre Ortega que "no sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto".

"Muchas gracias presidente GabrielBoric por encarnar la dignidad y la entereza al no callar sobre Nicaragua. Un abrazo", escribió Ramírez.