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Fiscalía indaga si hijo de Petro recibió dinero de un narco

COLOMBIA. La exesposa de Nicolás Petro denunció que este recibió US$124 mil para la campaña de su padre, que finalmente no llegaron a destino.
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La Fiscalía colombiana anunció ayer que empezó a investigar las acusaciones contra el diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y a quien su exesposa acusa haber recibido dinero de un narcotraficante para la campaña presidencial de su padre qu,e sin embargo, nunca llegó a ese destino.

"Se conformó un grupo fiscales, investigadores y expertos que se dirigieron a Barranquilla (capital del departamento caribeño del Atlántico) y ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vásquez, que públicamente ha suministrado información sobre el tema", detalló el organismo en un comunicado.

La entidad agregó que también se están evaluando las condiciones de riesgo de la exesposa del hijo del presidente "para generar las condiciones de protección que sean necesarias".

Vásquez aseguró el jueves en una entrevista con la revista Semana que el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro", le entregó al hijo de Petro, diputado en la Asamblea departamental del Atlántico, "más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá".

"Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros", añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) del empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.

Y agregó: "Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral".

Petición de petro

Las acusaciones se conocen horas después de que el presidente Petro publicara un comunicado en el que pide a la Fiscalía que investigue a su hermano Juan Fernando y a Nicolás, que es su hijo mayor, sin dar mayores detalles.

"Con respecto a la solicitud de investigar a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, la Fiscalía ya había abierto una noticia criminal de oficio desde el 23 de enero pasado, con base en un informe presentado por la Sección de Análisis Criminal (SAE) del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación)", añadió la Fiscalía hoy.

Igualmente, el organismo dijo que "continuará con las indagaciones que se iniciaron en el marco de la investigación sobre presuntos pagos realizados por narcotraficantes para obtener cupos en la paz total".

En un comunicado de ayer, el mandatario recordó que "el único funcionario que cuenta con el aval del Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley con el objetivo único de la búsqueda de la paz es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda".

Según el presidente, "quien quiera interferir en ese propósito (de la paz total) o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia".

El hijo de Petro aseguró que "es un desacierto de Presidencia vincularme a un tema tan grave vinculado con corrupción por parte de organizaciones criminales que buscan entorpecer la paz total".

Narcos involucrados

Lopesierra, "El hombre Marlboro", amasó en los años 80 una fortuna en la costa atlántica con el comercio de cigarrillos y licor de contrabando y fue elegido senador en 1994, el mismo año en que las autoridades de Estados Unidos afirmaron que hacía parte de una red criminal dedicada al lavado de activos.

Fue capturado en 2002 y extraditado a EE.UU. en 2003, en donde fue condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico pero fue liberado en 2021, antes de cumplir la totalidad de la pena impuesta por un juez del Distrito Federal de Columbia.

Alfonso Hilsaca Eljaude, "El turco Hilsaca", es otro polémico empresario al que investigaciones de la Fiscalía relacionan con organizaciones criminales entre las que están grupos paramilitares y mafias de corrupción administrativa, por lo que ha estado privado de la libertad en varias oportunidades.

En 2009 fue capturado tras ser vinculado a la matanza de cuatro personas en Cartagena de Indias, pero fue dejado en libertad luego de ocho meses por falta de pruebas. En 2010 volvió a la cárcel al ser señalado por varios jefes paramilitares de colaborar con ellos y en 2014 volvieron a detenerlo por otro asesinato. Todas las veces salió libre.

Juez posterga su resolución sobre prisión para Castillo

CAUSA POR CORRUPCIÓN. La fiscalía pidió 36 meses de confinamiento preventivo.
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El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley postergó ayer para el próximo martes la revisión de un pedido de la Fiscalía para que imponga 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por, presuntamente, encabezar una organización corrupta durante su Gobierno (2021-2022).

El juez señaló que tomó la decisión "con la finalidad de atender el pedido de las defensas" y que la audiencia continuará desde las 09.00 horas (14.00 GMT) del martes.

Informó que durante esa audiencia la Fiscalía tendrá una hora para su exposición y 25 minutos cada uno de los abogados defensores, tras lo cual se presentarán las réplicas de 15 minutos e intervendrán los investigados.

Al inicio de la audiencia, realizada de manera virtual, Checkley recibió la solicitud de la defensa de Castillo para que conceda un plazo mayor para estudiar el expediente que, según indicó el magistrado, comprende 6.000 folios en 13 tomos.

El juez indicó que el pedido estaba "relacionado con el tema del volumen de la información" que se tiene sobre el caso.

El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, también pidió que la audiencia "sea en forma presencial" para que el exgobernante, quien actualmente cumple otra orden de prisión preventiva por 18 meses, acuda al tribunal. Checkley respondió que ha decidido "continuar con las audiencias virtuales, con la idea de "también facilitar el trabajo de la defensa".

La Fiscalía señaló que toda la información que sustenta el pedido "es la misma que se adjuntó cuando se formalizó la investigación preparatoria", aunque consideró que el tribunal podía "atender al pedido de los abogados defensores para que no se pudiera argüir una afectación al derecho de defensa".

El Ministerio Público solicitó el pasado martes los 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado Castillo, así como contra los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.

La Fiscalía detalló que, en el caso de Castillo, el requerimiento corresponde a un proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión (corrupción) y tráfico de influencias.

Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.

Johnson dice que no sabía que festejos en sede del gobierno violaban normas covid

GRAN BRETAÑA. Un informe preliminar divulgado ayer indica que estaba al tanto.
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El ex primer ministro británico Boris Johnson aseguró ayer que pensaba que las celebraciones en Downing Street durante la pandemia cumplían las normas contra la covid, en contra de un informe parlamentario que sugiere que las infracciones resultaban "obvias" para él. "Creía que aquello que estábamos haciendo estaba en conformidad con las regulaciones covid, y por eso dije lo que dije en el Parlamento", afirmó en una entrevista con la BBC Johnson, que afronta una investigación para determinar si mintió a los diputados cuando en diciembre de 2021 declaró que no era consciente de ninguna violación de las regulaciones.

El ex primer ministro, que comparecerá durante la semana que comienza el 20 de marzo ante el Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes, negó ayer que engañara deliberadamente a la cámara, un hecho que podría considerarse "desacato" al Parlamento y acarrerarle una sanción. "No hay absolutamente nada que demuestre que cualquier asesor o funcionario me dijera por adelantado que algún evento podría ir contra las normas", afirmó el antiguo mandatario conservador, que fue multado por la policía por haber violado las normas durante la pandemia, como también lo fue el actual primer ministro, Rishi Sunak, entonces su ministro de Economía.

Un informe preliminar publicado ayer por el Comité de Privilegios revela testimonios de que Johnson asistió en noviembre de 2020 a un encuentro en Downing Street en el que el propio mandatario declaró: "Esta es probablemente la reunión con menos distancia social del Reino Unido ahora mismo".

El documento de 24 páginas, que incluye declaraciones de diversos testigos y mensajes internos entre empleados del Gobierno, sugiere que ciertos funcionarios habían expresado preocupación por las celebraciones antes de que estallara el escándalo, en el otoño de 2021.

"Nadie me dijo, ni antes ni después, que algo fuera contra las normas. Me quedé muy, muy sorprendido", dijo Johnson.