El 8 de marzo comenzó oficialmente el período de campaña electoral para definir a quienes integrarán el Consejo Constitucional, el tercer órgano que debe sumarse al proceso de escribir una nueva Carta Magna para Chile. Los otros dos, el Comité Técnico de Admisibilidad y la Comisión de Expertos, ya iniciaron sus labores el 6 de marzo.

Este Consejo tendrá cincuenta miembros, electos de la misma manera que el Senado y de forma paritaria, con veinticinco mujeres y veinticinco hombres en total. A la Circunscripción 12, de la Región de Los Ríos, le corresponde elegir a tres personas, entre veinte inscritos ya ratificados por el Servicio Electoral.

Estos abanderados se encuentra en carrera y, a diferencia del proceso anterior, están todos agrupados en pactos con partidos políticos. En ese esquema, solamente seis son independientes con respaldo de alguna colectividad: Lorena Gallardo (IND-RN pacto Chile Seguro), José Antonio Urrutia (IND-RN pacto Chile Seguro), Carola Cabezas (IND-UDI, pacto Chile Seguro); Miguel Barriga (IND-PPD, pacto Todo por Chile); Alejandro Kohler Vargas (IND-PS, pacto Unidad para Chile) y Oscar Mendoza Uriarte (IND-PC, pacto Unidad para Chile).

Las otras listas suman militantes. En Chile Seguro está Pedro Lamas (UDI); mientras que Unidad para Chile incorpora a Nancy Silva Guerrero (PS) y Valeria Ochoa Hinrichsen (CS). En Todo por Chile se cuenta a Marila Barrientos Triviños (PPD); Madeline Jau Jaramillo (PR) y Miguel Ramírez Carvajal (PPD).

En la lista del Pacto de la Gente (PDG) postulan Hilda Cerda Espíndola; María Sonia Aguilef Gallegos; Francisco Henríquez Muñoz y Gustavo Dávila Sepúlveda. En la del Partido Republicano: Paola Claverol Martínez, Daniel Arzola Garrido, Patricia Ayora Cavour y Jorge de la Maza Schleyer.

Cada uno de ellos tiene hasta el 4 de mayo para darse a conocer a la comunidad y exponer sus razones para lograr una preferencia el 7 de mayo. Esa jornada -recordemos- será la primera con el nuevo sistema de votación obligatoria e inscripción electoral automática; de modo que se espera la presencia de más de 359 mil personas en las urnas regionales. Sin duda, se trata de un calendario intenso. Es de esperar que se desarrolle con la mayor tranquilidad y responsabilidad cívica.

Chile vivió bajo una cruda dictadura donde se cometieron terribles crímenes. Lamentablemente, algunos de ellos se han invisibilizado, como el desplazamiento forzado. Desde 2018 que diversas organizaciones de la región de Los Ríos han trabajado arduamente en esta temática. Comunidades, trabajadores, trabajadoras, familias y localidades completas fueron desplazadas del entonces Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap) por acciones violentas la dictadura cívica militar. Alrededor de 3000 habitantes de la cordillera fueron relegados de sus hogares. Es a través del relato y del incansable trabajo de las agrupaciones de desplazamiento forzado que el tema hoy toma un escenario reivindicatorio en la lucha por verdad, justicia y reparación. Hemos logrado trabajar codo a codo, y en 2022 ingresamos un proyecto de ley con el objetivo de contar con una herramienta legal que permita su persecución penal por medio de una modificación de la ley 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad. Además del proyecto hemos logrado escalar el tema hasta reunirnos con la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos para relevar el tema, y en enero de este año, el Presidente Gabriel Boric se reunió con las organizaciones durante la gira presidencial a la región. Un hito que valoramos profundamente y que esperamos se traduzca en un avance concreto en la lucha por la visibilización del desplazamiento forzado.

Durante la semana del 20 de marzo se realizará en Argentina el tercer Foro Internacional de Derechos Humanos organizado por la Unesco, donde expondremos sobre el desplazamiento forzado en Chile en conjunto con dirigentes y dirigentas de las agrupaciones de la zona sur de nuestro país, en específico de las zonas cordilleranas de Futrono y Panguipulli.

A 50 años del golpe de Estado, junto con avanzar en herramientas democráticas para no repetir nunca más en nuestro país una situación como la vivida, es igual de importante trabajar en el reconocimiento de aquellas vivencias que se han invisibilizado por décadas. El rescate de las vivencias y el reconocimiento del desplazamiento forzado por parte del Estado es requisito para construir una sociedad democrática. No se trata de abrir heridas pasadas, como se ha intentado plantear. Se trata de curar(nos) de una llaga profunda y aún sangrante. Justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, para las víctimas del desplazamiento forzado.

Alfonso de Urresti

Senador