Desde 2009, cada 31 de marzo, se celebra el Día de las Regiones, como una forma de visibilizar el trabajo continuo y constante que se efectúa a lo largo del país por el desarrollo equilibrado. Para Los Ríos es una fecha especial, pues tiene también mucho que ver con el esfuerzo ciudadano local por conseguir la Nueva Región y poner este tema en la agenda nacional.

¿Se ha avanzado desde entones en esta materia? Indudablemente. Entre muchos cambios positivos, hoy se ha reconocido la existencia de 16 territorios con identidad propia; las autoridades regionales que representan a la comunidad son todas electas democráticamente; ideas como "transferencia de competencias", "plan regional de ordenamiento territorial" y "estrategia regional de desarrollo", "políticas para áreas rezagadas" y otras, no resultan extrañas.

Sin embargo, quedan múltiples tareas en las cuales avanzar. Definir nuevas formas de presencia del gobierno central es una de ellas. Se habla -y es una promesa presidencial- de la eliminación de las figuras de los delegados presidenciales, pero no se ha establecido de qué manera el gobierno central podrá también coordinar sus acciones en regiones, sobre todo en el ámbito de seguridad pública. Falta también reforzar la figura de los gobernadores regionales como primera autoridad. Según los resultados 2022 del Barómetro Regional (realizado por ocho universidades, incluyendo la Uach) sólo un 24% de los habitantes locales identifica claramente este cargo; en contraste al 70% de los alcaldes.

Por otra parte, hay coincidencia en que falta también más autonomía de decisión en materia económica. Actualmente los ingresos propios (patentes, casinos, otros) son menos del 6% del total del presupuesto; de modo que los Gobiernos Regionales dependen casi exclusivamente de recursos entregados por el gobierno central (FNDR, FIC, Fondo espejo y "provisiones") para financiar su funcionamiento e inversiones. Para este año, el presupuesto de Los Ríos es de $62 mil 132 millones; una cifra alta, pero no suficiente.

Estas temáticas son interesantes de analizar en el marco de la fecha; pero también considerando la discusión constitucional que comienza y que garantiza en sus bases un estado unitario, pero descentralizado.

A solo horas de conocerse el contundente rechazo al proyecto de la Convención Constitucional, las fuerzas políticas con representación en el Congreso asumieron el desafío de avanzar en un nuevo itinerario constituyente. Las razones para ello son diversas, sin embargo, el empeño de Diputados, Senadores y Ministros de Estado, buscó concretar la promesa de campaña de aquellas voces que promovieron el rechazo para producir una mejor propuesta.

Es interesante que este esfuerzo transversal de la clase política ocurra en un contexto de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y hacía la promesa de una nueva Constitución.

En tal sentido, la Encuesta CEP88 entre noviembre y diciembre de 2022, ante la pregunta sobre cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo el gobierno, las preferencias se centraron en la delincuencia, salud, pensiones y educación. Frente a esa misma incógnita, la Constitución como problema, estaba entre las tres últimas preocupaciones de los encuestados.

Aun así, los efectos de este segundo acuerdo constituyente se evidencian en la amplia aprobación de la reforma constitucional que le dio vida y en la instalación durante marzo del Consejo de Expertos y del Comité Técnico de Admisibilidad. El 7 de mayo ha de ocurrir la elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional y con su instalación estarán operando los tres órganos del proceso. La resolución definitiva de este nuevo proceso seguirá en manos de los electores en el plebiscito de salida fijado para el 17 de diciembre de 2023.

Ahora bien, aunque el proceso marcha sin sobresaltos, se advierten importantes desafíos para los órganos constituyentes y sus integrantes. El primero de ellos, dice relación con reencantar a la ciudadanía. Una tarea compleja en la cual se juega la aprobación de la Constitución y su legitimidad. Puede que la adecuada implementación de mecanismos de participación durante el proceso contribuya a este propósito. También, un esfuerzo conjunto por procurar consensos e interpretar adecuadamente los anhelos del país en materia de derechos, organización del Estado, innovaciones democráticas, transparencia, economía, calidad de vida, sostenibilidad ambiental, crimen e impunidad.

Luis Guillermo Palacios S.

Director del Departamento de Derecho Público U.San Sebastián