Jorge de la Maza es abogado, fue candidato a diputado en 2021 y ahora postula al Consejo Constitucional. ¿Qué lo motiva en este objetivo? "Para cualquier abogado, es una oportunidad única llegar a un Consejo con la responsabilidad de aprobar disposiciones de un texto que forme parte de la historia constitucional de Chile. Un procedimiento tan relevante, que implica la discusión de una Constitución, es una oportunidad de participación de la cual uno como ciudadano, abogado y militante republicano, no puede marginarse", afirma.

¿Cuales son sus principales propuestas como candidato?

-Sin perjuicio de que el margen para la realización de propuestas es muy limitado en este nuevo proceso, ya que ellas vienen de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional se debe limitar a aprobar o rechazar aquellas; creo que la servicialidad del Estado es un principio clave, que no puede faltar, garantizando condiciones que permitan a todos su mayor realización material y espiritual posible, pero con pleno respeto a la libertad de elección del individuo. No creo en los modelos de Estado que limitan garantías o derechos del ciudadano para perseguir fines, ya sea específicos o generales. Por lo ya dicho, creo que sería interesante limitar la aplicación de algunas cargas tributarias de carácter regresivo y otras de carácter directo, tales como las contribuciones sobre bienes raíces, fortaleciendo a su vez los sistemas proporcionales progresivos. También creo en la imperiosa necesidad de garantizar la neutralidad y la calidad de la educación pública, para permitir a los padres la elección de servicios de calidad, lo que hoy en día no sucede, en educación, ni en salud.

¿Qué derechos deberían quedar contenidos y con cuanto detalle?

-Un texto constitucional debe ser breve, que consagre principios jurídicos constitucionales sólidos y claros, lo que se identifica como "bases de la institucionalidad", capaces de irradiar el resto del texto, que debe tener otras funciones: consagrar garantías en favor del ciudadano y regular el ejercicio de los poderes del Estado, y atribuciones de otros órganos autónomos como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o el Banco Central, por ejemplo. Entonces, los derechos deben ser el resultado de la capacidad de irradiación de los principios contenidos en las bases de la institucionalidad. Para mí son indispensables y no sujetos a cesión de ningún tipo: el Estado de Derecho, Primacía de la Persona Humana, Servicialidad del Estado, Estado Unitario, Separación de Poderes, Bien Común, Legalidad, Descentralización, Participación Democrática, Subsidiariedad, Soberanía Nación.

¿Cómo debieran quedar las regiones? No habrá Estado Regional en este nuevo texto...

-Es un gran alivio que no exista el Estado Regional, como el propuesto por la Convención pasada, pues nos habría llevado a un proceso burocrático interminable. Creo que, atendida la forma de Chile, su administración permite pocas alternativas efectivas. La forma de descentralizar a través de regiones es una buena solución, siempre que logremos independencia financiera, mayor independencia en la toma de decisiones por parte del Gobierno Regional y mayor concentración de facultades para la toma de decisiones a nivel de servicios públicos descentralizados con personalidad jurídica propia.

Creo que la demanda ciudadana de descentralización es una necesidad real, que no pasa por un nuevo texto constitucional, porque el principio de administración funcional y territorialmente descentralizado ya existe en el texto vigente y el hecho de su falta de eficacia, creo que obedece más que a una consagración o complementación constitucional.

¿Cómo ve a las comunas ?

-Los municipios juegan un rol fundamental. Veo necesidad de actualizar estatutos administrativos, adaptándose a las exigencias de un mundo moderno y de un ciudadano-usuario externo más empoderado.

¿Cómo ve al PR en este proceso, la recepción de la gente?

-Creo que el PR es un partido ampliamente consolidado y validado por la ciudadanía, con 12 diputados y dos senadores en el congreso, lo que lo convierte en una fuerza política de peso a nivel nacional. Ha ganado una reputación, resultado de su seriedad y consecuencia en el obrar. Sin embargo, en materia de campaña constitucional siento que la ciudadanía está cansada y molesta con toda la clase política, hay una sensación de indiferencia con el proceso que se está cursando, motivado claramente en un agotamiento y en una decepción del trabajo realizado por los convencionales del proceso pasado, que en su gran mayoría demostraron ser una vergüenza nacional. Pero principalmente, porque después del rechazo del 4 de septiembre, se decidió entrar directamente en esta elección de consejeros constitucionales, sin previo plebiscito para saber si la gente aún quería entrar a discutir una nueva constitución. Respecto de esto soy muy crítico, ya que la molestia de la gente se debe principalmente a ello.

¿Qué aspectos de su trayectoria política y profesional podrían aportar en el proceso?

- No me siento realmente político; más bien siento muchas ganas de participar de las discusiones que hoy día se dan a nivel ciudadano, porque más que creer tener la experiencia política o profesional, siento mucha gratificación por el trabajo público, ya sea en la administración, donde me he desempeñado en distintos servicios, como del contacto con los vecinos, de quienes puedo decir con gran emoción haber conocido gente maravillosa.

Una bancada transversal e diputados anunció la presentación de un proyecto que contempla el retiro de 10% de fondos previsionales, para la utilización en 10 "urgencias económicas o de salud".

Según explicó la diputada Karina Medina (PDG) a través de www.soyvaldivia.cl, se trata de una propuesta "para ayudar a la clase media, que no recibe beneficios y enfrenta sola esta crisis económica" y aseguró que "no afecta la inflación, porque es acotado, va en la misma línea de la idea matriz de lo que presentó el Gobierno el año 2022 y que el oficialismo aprobó".

Las diez urgencias que la iniciativa establece son el pago de deudas hospitalarias; de deudas hipotecarias; aumentar el ahorro para la compra de la primera vivienda; pago de deuda de gastos básicos; pago de deudas bancarias; de deudas educacionales; apoyo a personas cesantes; pago de deudas por concepto de pensión de alimentos

Además, en el caso de rentas vitalicias busca apoyar a personas que quieran equipar sus casas con implementos de seguridad y entrega de capital inicial para la constitución de una empresa.

El proyecto aún no forma parte de las propuestas en estudio por el "sexto retiro".

La diputada de Los Ríos Ana María Bravo (PS) presentó un proyecto de ley que busca eliminar el pago en UF de arriendos, dividendos, educación y planes de salud. "Es importante considerar que la bancada de diputadas y diputados sigue preocupada de los problemas de la gente y otro problema aparte de la seguridad pública, es la seguridad económica", explicó.

Asimismo, la diputada subrayó que "la inflación no nos da tregua y debemos abrir la discusión a temas tan importantes como éste, ya que actualmente la Unidad de Fomento golpea el bolsillo de las chilenas y chilenos".