La Seremi de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con la Seremi de Educación, han desarrollado una serie de charlas informativas enfocadas en personal de educación y orientadas en informar los alcances de la Ley de Entrevistas Videograbadas.

Dicho articulado, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, tiene como propósito evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados en esta norma, previniendo el proceso de victimización secundaria.

El coordinador de la Unidad de Entrevistas Videograbadas del Ministerio de Justicia, Ronald Cabré, explicó que "los estudios que se han realizado en nuestro país y el extranjero respecto a la violencia que se ejerce contra los niños, dan cuenta de un número importante de denuncias que ingresan al sistema de justicia penal. La ley adecua el sistema de justicia penal a un debido trato a los niños que son víctimas o testigos de algún delito violento, en su mayoría delitos sexuales. Tenemos un alto número de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales y por ello, esta ley busca adecuar el sistema a los menores".

La jefa de la Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos, Ximena Valenzuela, afirmó que "la implementación de la ley ha implicado grandes esfuerzos humanos, de infraestructura, informáticos y de capacitación en aquellas personas que son parte de instituciones que se relacionan con el proceso investigativo. En esa línea, es necesario reiterar las capacitaciones de manera permanente, porque existe renovación de personal, lo que conlleva a reforzar los procesos a fin de no cometer errores".

El Ministerio Público informó que solicitará una pena que suma un total de 14 años de prisión en contra de un sujeto de 33 años de edad, quien en diciembre de 2021 disparó con un fusil en contra de personal de Carabineros, en la comuna de Máfil.

Tras presentar la acusación, el fiscal regional Juan Agustín Meléndez explicó que "ahora debemos esperar que el tribunal de Garantía fije la audiencia de preparación de juicio oral, una vez que sea notificada la acusación a la defensa y al imputado; y que posteriormente se desarrolle el juicio oral propiamente tal".

Y detalló: "Por el homicidio frustrado a Carabineros se pide una pena de 10 años y un día, y por el porte ilegal de arma de fuego, cuatro años de prisión".

El imputado se mantiene en prisión preventiva, desde que fue formalizado en julio del año pasado. Se le acusa de efectuar disparos con un fusil contra el vehículo policial en el que se trasladaban tres carabineros, para cumplir una medida de protección en el fundo La Victoria, en Máfil. Dos disparos impactaron en el móvil.