centros penales que ya tenemos, fundamentalmente para ampliar sus capacidades. Esto es lo más realista y oportuno, ya que la construcción de un cárcel nueva se está demorando entre 14 a 15 años en el país".

El secretario de Estado también se refirió a la denuncia conocida públicamente hace algunos meses, en que internos acusaban malas condiciones de habitabilidad de la cárcel, sobre lo cual confirmó que "el juez de garantía ordenó medidas para 200 internos que estaban durmiendo en colchones en el suelo".

La autoridad profundizó que "existe un debate sobre las medidas al interior del establecimiento desde hace algunos años, ya que hay una destrucción recurrente de material al interior del establecimiento. Con respecto a la orden judicial, se le ha estado dando cumplimiento y se ha estado reportando al juez de garantía que ordenó la medida. Hace pocos días atrás se reunió el comité técnico para la implementación del sistema de habitaciones al interior de la cárcel en los espacios que tenemos".

Servicios de justicia

En su visita a la región, el ministro de Justicia también analizó los mejoramientos realizados a los servicios de justicia, sobre lo cual sostuvo que "es una preocupación permanente en territorios como esta región y la zona sur en general, sobre todo por las particularidades que tienen algunos servicios de justicia, que son de uso masivo por parte de los usuarios, como por ejemplo el Registro Civil y la Corporación de Asistencia Judicial".

Y agregó: "Estamos viendo permanentemente mecanismos de acercamiento. Por ejemplo, al Registro Civil le hemos ido dotando de herramientas para que pueda trasladar y acercar sus servicios a los lugares más apartados o de más difícil acceso".

En esa línea, destacó que "hoy (ayer) vamos a inaugurar una nueva habilitación de la sala de tanatología del Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia, que estaba en muy malas condiciones. Se ha invertido en su habilitación, pero además en tecnología para lo mismo".

La autoridad también recordó que la región de Los Ríos está incluida en la segunda etapa de implementación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que está programado para enero de 2025. "La habilitación del nuevo servicio no es sólo cambiar de denominación, sino que implica una manera distinta de aproximar la forma en que los jóvenes infractores de ley abordan sus conflictos, implica jueces y fiscales especializados. Esta es una región que para los jóvenes infractores todavía adolece de algunos defectos de infraestructura y que en el contexto de la implementación del nuevo servicio, implican no sólo remodelaciones, sino que también la habilitación de algunos centros nuevos", dijo

Sobre sus expectativas de la nueva institucionalidad, Cordero expuso que "el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil es clave en un largo historial que viene desde hace muchos años, con esfuerzo de muchas administraciones, de distinguir la niñez vulnerada de aquellos adolescentes y jóvenes que enfrentan el sistema penal. Lo clave no es sólo el cambio de denominación, sino que es una legislación que tiene por propósito tener mejores programas de intervención para interrumpir carreras delictuales".

Plan de búsqueda

En materia de derechos humanos, el ministro de Justicia explicó los alcances que tendrá la puesta en marcha del nuevo Plan Nacional de Búsqueda. "Es el establecimiento de una política pública permanente por parte del Estado, que tiene por propósito central conocer las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. El propósito no es sólo conocer las trayectorias de cada una de esas personas, sino que también se busca la posibilidad efectiva de rescatar e identificar dignamente aquellos hallazgos que se puedan encontrar", explicó.

En esa línea, enfatizó: "El país tiene una deuda en materia de derechos humanos en ese sentido. La búsqueda ha descansado principalmente en los esfuerzos de los familiares ante los tribunales de justicia. Es decir, si nosotros tenemos algo, viene desde la búsqueda judicial. La desaparición forzada es probablemente uno de los crímenes más atroces de lesa humanidad, porque es un crimen que se sigue cometiendo hasta hoy en algunos casos. Buena parte del esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia por avanzar en el Plan Nacional de Búsqueda tiene que ver con tratar de reflejar que hay un consenso básico en la sociedad chilena de que se cometieron violaciones a los derechos humanos y que no pueden volver a ocurrir".

¿Cómo funcionará el plan en la práctica? El ministro señaló que "el plan supone en una primera etapa la sistematización y ordenación de toda la información disponible que tiene el Estado de Chile, tanto en expedientes judiciales como administrativos. Eso nos permitirá identificar patrones macrocriminales, lugares donde se han periciado y no se pudieron hacer adecuadamente por oportunidad, extensión o tecnología disponible".

"Por otro lado, supone también un apoyo y una reforma bien significativa al Servicio Médico Legal, con el propósito de realizar las identificaciones en tiempos oportunos. El Plan Nacional de Búsqueda no pretende sustituir el rol que le corresponde a los jueces, pero sí es una alimentación de doble vía hacia los jueces de dedicación exclusiva", complementó el secretario de Estado.

94% es la ocupación actual que tiene el Complejo Penitenciario Valdivia. De acuerdo a cifras de la Seremi de Justicia, al 9 de agosto hay 1.643 internos en el recinto, mientras que la capacidad es de 1.747.

2024 es el año en que se espera la reapertura de la cárcel de Río Bueno, recinto que fue cerrado hace unos años por problemas eléctricos. Actualmente, el proyecto está en etapa de licitación.

290 millones de pesos fueron invertidos en las obras de mejoramiento ejecutadas en el Servicio Médico Legal de Valdivia: $140 millones corresponde a fondos sectoriales y $150 millones son regionales.

Durante la tarde de ayer, el ministro Luis Cordero participó de una visita a las obras de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Tanatología del Servicio Médico Legal de Valdivia. El proyecto involucró una inversión total de 290 millones de pesos, de los cuales $140 millones corresponden a fondos sectoriales del Ministerio de Justicia para mejorar la infraestructura; y los otros $150 millones utilizados para renovar el equipamiento fueron aportados por el Gobierno Regional de Los Ríos. En la actividad también participaron la delegada presidencial Carla Peña; el seremi de Justicia Esteban Matus; y la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.

Quizás una de las primeras altas autoridades de Gobierno en condenar con total dureza los casos de corrupción conocidos en las últimas semanas fue el ministro de Justicia, Luis Cordero. Desde la región de Los Ríos, el secretario de Estado reforzó sus críticas a las irregularidades agrupadas bajo el nombre de "Caso Convenios".

En ese sentido y consultado por el tema, la autoridad expuso que "yo he sido bien claro y en eso he sido portavoz de la postura del Presidente. Con los fondos públicos, no se juega. Los recursos públicos deben y están destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad y de las personas, no para producir enriquecimientos ilícitos de aquellas personas que indebidamente puedan utilizar formas jurídicas o medios para propósitos distintos".

Y continuó: "El Gobierno ha sido muy claro sobre ese punto, en aquellos casos donde se utilizan las posiciones de poder con amplios poderes discrecionales para beneficiar a terceros con amistad o con otros fines. En mi opinión yo he sido muy explícito, son casos de corrupción que no sólo deben ser investigados y sancionados, sino que requieren ser enfrentados directamente".

Sobre esto último, Cordero enfatizó que "ese enfrentamiento supone no sólo abordar y entregar todos los antecedentes disponibles tanto al Ministerio Público, la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado para las querellas respectivas en este caso, sino que también enfrentarlo en modo de hacer las correcciones indispensables para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir".

El ministro agregó que "los temas de corrupción son complejos, entre otras cosas, porque van mutando en el tiempo. Hoy tenemos que enfrentar esto con decisión, pero además debemos encontrar las soluciones de hoy, que permitan ir adaptándose a nuevas figuras en el futuro. Lo que no podemos permitir es que con una cantidad importante de recursos públicos, se busque beneficiar a algunas personas y no cumplir los fines públicos para los cuales estaban destinados".

Y subrayó: "Nosotros creemos que cada peso destinado al presupuesto público tiene que ser bien invertido y por eso hemos sido tan drásticos. Por eso también, la forma más adecuada y correcta es enfrentarlo directamente".

"Son casos de corrupción que no sólo deben ser investigados y sancionados, sino que requieren ser enfrentados directamente".

Luis Cordero, Ministro de Justicia

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