Una carta al Gobierno Regional, solicitando ayuda para que se le devuelva un terreno usurpado desde 2014 y sobre el cual hay fallos a su favor incluso de la Corte Suprema, envió la vecina de Futrono María Cecilia Guarda Guzmán, quien define la situación como un hecho de "violencia rural".

El informe está dirigido especialmente al gobernador Luis Cuvertino Gómez y a los consejeros regionales del Ranco, pidiendo su intervención y apoyo para que se ejecuten las órdenes judiciales: "Acudimos a ellos, porque ya no sabemos qué puertas más tocar; hay orden de desalojo, los carabineros fueron, pero simplemente no sacaron a nadie. Y esa gente está en mi terreno, haciendo robo de madera, tala de árboles nativos con los cuales hacen leña y venden, publicando por redes sociales; además dejando que crezcan las murras, reuniéndose para sus ceremonias con convocatoria públicamente a un lugar que ocupan ilegalmente".

Guarda asegura que su intención no es perjudicar a las personas ("Sabemos que hay mayores, que hay niños") y que incluso intentó vender las tierras a través de la Conadi, "pero me dijeron que no tiene admisibilidad, que ahí no hay un reclamo formal como tierra indígena. ¿Entonces, si la Conadi incluso lo reconoce y yo tengo papeles de hace más de cien años que avalan que la tierra es de mi familia y ahora mía, porque esas personas siguen ahí?"

Carta

En la carta, Guarda expone en detalle lo ocurrido con la parcela A1 , Rol: 71-561 , ubicada en el sector "Las Quemas" de la comuna de Futrono. "Este es el único conflicto territorial en la comuna de Futrono, donde desde hace 9 años no ha habido justicia", enfatiza.

"Hasta la fecha, ni la Conadi, a pesar de que se la ha solicitado un pronunciamiento formalmente, ni la municipalidad de Futrono (también comprometida en este conflicto, ya que en esas tierras se encuentra el cementerio municipal), se han pronunciado sobre el tema , ni tampoco el Estado de Chile, a través de sus instituciones no nos ha garantizado nuestra seguridad, ni ha hecho que se cumpla la justicia", dice.

Y añade en el texto: "Desde el año 2014 que cumplo con el pago de mis contribuciones y no he podido hacer uso del terreno usurpado. Además en todo este tiempo hemos sido víctimas de amedrentamientos, amenazas verbales y físicas, incluso con arma blanca, sobre lo cual hay constancia en fiscalía".

El caso

El documento señala que la usurpación de tierras ocurrió por primera vez el 19 de febrero del año 2014. "Hubo un desalojo un año y medio después, ordenado por la justicia, pero a la semana, volvieron a usurpar el mismo terreno. Desde esa fecha hasta ahora han dicho públicamente que la Conadi los apoya en esta gestión, lo cual no es verdad, ya que Conadi ha dicho lo contrario en las instancias judiciales. (…)"

Guarda expone también que "hoy, las personas denunciadas tienen convencida a toda la gente que quiere escucharlos que ellos son los reales dueños del terreno, para lo cual presentan documentación falsa; ya que mi familia, a través de un estudio de títulos de más de 100 años atrás, ha demostrado que las personas antes señaladas no han tenido tierras en el sector; es más incluso ellos han engañado a Saesa con un certificado falso, con el cual la empresa les instaló luz en la propiedad usurpada".

Fallos judiciales

Como referencia judicial, la carta adjunta resoluciones del Juzgado de Garantía de Los Lagos, la Corte de Apelaciones de Valdivia y la Corte Suprema. "Esos tribunales, estudiando todos los antecedentes, dieron por hecho la usurpación de tierras", afirma la afectada.

Reitera: "Cabe señalar que en este conflicto no sólo está comprometida mi familia, sino que también en estas tierras está ubicado el cementerio de Futrono (en un espacio cedido por la familia Guarda), donde ninguna administración, ya sea la de la ex alcaldesa Sara Jaramillo ni la actual administración de Claudio Lavado se han pronunciado al respecto, ni tampoco ninguna institución del Estado; además durante 9 años se ha vulnerado el plan regulador de la comuna (...)"

La carta finaliza solicitando al gobernador y al Core que se pronuncien frente "a esta angustiante situación de la cual somos víctimas como familia desde hace muchos años".

No han tenido respuesta desde el Consejo Regional.

Consultados sobre el caso, desde Conadi explicaron que "la solicitud de la C.I. Ramón Raillanca Panpillo se inicia el 28 de abril 2023, el cual se fundamenta en una compraventa del año 1870 aprox. en donde se alude irregularidad en el proceso. Conadi no ha avanzado en los procesos de estudios, entre los cuales se considera: informe social, técnico, ocupacional y jurídico. Con todos estos análisis se determina desde Fiscalía Nacional la Aplicabilidad, que implica ratificar la pérdida territorial en base a la reclamación que exponen las comunidades. En este contexto y comprendiendo la situación de la familia Guarda Guzmán, nuestro mandato legal fundado en la Ley 19.253 es, analizar, levantar evidencias y restituir las tierras indígenas a través del Art. 20 letra B), toda vez que se determine la aplicabilidad, se cuente con disponibilidad presupuestaria y voluntad por parte del propietario/a vigente para concretar la venta". Sobre pronunciamiento respecto a la situación particular que afecta a la familia, dijeron que no les corresponde hacerlo; sino a a otros organismos públicos".

El diputado socialista Marcos Ilabaca, se querelló contra quienes resulten responsables por la millonaria licitación que se adjudicó la empresa Ingeniería Verde SPA para el mejoramiento de talud en la calle Beauchef de Río Bueno.

Ilabaca dijo que lo ocurrido debe aclararse, "sobre todo considerando el escándalo del caso Convenios a nivel nacional". Por ello, sostuvo también un encuentro con el contralor regional de Los Ríos, Alejandro Riquelme, con el fin de que esclarecer y recabar más información.

"Existe un grave problema respecto a las bases de licitación desarrolladas en la municipalidad de Río Bueno. Todo el proceso es extraño, el nivel de exigencia hacia las empresas que postulaban es bastante pequeño. Además, la cantidad de temas inusuales que se prestan para malas interpretaciones, no pueden volver a repetirse. Vamos a perseguir esas responsabilidades, cueste lo que cueste, caiga quien caiga", dijo el parlamentario.

Además, el parlamentario se reunió con el fiscal regional (s) Daniel Soto para estar al tanto del proceso investigativo y tras el encuentro dijo que "queríamos estar con el fiscal, en orden a ponernos a disposición y entregar todos los antecedentes que tenemos y obviamente conocer los antecedentes de la perspectiva investigativa para ayudar en el proceso de investigación criminal. Pero, también existe un área administrativa al interior de la municipalidad que está con algunos problemas y que esperamos conocer una vez que tengamos acceso a la carpeta investigativa".

Con la ceremonia de primera piedra se dio inicio a los trabajos de construcción de la nueva sede social que albergará a la Junta de Vecinos Teodoro Segovia del sector Las Ánimas. El proyecto, a cargo de la Municipalidad de Valdivia, será ejecutado con financiamiento del Fondo Regional de Inversión Local que entrega el Gobierno Regional. La inversión alcanza los 120 millones de pesos.

Estos recursos permitirán la construcción de una sede con una estructura de un piso de 65 metros cuadrados. Dicha superficie permitirá contar con un salón principal, una cocina, servicios higiénicos para hombres y mujeres con accesibilidad universal y una oficina.