La Corte Suprema de Brasil declaró ayer constitucional el derecho de los indígenas a las tierras que han ocupado "histórica", "tradicionalmente" y "en forma permanente", rechazado por grandes empresarios del campo y grupos políticos de ultraderecha.

La decisión fue adoptada por nueve votos a favor y dos en contra y rechaza el llamado "marco temporal", que propone limitar esos derechos a las tierras que los indígenas ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.

Esa tesis, considerada inconstitucional por los indígenas, pues no reconoce sus derechos sobre tierras que ocupaban mucho antes de 1988 y de las que, en muchos casos, fueron expulsados en forma violenta por colonos, sólo fue respaldada por dos de los jueces, los únicos del tribunal con un claro perfil conservador.

La mayoría de los magistrados se aferró al artículo 231 del texto constitucional, en el cual se define como tierras indígenas a aquellas "habitadas en carácter permanente, usadas para actividades productivas e imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales", así como de "sus costumbres y tradiciones".

La sentencia fue celebrada en forma ruidosa por cientos de indígenas agolpados a las puertas de la corte y que siguieron el juicio a través de grandes pantallas de televisión. Fórmulas compensatorias para los colonos de "buena fe".

Lo que viene

Tras declararse favorable al derecho de los pueblos originarios, la Suprema discutirá a partir de la semana próxima fórmulas legales para los casos de muchos terratenientes que ocupan desde hace décadas áreas reclamadas por los indígenas, aunque lo hacen bajo una dudosa legalidad.

Se trata de personas que, de "buena fe", según un magistrado, pagaron por esas tierras a Administraciones regionales o municipales, que las vendieron al amparo de muchas lagunas legales que existían sobre ese asunto antes de la Constitución de 1988.

El juez Alexandre de Moraes propuso una fórmula intermedia para solucionar esas discordias, la cual sugiere que, en esos casos, los ocupantes de tierras reclamadas por indígenas las abandonen y sean indemnizados, o que los pueblos originarios sean compensados con áreas de extensiones equivalentes.

Eso no se aplicaría a aquellos terratenientes que ocuparon las zonas en cuestión por la fuerza y expulsaron a los indígenas por medio de la violencia, los cuales serían desalojados sin derecho alguno. Las aristas políticas del caso

El asunto también es debatido en una comisión del Senado, que analiza un proyecto de ley que pide reconocer el "marco temporal", y se propone votarlo la semana próxima para luego, si fuera aprobado, remitirlo al pleno para la discusión final.

La senadora Eliziane Gama, miembro de esa comisión, ya adelantó que, en el caso de aprobación en el Senado, el proyecto seguramente será denunciado por "inconstitucional" y "caerá en la Suprema", que ya el miércoles comenzaba a inclinarse en favor de los derechos de los pueblos originarios.

Según datos oficiales, los indígenas ocupan cerca del 14% del territorio nacional, representado por unas 500 áreas ya delimitadas, a las que se pueden sumar otras 200 que aún son analizadas por las instituciones del Estado.

India aumentó ayer la crisis diplomática con Ottawa con la suspensión de visados para canadienses de manera indefinida mientras acusa a Canadá de servir de "paraíso para el terrorismo", en los mismo términos que usa para referirse a su archienemigo Pakistán.

Las relaciones bilaterales comenzaron una escalada desde que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el lunes pasado tener información creíble de posibles vínculos de agentes del gobierno indio en el asesinato en Canadá de un ciudadano canadiense, de origen indio, considerado terrorista por Nueva Delhi.

El líder separatista sij, acusado de promover sentimientos anti India entre esa minoría, fue asesinado en junio pasado frente a un templo en Canadá.

Desde entonces, ambos Gobiernos decidieron la expulsión de dos funcionarios diplomáticos de alto nivel -uno de cada lado- de manera respectiva y recíproca. La India marcó ayer nuevos mínimos con la suspensión de los visados para canadienses argumentando amenazas a su seguridad.

Además pidió a Canadá que reduzca su misión diplomática en el país asiático, tras haberle informado de la necesidad de paridad en sus respectivas embajadas. "Su personal aquí es mucho más que el nuestro en Canadá", dijo ayer el vocero de Relaciones Exteriores indio, Arindam Bagchi. "Supongo que habrá una reducción en el lado canadiense", agregó.

India tildó de sin sentido la acusación de Trudeau, y en cambio le recrimina la tolerancia de la actividad separatista anti India en suelo canadiense.

Con ello Nueva Delhi se refiere a los sentimientos separatistas promovidos por parte de la minoría sij en Canadá, gran parte de la diáspora india, que defiende la formación de Khalistan, una nación para los sij en un territorio que pertenece a la India y que es a la vez el origen de esta religión monoteísta.

"Es Canadá quien necesita examinar los daños y su creciente reputación como paraíso seguro para los terroristas, los extremistas y el crimen organizado. Creo que es ese país el que necesita buscar su reputación internacional", añadió Bagchi.

Acusaciones inéditas

Acusaciones como estas son atípicas de Nueva Delhi hacia una nación amiga, y hasta ahora se habían reservado solo para su archienemigo y vecino Pakistán.

India "ha compartido regularmente con las autoridades canadienses pruebas muy específicas sobre actividades delictivas realizadas por personas en suelo canadiense, pero no se ha actuado en consecuencia", aseguró Bagchi , lo que es visto por el Gobierno de Modi como una forma de tolerancia del sentimiento anti India.

Hardeep Singh Nijjar, asesinado en junio, preparaba un "referendo" no oficial, según medios indios, para consultar a la comunidad sobre su apoyo a una nación independiente sij.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, confirmó que un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) falleció y otros cuatro miembros de los cuerpos de seguridad fueron detenidos durante la intervención gubernamental de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua.

El ministro indicó que el militar era de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada) y que "ofrendó su vida en esta labor tan importante", sin explicar la forma en que perdió la vida.

Además, señaló que detuvo a cuatro agentes de seguridad por estar "involucrados con algunos de estos hechos", en alusión a las redes criminales que, según el Gobierno, operaban desde Tocorón, donde se formó la organización criminal "Tren de Aragua", extendida por Chile, Perú, Bolivia y Colombia.

Ceballos aseguró que seguirán las investigaciones para determinar las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias a las que haya lugar, pues -reiteró- desde el penal se planeaban secuestros, homicidios por encargo y delitos informáticos.

El balance gubernamental no incluyó información sobre heridos, pero sí dijo que destinó a "todos los cuerpos de seguridad" para capturar a "todos y cada uno" de los fugitivos tras esta intervención, en la que participaron 11.000 efectivos.

Asimismo, se identificó a "más de 60 individuos" que forman parte de "una gran banda criminal" que operaba desde la prisión y que "forma parte de estructuras que se movían en todas partes del país. Es decir, estamos obteniendo información de alto nivel de carácter criminalístico que nos va a aportar asuntos de interés para las futuras capturas que vamos a realizar", señaló Ceballos, sin aclarar no aclaró si estos más de 60 criminales identificados están detenidos o se fugaron.