mandato legal; sin embargo, la Corte sí había nombrado la terna de designación de juez, por consiguiente, quedó por defecto nombrada la que estaba en primer lugar que era doña Pamela Robledo, pero no había podido ejercer porque la Municipalidad no había querido hacer la instalación del juzgado. Esto se judicializó, en un juicio que duró muchos años, se ganó en primera instancia, después la Corte de Apelaciones de Coyhaique lo revocó y ella recurrió a la Suprema, la que volvió a acoger la demanda, incluso agregó otros ítemes que no habían sido contemplados en la sentencia de primera instancia, lo que significa un gran respaldo a la adjudicatura de Policía Local y también deja ver lo nefasto que es para nosotros la dependencia municipal, porque la adjudicatura no puede depender de lo que un alcalde quiera o no quiera hacer dentro de la comuna. El derecho de acceso a la justicia implica que se pueda acceder a un tribunal para resolver controversias, entonces, si la Municipalidad pone un obstáculo para que eso ocurra obviamente ahí hay un tema que es bastante complejo.

¿Cuáles son las brechas que hoy día tienen los juzgados en cuanto a personal?

-Hay brechas en el sentido en que hay juzgados que no cuentan con un secretario abogado, a pesar de que existe una ley que lo exige. Los municipios tampoco han dado cumplimiento a proveer ese cargo, entonces lo desempeñan funcionarios que son de carrera, pero que no son abogados.

Ese es uno de los problemas que representa además la dependencia municipal, porque tenemos juzgados que no cuentan con los mismos recursos, la misma cantidad de personal, el mismo acceso a instalaciones y a tecnología y eso repercute en la atención que se le da al público. Un juzgado de una comuna más grande, que tenga mayores recursos puede acceder a mejores instalaciones y a una tecnología que permita, por ejemplo, que las personas paguen multas en línea o que tramiten de manera electrónica. Eso no puede depender de cada municipio, tendría que ser de manera igualitaria para todos y es algo que nosotros instamos a que se termine desde el inicio de este directorio en el año 2021; lo presentamos así ante la Convención Constitucional, y también actualmente en este nuevo Consejo Constitucional que está discutiendo el proyecto de nueva Constitución. También lo hemos hecho presente en distintas reuniones con el Ejecutivo, con el ministro de Justicia, en reuniones que hemos tenido con el presidente de la Cámara de Diputados, es un tema que hace tiempo lo venimos poniendo sobre la mesa. Terminar con la dependencia municipal es una de las formas de mejorar el acceso a la justicia de las personas.

¿Y cuál es la situación de la región de Los Ríos respecto de esas brechas?

-Sé que hay juzgados que tienen no sé si las mejores instalaciones o los mejores recursos; hay muchas diferencias, tanto en programas con los que cuentan para trabajar como en cantidad de personal; acá hay muchas brechas, comunas que cuentan con juzgados que son muy pequeños, pero no por eso tienen menos importancia las controversias que tienen que resolver.

Usted mencionaba el uso de la tecnología, ¿ha sido más lento y complejo el proceso de modernización en esta área que con respecto de otros servicios del Estado?

-Por supuesto que ha sido complejo. Imagínese lo que es poner de acuerdo a todos los municipios que existen en el país. Si el Ejecutivo quisiera implementar algún sistema de modernización éste tiene que ser ejecutado de manera separada por cada municipio y no todos tienen los mismos recursos y no todos tienen la misma voluntad. Ahí es justamente donde recae el problema y es nuestra principal piedra de tope para acceder a un sistema unificado, una barrera que hace que sea mucho más difícil poder acceder a la tan anhelada modernización que nosotros queremos.

En el anteproyecto de nueva Constitución se establecen dos disposiciones vinculadas a la labor de los Juzgados de Policía Local, ¿cómo observan estas disposiciones de acuerdo con la consulta realizada por el Instituto Nacional?

- La disposición que está en juego en el nuevo proyecto de Constitución es la creación de los tribunales comunales. Esos tribunales se plantean como continuadores de los Juzgados de Policía Local, y se contempla como una suerte de traspaso a ellos y terminar con la dependencia municipal, porque pasaríamos a formar parte del Poder Judicial o como se llame a futuro de acuerdo a este nuevo proyecto.

Nuestros asociados en la consulta nos mandataron a apoyar esa disposición para que sea realidad en el evento de que el proyecto de nueva Constitución sea aprobado.

De lo contrario, tenemos que seguir con nuestras peticiones a la autoridad para efectos de lograr la mejora que nosotros creemos permitirá prestar un mejor servicio a los usuarios.

¿Cómo han sido las conversaciones en esa línea con los actuales consejeros constitucionales?

-Expusimos en las audiencias públicas, presentamos nuestra petición por escrito y en su oportunidad tuvimos audiencias con consejeros de distintas bancadas, de distintos espectros políticos.

Creo que ésta es una de las disposiciones respecto de la cual no hay controversia al interior del Consejo, es razonable y obviamente están por apoyarla. El único pero que colocaron algunos fue el tema de recursos, sin embargo como dijo uno de los miembros de la comisión experta, si fuese por un tema de recursos en este país no se haría ningún cambio ni mejora; el tema presupuestario no puede ser un obstáculo para dar un mejoramiento a un servicio judicial que es esencial. Nosotros somos el primer eslabón de la justicia, conocemos la mayor cantidad de conflictos o denuncias que ingresan al sistema judicial, por lo tanto, es un servicio que hay que fortalecer, ya que nosotros podemos evitar que pequeños conflictos escalen a niveles mayores. El proyecto de nueva Constitución contempla métodos alternativos de resolución de conflictos que actualmente no están reconocidos en nuestra legislación.

En esa misma consulta un 86,5% apoya que los juzgados sean reformados, ¿esas reformas tienen que ver sólo con la doble dependencia o hay otros aspectos?

-Creo que ese es el punto de partida. Después hay que sentarse a discutir cuáles son las competencias a las cuales nosotros debemos abocarnos, porque existe una capacidad instalada, existe una trayectoria de muchos años, de mucha preparación y conocimiento de las realidades comunales por parte de los jueces que han cumplido esta función durante años.