Usurpaciones violentas
En relación al veto que el gobierno envió por la Ley de Usurpaciones, no puede ser normal que para el Presidente Boric haya usurpaciones "no violentas" y "violentas" y se le asigne una pena de multa y de presidio a cada una, respectivamente.
En realidad, todas las usurpaciones de por sí son violentas independientemente del método utilizado para cometerlas, porque se priva al dueño de su derecho de dominio sobre su propiedad. Por lo tanto, lo lógico habría sido mantener la pena de presidio para todo tipo de usurpaciones y graduarla si se trata de violencia contra las personas o las cosas, ya que se daría el absurdo de que un robo de un celular u otro objeto tenga pena de presidio y no así una usurpación "no violenta" de una propiedad.
Adriano Ventura Cerisola Fundación para el Progreso
Juntos como hermanos
La noticia es reciente. Chile se quedó sin mundial, fueron algunos de los comentarios y titulares. Más allá de las sensaciones que esta noticia está causando; me parece que hay que aclarar algunos conceptos y un análisis un poco más profundo. Chile nunca estuvo designado como país organizador del mundial de fútbol 2030; ni siquiera la posibilidad de hacerlo conjuntamente con Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue una postulación que se vería con el tiempo.
El mundial de fútbol del año 2030 se realizará en Portugal, España y Marruecos. Eso está claro. La posibilidad que tenía Chile, como la de los otros tres países sudamericanos mencionados, era la de organizar un partido.
Por lo que se sabe, Argentina tiene el privilegio por ser el campeón del mundo actual. Uruguay por ser el organizador del primer mundial en el año 1930 y Paraguay por ser la nación donde se erige el magno edificio que dirige los destinos del fútbol continental.
(...) Esta negativa de que Chile no pueda organizar un encuentro de ese mundial plantea muchas interrogantes: ¿pasará por las casas de apuestas que dominan nuestro balompié?; ¿Será por las sociedades anónimas que con su opacidad manejan muchos clubes chilenos o tal vez por las denigrantes acciones de quienes se dicen barristas y que muestran semanalmente su nefasto espectáculo?; ¿Tendrá que ver la caída deportiva de la "Roja de Todos" a nivel de resultados y de estancamiento de nuevas figuras?;¿Tal vez el caso Jadue y su aún inconclusa condena?
Son preguntas que, tal vez con el correr de los días se puedan ir disipando. Por ahora, demostrémosle al orbe deportivo que somos capaces de organizar unos Juegos Panamericanos y Panapanamericanos de lujo.
Juan Francisco Ortún Quijada Académico Esc. Comunicaciones, Universidad Central
Proyecto Ley Usurpación
Nuestro ordenamiento jurídico contiene normas y procedimientos que sancionan desde la amenaza o perturbación de la propiedad hasta ser privado de ella. Estas contrastan con la compleja realidad que viven las víctimas de estas usurpaciones, por la ineficacia de la legislación. Una persona víctima de una usurpación denunciará el hecho a la autoridad, sin embargo, será en vano por lo bajo de las penas, ya que el delito se sanciona con la pena de multa, y también porque el Código Penal no faculta al juez a decretar el desalojo de la propiedad.
Para recuperarla, la víctima deberá iniciar una acción civil de precario, no sin antes identificar a los ocupantes -cosa que a veces es imposible por la cantidad de usurpadores-, luego solicitar al juez que ordene el desalojo y pagar a un receptor para que, con el auxilio de la fuerza pública, ejecute la orden. Todo lo anterior no garantiza que al día siguiente del desalojo, los mismos ocupantes vuelvan a tomarse la propiedad o tomen represalias.
El alarmante aumento de casos de usurpaciones el 2021 que llevó al Ministro del Interior de la época a señalar que se habían incrementado en un 688%, dio lugar a la presentación de un proyecto de ley que actualmente se encuentra aprobado por el Congreso, pero vetado, el que entrega más herramientas para reivindicar el derecho de las víctima de estas usurpaciones, pero sin dar solución a este fenómeno que se ve marcado por múltiples factores que el proyecto no contempla. Asimismo, la legitima defensa que autoriza el proyecto parece trasladar nuevamente el problema a las víctimas, incluso podría promover la violencia y la venganza privada.
Es urgente que se dé solución a este tipo de conductas, pero dicha solución debe ser acorde a los postulados de un estado democrático de derecho, porque el remedio no puede ser peor que la enfermedad.
María Lorena Rossel Académica Derecho UDLA
