El Partido Socialista celebró ayer su Congreso General con varias reincorporaciones de importancia, como la de Heraldo Muñoz, y entre gritos de "Michelle (Bachelet) presidente", la presidenta de la colectividad, Paulina >Vodanovic, reconoció que si bien "los socialistas hemos luchado por décadas por una nueva Constitución", el actual proceso "no se ve bien".

El XXXII Congreso Socialista "Carlos Lorca Tobar" se realizó en el Aula Magna de la Universidad de Santiago, con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), los PS Carlos Montes, Maya Fernández y Álvaro Elizalde, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve (PS) y representantes de la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y también del Partido Comunista, como del PC, como su presidente Lautaro Carmona y la secretaria general Bárbara Figueroa.

La senadora y timonel socialista Paulina Vodanovic dijo que quiere que la tienda "vuelva a ser la casa de la izquierda", pero reconoció que para formar "la alianza de Gobierno que somos" ha costado "superar diferencias".

En cuanto al proceso constitucional actual, Vodanovic habló de "desilusión", porque pensaron que "sería distinto. La situación hoy no es la misma, pero es igual. Es la derecha la que ha pretendido plasmar sus ideas excluyentes en la nueva 'Kastitución', perdón, Constitución, dejando de lado la aspiración de un texto que aglutinara a todos".

Agregó que iba a esperar, por respeto, el resultado del trabajo de los expertos y la comisión mixta, "pero no puedo esconder mi desazón. Compañeros y compañeras, el proceso no se ve bien. Así de sencillo (...) Ya están consagrados en el texto una serie de disposiciones altamente cuestionables en materias relevantes para las mujeres, para los derechos humanos y derechos sociales, para el medioambiente, para la justicia. Esto no se ve bien (...) Lo que no puede pasar, es que el proyecto de Constitución termine siendo peor que la actual".

17 de diciembre es la fecha que está fijada para la realización del Plebiscito Constitucional del presente año.

El Servicio Electoral (Servel) denunció al Partido Comunes por la no rendición administrativa de 142 millones de pesos que entregó el Fisco en 2020 y 2021 a la campaña de la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, quien es investigada por la Fiscalía por presunto fraude.

La colectividad respondió ayer en un comunicado que "el grueso de la denuncia corresponde al 2021, periodo en que suceden hechos (...) sobre un eventual fraude de subvenciones en contra de la exmilitante de nuestro partido, Karina Oliva, y su directiva central liderada por el exmilitante Jorge Ramírez, expulsados por el Tribunal Supremo de nuestra colectivad y hoy investigados por el Ministerio Público".

Junto con reiterar la voluntad de colaborar con el Servel y la Justicia, Comunes indicó que sabía de la acción del órgano electoral y que "en el corto plazo" interpondrá acciones legales para "esclarecer cualquier tipo de irregularidad que pueda existir respecto del uso de fondos públicos en esos años".

Reacciones políticas

Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) dijo en Cooperativa que "han pasado ya varios años, por lo tanto que el Ministerio Público comience rápidamente con las formalizaciones que correspondan y se haga justicia. Y que, en este caso y en todos los casos que sean características como este, se apliquen las penas máximas, porque la ciudadanía eso espera, que la ley sea igual para todos y no que existan posiciones de privilegio para algunos por el hecho de ser políticos".

Según La Tercera, uno de los testigos que ya habría declarado en calidad de imputado sería Diego Corvalán, militante de Comunes, quien habría confesado que la ONG Chile Movilizado habría recibido 120 millones de pesos por informes copiados a una consultora.

Según el mismo medio, la denuncia en Fiscalía es del 28 de septiembre y dice que "han transcurrido 217 días del plazo de presentación de los estados financieros del año 2021 y el colectivo (Partido Comunes) no ha presentado la rendición del balance (...). Se advierte que las operaciones descritas, correspondientes al aporte fiscal entregado entre los años 2020 y 2021, ascienden a $ 142.686.823 que no se encuentran acreditados a la fecha, por lo que podrían revestir carácter de delito".