El Instituto de Salud Pública (ISP) reveló ayer que 45 personas han muerto y otras 786 son sospechosas de estar contagiadas por un brote de infecciones intrahospitalarias de la bacteria Burkholderia, que se mantiene activo, a causa de la contaminación de medicamentos del Laboratorio Sanderson.

La coordinadora de gestión de la Agencia Nacional Medicamentos del Instituto de Salud Pública, Alma Belmar, compareció ayer ante la comisión de Salud del Senado e informó que de los 786 casos sospechosos, 563 han sido confirmados con alguna presencia de la bacteria o sus clones.

Y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, explicó que "en el caso de la Burkholderia, la mortalidad asociada es cercana al 1%. Cuando se habla de los fallecidos en estos brotes, en realidad se habla de pacientes que han fallecido con la presencia del germen, y no necesariamente porque han fallecido a causa de este".

El ISP instruyó hace cerca de un mes retirar del mercado todos los productos fabricados por el Laboratorio Sanderson debido a una "contaminación microbiológica". Sin embargo, posteriormente la autoridad sanitaria acotó la determinación a sueros.

El comunicado señaló en ese momento que "a partir de hoy, 29 de septiembre, la cuarentena se mantendrá vigente sólo respecto del Cloruro de Sodio al 0,9% cuyo envase primario corresponde a material plástico de gran volumen, que hayan sido fabricados a partir de abril de 2023".

Polémica interna

Esta crisis generó, hace una semana, la petición de renuncia al director del ISP, Rubén Verdugo, fuertemente cuestionado por las acciones que adoptó el organismo en este tema.

En primera instancia se ordenó el retiro de todos los insumos de laboratorio Sanderson, lo que causó que varias atenciones y cirugías del sistemas público se vieran suspendidas. Posteriormente, en un nuevo intento, el ISP aclaró que la cuarentena sólo correspondía al cloruro del sodio al 0,9%.

En esa oportunidad, el Colegio Médico cuestionó duramente la labor de Verdugo (nombrado en marzo), y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, mencionó que "hubo un efecto comunicacional y luego se suspendieron prestaciones y es delicado", por lo que instruyó un sumario administrativo.

Así, se determinó pedir la salida del actual director del Instituto de Salud Pública, lo que a juicio de Luis Caroca, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud del ISP, es "sumamente injusto", y apuntó a motivaciones políticas.

No hay otro asunto público más presente en el debate de las últimas décadas en Chile que la educación. Se la diagnosticó de múltiples formas y se creyó identificar las causas de los problemas que la aquejaban: el lucro, se dijo, y la privatización que convertían al sistema escolar en un mercado. En torno a ese discurso configuró su identidad (y encontró un sucedáneo de ideología y un arsenal de frases) la generación que hoy está en el poder. Y de todas las reformas que se han logrado emprender los últimos años la educativa ha sido la más radical.

Y, sin embargo, las cosas parecen estar peor que nunca.

Nada parece remediar la crisis de autoridad en las escuelas y liceos (en muchas debe pactarse un verdadero armisticio cotidiano con los estudiantes), y hay aulas, como ocurre en Atacama (una de las regiones donde se ha echado a andar la reforma) que ya cumplen cincuenta días sin clases.

¿Qué puede explicar todo esto?

Desde luego, como en casi todo, parece haber en esto un problema intelectual. En los últimos años se ha venido sustituyendo la comprensión cabal de los problemas, algo que exige investigación, lectura y familiaridad con el asunto de que se trata, por la exageración ideológica (para la que basta imaginación encendida y capacidad de hacer frases). El mejor ejemplo ha sido la cuestión del lucro a la que (¿se acuerda?) se atribuían buena parte de los males de la escuela, de manera que su supresión era el comienzo indudable de su mejora. El error es tan flagrante que en Atacama, donde la reforma se ha echado a andar, las autoridades están pidiendo auxilio a la empresa privada (sí, a la institución que lucra por antonomasia que apenas ayer era la culpable) para remediar algunos de los problemas materiales que aquejan a las escuelas. El organismo público al que se entregó esa tarea o no es capaz o carece de recursos o, lo más probable, reúne ambas características a la vez.

Las autoridades centrales, comenzando por el Ministro de educación, tampoco parecen estar a la altura de sus deberes el primero de los cuales es, por supuesto, tomar el problema a su cargo y asumir la responsabilidad. En cambio el Ministro (cuya afabilidad parece estar por sobre la conciencia de sus deberes) ha preferido exculpar al gobierno del que forma parte: "No ha fallado el gobierno, quien ha fallado ha sido el Estado", acaba de decir, como si este último, el Estado, fuera un ente con vida propia respecto de cuyo quehacer el gobierno, y él -el ministro- carecieran de responsabilidad. Pero ¿acaso no se gana el gobierno para administrar el estado? ¿o era otra cosa la que se perseguía?

En fin, hay todavía asuntos relativos al oficio, al quehacer educativo en sí mismo. Cuestiones flagrantes que conoce cualquier persona que se haya ganado la vida enseñando, entre ellos el sentido del deber por encima de cualquier interés propio (con que el profesor construye su autoridad); el saber que se exhibe (que despierta la confianza del estudiante); la valorización del orden en la sala (abandonando la tontera de que el desorden es creativo); y el estímulo a la confianza en sí mismos de los estudiantes (en vez de persuadirlos de que la estructura ya decidió por ellos) son algunas de las cosas que se han venido abandonando en favor de la horizontalidad (cuyo gesto cúlmine es poner las sillas en redondo); el constructivismo (que supone que el estudiante puede aprender por sí mismo sin considerar el capital cultural previo); la idea que un espíritu crítico es lo mismo que un espíritu iconoclasta o nihilista (algo que se cultiva en algunos liceos y que algunos profesores exhiben como si fuera agudeza).

Y después de todo eso, de tanta exageración ideológica, de tanta agilidad para eludir la propia responsabilidad, y del abandono impune de las virtudes básicas que se deben ejercitar en el aula, nadie debiera sorprenderse por lo que ocurre en educación.

Más bien habría que sorprenderse de que lo que ocurre en Atacama no ocurra aún y no se haya contagiado ya al resto del sistema escolar. Aunque quizá -hay que cruzar los dedos para que no- no sea más que una cuestión de tiempo.