Redacción

Más de 50 días llevan paralizados 46 establecimientos educacionales de la Región de Atacama, producto de una deuda sobre $5.000 millones en licencias médicas a los funcionarios de estos recintos, dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). El ministro del área, Nicolás Cataldo, esta semana acusó "corrupción" tras una auditoría que dejó en la mira a dos funcionarios del PS, mientras que la presidenta regional del Colegio de Profesores, Yariela Ardiles, habló de un "reparto político" por parte del diputado Juan Santana (PS).

El legislador respondió en Emol que "hay parlamentarios que están haciendo uso de la crisis educacional para mejorar sus opciones electorales en los futuros procesos", aunque "el SLEP de Atacama se creó en pleno Gobierno de Sebastián Piñera, se intenta responsabilizar de toda la crisis a dos funcionarios de un organismo en donde trabajan más de cien personas".

"Llama la atención que nadie apunte a quienes han sido y son directores del SLEP, que nadie apunte a quienes implementaron este servicio, o que nadie apunte al contenido de la Ley que permite la creación de estas nuevas instituciones", agregó Santana.

Por esta razón, para el diputado y expresidente de la comisión de Educación, "es evidente que hay quienes utilizan esta movilización para hacer un punto político. Los únicos que salen perdiendo con todo esto son las comunidades educativas".

Sobre las declaraciones del Ejecutivo acerca de presunta corrupción, Santana dijo que "entiendo que hay una investigación que se encuentra en curso. Desconozco si el ministro Cataldo tiene alguna información de ello, pero sí me parece lógico que, en caso de existir algún tipo de irregularidad, deben perseguirse todo tipo de responsabilidades".

Las pericias a las que aludió el titular de Educación se refieren a la desvinculación de dos militantes PS asociados al SLEP de Atacama: Su exdirector jurídico, concejal de Copiapó y presidente regional del partido, Miguel Carvajal; junto al otrora jefe de personal y concejal de Caldera, Claudio Álvarez.

Propuesta del gobierno

Una de las demandas iniciales de la movilización fue el mejoramiento de la infraestructura, por lo que hace poco más de una semana el Ministerio y las autoridades de Atacama presentaron un cronograma de obras en los 60 establecimientos que integran el SLEP.

En línea con esto, las autoridades presentaron el viernes un plan para el retorno y recuperación de clases, donde "se propone que el retorno a clases se concrete el próximo jueves 2 de noviembre, a fin de velar por el debido cierre del año educativo 2023, extendiendo las clases hasta el viernes 12 de enero de 2024".

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, afirmó que "hemos ido cumpliendo con los compromisos asumidos. Parte importante de estos tienen relación con el mejoramiento de infraestructura y los trabajos se han comenzado a ejecutar, por lo tanto, creemos que no se pueden mantener las clases suspendidas".

El Colegio de Profesores de Atacama publicó un video en Facebook dando cuenta de "viernes feriado, y acá estamos trabajando para destrabar el conflicto educacional de Atacama". Ayer, realizó la misma acción con el objetivo de mostrar una aparente plaga de cucarachas en una escuela de la zona.