el patriotismo, el respeto e incluso la cordialidad entre los participantes. La unidad de participación ciudadana, apoyada por las universidades, pudo realizar un buen trabajo de recopilación de opiniones ciudadanas e iniciativas populares de norma en todo el país.

-¿Qué sobra y qué falta en el texto final?

-Sin perjuicio de que el resultado es muy bueno en su conjunto, pienso que sobran palabras y organismos que podrían estar en la ley, así como limitaciones innecesarias a nivel Constitucional, por ejemplo, en materia de huelga y negociación colectiva. Habría mantenido las leyes de quorum superior, incorporado la concursabilidad de los contratos administrativos y traído el Congreso Nacional de regreso a Santiago.

-¿Lo bueno, lo malo y lo feo de este proceso?

-Lo malo es lo que acabo de señalar. No recuerdo algo que podría calificar de "feo".

Entre las cosas buenas, además del proceso mismo, podemos mencionar el respeto al núcleo esencial de nuestra tradición constitucional y la incorporación de novedades interesantes en sistema político, derechos fundamentales y modernización del Estado.

Por ejemplo, el Congreso es dotado de mayor gobernabilidad para asegurar eficacia legislativa y satisfacción oportuna de necesidades públicas.

En materia de derechos se fortalece el derecho de los padres a educar a sus hijos y de escoger su escuela o colegio, el perfeccionamiento y reconocimiento de los docentes, la autonomía universitaria y la libertad de conciencia y religiosa. La propuesta contempla también normas de igualdad entre mujeres y hombres en el plano parlamentario, institucional y laboral. Además, se introduce el derecho a tribunales independientes e imparciales, la distribución de fondos públicos a privados con criterios de razonabilidad y respeto de sus fines, y garantías a la imposición de sanciones administrativas.

El Estado Social de Derecho se ve reconocido y complementado con otros derechos, entre los que destaca la vivienda y el acceso al agua potable.

-En el ámbito económico, se fortalece la libre competencia y la protección del consumidor, se incorpora la deducción de gastos familiares de los impuestos y la exención de contribuciones, así como la inexpropiabilidad de las cotizaciones previsionales y la compensación de cargas públicas desiguales. Además, el desarrollo económico debe ser compatible con el respeto y protección al medio ambiente y la biodiversidad.

La modernización del Estado contempla garantías laborales para funcionarios públicos, la transferencia garantizada de competencias y recursos a las regiones y comunas y la introducción de normas anticorrupción, como la sanción cívica a los corruptos, el límite de reelección de algunas autoridades y la concursabilidad conforme al mérito e idoneidad en el traspaso de recursos a particulares, en el nombramiento de cargos públicos y en la explotación del litio.

Comentario aparte merece la seguridad ciudadana, que se ve reforzada por los servicios de acceso a la justicia y protección de las víctimas, la expulsión de extranjeros en situación irregular o delictiva y la creación de una fiscalía supraterritorial del Ministerio Público para perseguir delitos complejos y graves, entre otros avances.

-Como académico, ¿qué enseñanzas dejan los dos procesos chilenos para el derecho comparado?

-Varias. Son una verdadera escuela de lo que se debe hacer y no hacer para elaborar una nueva y buena Constitución. Ciertamente, el segundo proceso corrió con ventaja, pues pudimos sacar lecciones valiosas del fracaso anterior.

La enseñanza más importante, a mi juicio, es que la Constitución de un país centenario no puede partir de una hoja en blanco y desconocer nuestra identidad nacional, nuestras instituciones, la herencia que ha dejado el sacrificio de nuestros ancestros. Además, no es posible elaborar un buen texto sin el apoyo de quienes dominan las temáticas constitucionales. Estas dos falencias del proceso anterior fueron corregidas en el actual mediante la introducción de bases esenciales de la tradición constitucional chilena, suscritas desde el partido comunista hasta la UDI, y la colaboración de una Comisión Experta. Se produjo un ciclo virtuoso de validación técnica y ciudadana del texto, de saber y poder -auctoritas y potestas-, como ya había ocurrido en las constituciones duraderas de 1833 y 1925. Es un modelo chilensis digno de exportación.

¿Sus colegas extranjeros han mostrado interés por el proceso? ¿Qué les llama la atención?

-Los ojos del mundo académico constitucional están puestos sobre Chile, por la originalidad de haber vivido dos procesos muy distintos en un breve período de tiempo. Llama la atención a nuestros colegas los cambios de tono político al interior de los dos procesos, lo que habla de una ciudadanía despolitizada que no tiene problemas en optar por distintas tendencias.

-Coincide en que el proceso ya está "presidencializado"?

-No y sería un error que así fuese. Estamos proponiendo una Constitución para las chilenas y chilenos de las décadas que vienen, las reglas del juego válidas para izquierdas y derechas; por tanto, sería miope votar en el plebiscito pensando en las elecciones próximas o en un eventual rechazo al gobierno de turno. Tenemos que votar pensando en el futuro, en el de nuestros hijos y nietos.

-Ha habido críticas de que el proyecto es una Constitución de derecha. Usted, como comisionado de ChileVamos, ¿qué opina?

-Es un texto que da más señales positivas a la izquierda y a la derecha que la Constitución vigente. Naturalmente, dada la composición del Consejo querida por el pueblo, la Constitución tiene tintes de derecha. Sin embargo, no hay que olvidar todo aquello que la izquierda anhelaba y que esta propuesta contempla porque es compartido por una gran mayoría, partiendo por su origen plenamente democrático, que es la principal justificación de este proceso.

A lo anterior se suma un capítulo especial de medio ambiente, la desaparición de las leyes de quorum superior, el reconocimiento del Estado Social de Derecho con remoción de obstáculos, la igualdad de entrada y salida de hombres y mujeres en elecciones parlamentarias y el aseguramiento de instancias de participación en otras instituciones del Estado a través de foros deliberativos.

Podemos mencionar también el derecho a un trabajo decente, la igualdad salarial de hombres y mujeres, el derecho a un medio ambiente sano, el acceso preeminente al agua potable, el reconocimiento de los cuidados en casa, la consagración de la educación y salud del Estado, el derecho a la cultura y la protección de los animales entre otros avances. Nada de lo que he dicho está en la Constitución vigente y corresponde a ideas o aportes que surgen de sensibilidades de izquierda y son avances que ahora pertenecen a todos. ¿Se dice que esto no es suficiente? Lo que pasa es que, en una democracia de verdad, como la nuestra, ninguna Constitución debe ser totalmente suficiente para un solo sector político, no pueden existir los trajes a la medida. Piense usted que algunos propusimos la cobertura de los medicamentos en la Constitución, al estilo de la Ley Ricarte Soto, y esa idea fue votada en contra por los expertos de izquierda. En fin, así es la democracia, el peor de los sistemas políticos, dijo Churchill, pero después de todos los demás…

Es preciso considerar, además, que algunas de las cosas que se echan en falta corresponden a ideas que la ciudadanía rechazó con fuerza en el plebiscito constitucional del año pasado, como el monopolio estatal en salud y en pensiones. Si insistimos en ellas iríamos en contra de la voluntad del pueblo.

-También se ha dicho que en este proceso se cometió el mismo error del proceso anterior, que fue dejar fuera la forma de pensar de un sector importante de la sociedad?

-Insisto que el texto que será sometido a la ciudadanía es más representativo de las distintas formas de pensar de la sociedad que el texto vigente. Además, la comparación con el proceso anterior es errada y hasta un poco insidiosa. ¿Cuántas normas propuestas por la Convención el año pasado fueron aprobadas por unanimidad o respetuosas de nuestra identidad constitucional? Prácticamente ninguna. En cambio, la mayoría de las normas constitucionales propuestas esta vez gozan de apoyo unánime. Ciertamente hay excepciones, pero eso ocurre en todo proceso constitucional. Si hay algo seguro es que el texto es fiel a las preferencias de la gran mayoría que votó en la elección de consejeros de mayo pasado. Lo que falta ahora es que esa misma mayoría democrática valide el texto propuesto en las urnas. Son los ciudadanos los que tienen la última palabra. El resultado del plebiscito determinará si se ha cometido el mismo error del proceso anterior o no.

-Tiene muchas normas que debieran ser materia de ley, no constitucional. ¿Se desconfía de los parlamentarios al dejar temas resueltos en la Constitución que debieran ser definidos por el debate legislativo democrático?

-No. La regulación constitucional de asuntos propios de una ley no obedece a una desconfianza hacia el legislador sino a la necesidad de asegurar estabilidad o seguridad jurídica respecto de materias importantes. Esto se produjo por la eliminación de las leyes con quorum superior que aseguraban esa certeza. Se ha procurado conservar la continuidad en el tiempo de leyes fundamentales mediante su incorporación en la Constitución.

Yo lamento la eliminación de las leyes de quorum superior porque son altamente democráticas y representativas. Si las hubiésemos mantenido, la Constitución habría sido mucho más breve y esencial.

-¿Qué fue más difícil: dialogar con la izquierda o dialogar con los republicanos?

-Fue difícil con todos (ríe), incluidos los que piensan igual que uno. A veces la dificultad estriba en la idea de fondo, pero otras en el modo de plasmarla en el texto, en la redacción, en las palabras o énfasis utilizados, en las excepciones o corrección de riesgos. Pero esa tensión es muy sana y necesaria porque permite que la versión definitiva de la norma se haga cargo de todas las aprensiones e interpretaciones posibles, de carácter político y jurídico.

Jaime Arancibia durante una de las sesiones de los expertos.

"Es un texto que da más señales positivas a la izquierda y a la derecha que la Constitución vigente. Naturalmente, dada la composición del Consejo querida por el pueblo, la Constitución tiene tintes de derecha".

"Si hay algo seguro es que el texto es fiel a las preferencias de la gran mayoría que votó en la elección de consejeros de mayo pasado. Lo que falta ahora es que esa misma mayoría democrática valide el texto propuesto en las urnas".