Última jornada constitucional
Terminado el trabajo del Consejo, viene el de difundir la propuesta que se plebiscitará.
Intensa fue la última jornada del Consejo Constitucional, ayer. Cada uno de los integrantes tuvo tiempo para exponer evaluaciones respecto del proceso iniciado en mayo y para justificar su voto frente a la propuesta final, aprobada en su totalidad por 33 votos a favor, los de la oposición, y 17 en contra, los del oficialismo.
Ese resultado grafica también las diferencias que no lograron superarse entre ambos conglomerados, cuyos miembros esgrimen argumentos opuestos respecto de la propuesta, que será entregada el 7 de noviembre al Presidente Gabriel Boric y será sometida a plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre.
Mientras desde la centro derecha y derecha hablan de una Constitución "Moderna, no maximalista, que garantiza libertades, garantiza derechos, enfrenta la corrupción, corrige el sistema político y respalda medidas de seguridad"; desde la centro izquierda e izquierda responden que es "Restrictiva en derechos y libertades, conservadora, favorable a los poderosos, no recoge la diversidad del país, impone una visión moralista de un solo sector". Las palabras parecen tan distantes que no se entiende cómo más del 30% de los artículos fue aprobado por unanimidad y con incorporación de propuestas llegadas a través de participación ciudadana.
Pero, al margen de esas diferencias-que seguramente se irán ahondando en la medida que pasen los días de campaña- sí hubo ayer manifestación transversal de agradecimiento por la forma en que se desarrollaron los trabajos en los últimos cinco meses, por la sobriedad de las labores, por el espíritu cívico reinante.
Los tres representantes de Los Ríos, Alejandro Kohler, Jorge de la Maza y Lorena Gallardo, coincidieron con esa evaluación y con la necesidad también de compartir con la ciudadanía los contenidos. Aunque desde distintas visiones (uno rechaza; dos aprueban), resaltaron la acción democrática desplegada. Y eso es positivo. Mucho.
Ahora le corresponde al gobierno la tarea de entregar ejemplares y preocuparse de la difusión. Pero es también tarea comunitaria ayudar a informar, porque no se trata de un documento más; es la carta que podría orientar rumbos por décadas. Que no se olvide.