El asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete constituye un acto que va más allá de la violencia que se vive en la Macrozona Sur. Esto fue un asesinato planificado con inteligencia, pues los funcionarios fueron acorralados, acribillados y quemados.
Por ese motivo, desde la Bancada de la UDI le pedimos al Ejecutivo que patrocine un proyecto que ingresamos en junio del año 2021, el cual busca modificar el Código Penal para que los ataques y atentados contra los funcionarios policiales y militares se consideren como vulneraciones a sus derechos humanos.
Dicha iniciativa establece que, si se comete un atentado contra la autoridad, a partir de una organización delictiva, terrorista o paramilitar con fines políticos, se considerará contrario a los derechos humanos y esto es precisamente lo que ha ocurrido durante las últimas décadas en esta parte del territorio nacional.
Cabe recordar que nuestra propia Constitución Política, en su artículo N° 9 establece que "el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos". Asimismo, existe un informe emitido por la Biblioteca del Congreso Nacional, en el que se señala que "el Estado también puede ser responsable frente a situaciones de violación a los derechos humanos de sus funcionarios, por acción atribuible a terceros particulares cuando no cumple su deber de garantizar y, en tanto, no actúa para prevenir y proteger de un riesgo real e inmediato a las víctimas".
Y es que, a partir del grave atentado en contra de carabineros pareciera de toda lógica que no sólo reconozcamos, sino que incluso establezcamos en el Código Penal, que sus derechos humanos también pueden ser vulnerados cuando se producen atentados como el que se registró en Cañete.
Hoy se justifica más que nunca que podamos reconocer por ley que los funcionarios policiales y militares también pueden sufrir vulneración de sus derechos humanos.
Cuando se asesina de manera tan cobarde se ve afectada la sensación de seguridad que tienen los chilenos. Por eso es importante que podamos avanzar con este proyecto de ley, porque hoy estamos más convencidos que nunca de que detrás de muchos ataques que han sufrido los funcionarios policiales, subyacen no sólo motivaciones criminales, sino que también políticas. Erróneamente se ha dado por sentado que ellos no sufren vulneraciones de derechos humanos pero la realidad es que hay antecedentes más que suficientes que demuestran lo contrario.