La paralización de las obras del cuartel de Bomberos de Malalhue, así como también otras obras relevantes para nuestra región, lamentablemente afectaron, no sólo el empleo de muchos trabajadores y trabajadoras, sino también la situación presupuestaria de nuestro Gobierno Regional y el consiguiente retraso en el desarrollo regional y en el bienestar de las personas.
Para nosotros, siempre ha sido una prioridad entregar mejores condiciones de trabajo a los cuerpos de Bomberos; de hecho, establecimos un plan de inversión trianual con el Consejo regional de Bomberos de Los Ríos.
En el año 2023 teníamos más de $3.400 millones aprobados para ellos y ante las restricciones del Ministerio de Hacienda, no pudimos comprar uniformes y otros equipamientos que habían definido como su prioridad. Este 2024 se mantienen los recursos en el presupuesto, pero igual estamos en un escenario muy complejo para que esas compras se puedan hacer.
En el caso del la construcción del Cuartel de Malalhue, donde la empresa abandonó la obra por problemas de aumento de costos, no hubo la capacidad del Ejecutivo en buscar una solución que permitiese reajustar los contratos. Cuando ya lo hizo, a través de un polinomio de costos, todas las obras estaban en una situación de término de contrato y el consiguiente abandono. Particularmente, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, no ha tenido las capacidades suficientes para hacer frente a situaciones que requieren de una reacción oportuna, donde el mercado termina estableciendo valores especulativos, que el Estado debe asumir.
La decisión colectiva en el Core, con respecto a la reanudación de las obras interrumpidas fue siempre la licitación pública, pero lamentablemente, el mercado presenta escasas ofertas, muy restringido, lo que provoca distorsión también en las propuestas económicas para nuestros proyectos.
Esto es lo que ha sucedido con la licitación del cuartel de bomberos de Malalhue, que contando ya con una reevaluación técnica y económica aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social, por un valor superior a los $1.800 millones para terminar el 40% de las obras faltantes, la única empresa que postuló, lo hizo por alrededor de $3.200 millones, es decir, $1.400 millones extras, valores que no fueron justificados por la propia Dirección de Arquitectura, situación que nos obligó a tomar la decisión de una nueva licitación pública, que sin duda, permita dar garantías del buen uso de los recursos del Estado que están bajo nuestra responsabilidad.
