Redacción

El Presidente Gabriel Boric vive en el Barrio Yungay, en Santiago Centro, cuyos vecinos en las últimas horas del viernes se manifestaron por la denuncia de una violación grupal a una escolar, a pocas cuadras de la casa del Mandatario y a un costado del Museo de la Memoria, donde habría sido abordada por hombres que la amenazaron con armas y subieron a un auto, para luego ser encontrada a kilómetros del lugar, según las primeras informaciones. La protesta, sin embargo, fue marcada por una "actuación desproporcionada" de Carabineros, dijo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

"Hemos conversado con la institucionalidad del Ministerio del Interior (liderado por Carolina Tohá), y que durante la noche (del viernes) se instruyó una investigación para revisar los procedimientos que se aplicaron a la protesta pacífica con cacerolazos que realizaron vecinas preocupadas, obviamente, por el bienestar de las niñas en el transitar por el barrio", indicó ayer la secretaria de Estado, tras la difusión de imágenes donde aparecen carros lanzaguas y de gases, además de uniformados provistos de cascos y chalecos antibalas.

Orellana explicó que "esto se originó porque tres personas, dos de ellas con antecedentes penales, en medio de una manifestación que era muy pacífica y que tenía niñas también ahí, rebasaron el perímetro presidencial (alrededor de la casa de Boric, controlado por la policía), pero hay acuerdo en que la actuación fue desproporcionada y que, por lo tanto, ayer mismo (viernes) en la noche se instruyó una investigación respecto al protocolo que se aplicó".

Carabineros señaló a radio Cooperativa que hubo cuatro detenidos en la manifestación: dos hombres y dos mujeres.

El diputado Jaime Naranjo (PS) escribió en X: "No puede ser que cada vez que hay una manifestación pacífica, como la que ocurrió en Barrio Yungay, Carabineros sea desproporcionado (...) y nadie se responsabiliza".

Un "acto horroroso"

La ministra de la Mujer calificó como un "acto horroroso" la denuncia interpuesta en Carabineros por una "menor (que) fue detenida con violencia e intimidación, con armas de fuego y retenida en un auto gris con vidrios polarizados, y posteriormente llevada a una casa donde fue abusada sexualmente por cuatro hombres. Luego de una hora fue soltada con violencia cerca de Cerrillos".

Orellana afirmó que "vamos a seguir trabajando con ellas, con el municipio y todas las organizaciones del Estado para mejorar la seguridad en el barrio, para que ninguna niña, en esta comuna ni en ninguna otra, tenga miedo de asistir al colegio".

Respecto al caso que motivó la manifestación, la secretaria de Estado llamó "a la responsabilidad y al cuidado", junto con que "es una víctima menor de edad y, por definición, esas causas son reservadas y debemos proteger su identidad para un adecuado proceso de reparación".

La noche del viernes, dos ciclistas de 25 y 27 años fueron baleados en Maipú, Región Metropolitana, y sufrieron el robo de sus bicicletas y otras pertenencias, quedando uno de ellos con riesgo vital producto de las heridas de proyectil.

Las dos personas, según Carabineros, transitaban por calle 3 Poniente en la citada comuna, después de las 22.00 horas del viernes, cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes armados que les dispararon por la espalda.

El teniente de Carabineros Diego Rodríguez informó que "les sustraen sus bicicletas y solicitan auxilio a una persona que pasaba por el lugar".

Ambos son de nacionalidad chilena y fueron trasladados al Hospital El Carmen de Maipú, permaneciendo uno en riesgo vital.

El teniente Rodríguez añadió que, como el ataque fue por la espalda, la persona que quedó herida pero consciente pudo declarar y manifestó que "desconoce cuántos sujetos y sus características".

En el lugar se encontró evidencia balística de al menos 15 disparos. La investigación la dirige la Fiscalía Metropolitana Occidente y la encargó al OS9 de Carabineros.

En su cuenta pública, el presidente Boric anunció un nuevo reglamento para la Ley 21.030 sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Según sus palabras, es hora de "mejorar" la aplicación del aborto en Chile, y para ello es indispensable contar con nuevas reglas que garanticen su disponibilidad en todos los centros de salud. Principalmente, los dardos fueron dirigidos contra la objeción de conciencia del personal médico: este derecho se ha convertido en un obstáculo de envergadura para la práctica abortiva, por tanto, sería necesario restringirla mediante una nueva normativa.

En primer lugar, el nuevo reglamento propuesto por el Ejecutivo intenta acotar la objeción de conciencia sólo al personal "estrechamente relacionado" con el aborto (actualmente pueden objetar de conciencia todos aquellos que deban desarrollar sus funciones al interior del pabellón). Sin embargo, esto significa una regresión en los derechos de los funcionarios que, a pesar de no intervenir directamente en el procedimiento quirúrgico, deben presenciar y avalar con su trabajo un acto contrario a sus conciencias. Se afecta el principio de no regresividad porque, de aprobarse la modificación, privaremos de un derecho a un grupo de personas que actualmente goza de él.

En segundo lugar, se propone una norma que dice lo siguiente: "El establecimiento de salud podrá considerar como un factor positivo en la contratación de personal, el hecho de no ser objetor de conciencia, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo". El primer problema de esta redacción no es sólo que el postulante deberá expresar en la entrevista de trabajo qué valores y/o convicciones religiosas informan su conciencia, sino que serán esas creencias las que eventualmente determinarán su contratación. Por donde se mire, lo anterior vulnera sendas garantías constitucionales como la libertad de trabajo, el derecho a la vida privada y la libertad de conciencia, entre otras. Además, este parece un ejemplo de manual sobre discriminación arbitraria, dado que, sin perjuicio de sus méritos profesionales, un postulante podrá ser excluido del concurso por su orientación religiosa o valórica.

En tercer lugar, llaman la atención los esfuerzos desplegados para asegurar el aborto en todo el territorio nacional, considerando su irrelevancia estadística frente a muchas otras prestaciones para las que simplemente no hay profesionales disponibles. Pensemos, por ejemplo, que el 70% de los médicos especialistas en Chile se concentran en tres regiones, y que sólo cuatro regiones del país cuentan con médicos acreditados en todas las especialidades (Metropolitana, Valparaíso y Biobío y Maule). En cada una de las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes faltan alrededor de 20 especialidades, mientras que ocho regiones no cuentan con un experto en Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia. Siete regiones no tienen médico especialista en Coloproctología, y en seis no hay disponible un cirujano cardiovascular.

En definitiva, existen suficientes razones jurídicas y de política pública para cuestionar las modificaciones reglamentarias impulsadas por el Ejecutivo en esta materia. Las normas anunciadas afectan derechos fundamentales y confunden las prioridades de la salud pública en Chile. Sería mejor que el presidente interrumpiera voluntariamente su tramitación.

"Llaman la atención los esfuerzos para asegurar el aborto en todo el territorio nacional, considerando su irrelevancia estadística frente a muchas otras prestaciones".

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de los Andes. Investigador de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.