Redacción

Cerca de la medianoche del viernes salió Rodrigo Topelberg, socio del factoring Factop, del anexo penitenciario Capitán Yáber, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocara la medida cautelar de prisión preventiva y la sustituyera por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

En su testimonio en la causa, Topelberg reconoció haber difundido la grabación que reveló una conversación entre la abogada Leonarda Villalobos, su colega Luis Hermosilla y Daniel Sauer, fundador de Factop, lo que terminó detonando el bullado caso audio que mantiene en prisión a estas tres personas por los delitos de lavado de activos, delito tributario y soborno.

Dicho registro detallaba un plan para sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión por el Mercado Financiero (CMF) con el fin de obtener favores tributarios.

Alejandro Aguad, defensor de Topelberg, se declaró satisfecho con lo zanjado por el tribunal: "Es una decisión que nosotros veníamos esperando. Creíamos que había antecedentes más que suficiente. Estamos conformes con que la jueza de garantía haya compartido nuestro criterio".

"Nosotros habíamos pedido arresto domiciliario nocturno, una medida de menor envergadura, porque entendemos que Rodrigo Topelberg es una garantía para la investigación", afirmó el abogado.

Nueva revocación

Topelberg había estado recluido desde el 19 de abril en el anexo Capitán Yáber, luego de que la Corte de Apelaciones revocara una decisión previa que le había concedido arresto domiciliario.

El pasado 8 de abril, Topelberg fue detenido junto a los hermanos Daniel y Ariel Sauer; al padre de ambos, Alberto Sauer; al abogado Dario Cuadra y a Luis Flores. Todos investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos de estafa.

Los seis implicados fueron formalizados en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y durante el primer día de audiencias, el tribunal dictó arresto domiciliario y arraigo nacional a Alberto Sauer y Darío Cuadra.

El 10 de abril, el tribunal decretó prisión preventiva para Daniel y Ariel Sauer, imputados como autores de delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la ley de mercado de valores. También se impuso arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el socio minoritario de Factop, Rodrigo Topelberg. Pero la medida fue revertida el 19 de abril, pasando a ser prisión preventiva, la que duró cuatro meses.

Liberación de chats

En cuanto a otra arista del caso audios, y luego de que la Fiscalía Nacional anunciara que se entregarán las 700 mil páginas de mensajes del teléfono de Luis Hermosilla a su defensa, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, aclaró en radio Cooperativa que "no se puede revelar cualquier información que esté en una carpeta investigativa en general".

"La publicidad respecto de las investigaciones es para los intervinientes. Evidentemente la defensa, cualquier defensa, tiene derecho a acceder al contenido de las investigaciones para obviamente diseñar su estrategia defensiva. Sin embargo, no se pueden revelar cualquier antecedente porque las carpetas investigativas no son públicas para el resto de las personas", señaló el líder gremial.

La PDI detuvo ayer al sicario apodado "Perro Elvis", de 31 años, quien es acusado de cometer al menos tres homicidios en la comuna de La Pintana y era ampliamente buscado por las autoridades.

La detención fue realizada por funcionarios de la Brigada de Homicidios Sur de la policía civil, luego de que durante la mañana de ayer fueron aprehendidas dos personas sospechosas de haber apuñalado al sobrino del sicario, un menor de 14 años.

"Perro Elvis" era uno de los sujetos de interés en el operativo conjunto que la PDI y Carabineros realizaron la mencionada comuna, en el sector donde se han registrado varios asesinatos en las últimas semanas.

Según relataron vecinos, el sujeto es el responsable de dichos crímenes, hipótesis que fue respaldada por el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, quien confirmó que está vinculado con "aproximadamente seis homicidios".

La acción de las policías se concentró en la Villa La Orquesta, donde se han reportado una serie de tiroteos en los que también han resultado heridas otras siete personas. El operativo concluyó con cinco detenidos, cuatro de los cuales quedaron en prisión preventiva.

Es un lugar común señalar que no hay que tomar demasiado en serio las encuestas, porque fundamentalmente miden percepciones, y sus datos a veces pueden ser engañosos. Por supuesto, las encuestas no son infalibles y el quehacer político lo ha experimentado en los últimos años cuando, en los análisis, se ha declarado que las grandes encuestadoras han quedado al debe respecto de sus predicciones en algunos resultados electorales. Por eso, la lectura de los resultados de las encuestas debe pasar por el ojo crítico de la mesura y la prudencia, y la conciencia de que no todo puede ser descrito por los números.

De hecho, más allá del porcentaje que arrojan las encuestas sobre hogares en donde al menos un integrante ha sido víctima de un delito de mayor connotación social y sobre la preocupación de las personas de ser víctimas de un delito violento, lo cierto es que la crisis de inseguridad y la oleada de crímenes no puede ser resuelta sólo con reformas legislativas y mayor eficiencia en la persecución penal. Si bien es comprensible que el Presidente de la República haya sostenido en su oportunidad que "Delinquir no sale gratis en Chile", lo cierto es que la gravedad de la situación no puede encontrar como respuesta una especie de populismo punitivo.

En ese sentido, no puede perderse de vista que a partir de los hechos de violencia acontecidos en octubre de 2019, la institucionalidad estatal pareciera estar sobrepasada, a pesar de los esfuerzos en la persecución criminal por el Ministerio Público y las policías. Y todo esto ocurre en un marco de hacinamiento carcelario en aumento, y de ausencia de una política criminal transversal e integral.

Esa política criminal no puede reducirse solo a intentar mejorar legislativamente la eficacia y eficiencia en el combate a la delincuencia. Es necesario considerar, al tiempo, que el explosivo aumento de ésta se relaciona con diversas causas, las cuales son indispensables apuntar. Precisamente, poca duda cabe de que la delincuencia actual es una expresión del profundo resquebrajamiento moral experimentado en nuestra sociedad durante las últimas décadas, que ha llevado a una aguda crisis a instancias sociales básicas como la familia, las comunidades educativas, las iglesias, las empresas, y, desde luego, el propio Estado. Se trata de una crisis enlazada al nihilismo y la anomia, estrechamente ligada con la aniquilación de las figuras de orden y autoridad, lo que, sumado al individualismo, al materialismo y el hedonismo, ha generado el caldo de cultivo para una ruptura del tejido social, para el deterioro de las conexiones y relaciones que nos unen a los otros y asentar una sociedad fragmentada, polarizada y ajena a la idea de lo común.

En tal sentido, para afrontar con éxito los graves problemas de seguridad que nos afectan resulta necesario avanzar en mejoras legislativas, pero evidentemente no basta con esto. En efecto, las políticas que se planteen no deben quedarse meramente en la intención de reducir los números y porcentajes de las encuestas; también habrá que esforzarse por rescatar todos aquellos valores indispensables para el adecuado funcionamiento de una sociedad, como el orden, el respeto y la solidaridad, y, a su vez, recordar que el bien común no es una mera superposición de bienes y puntos de vista individuales, sino que, por sobre todo, es una tarea que implica respeto a los demás y el reconocimiento de los límites de los derechos y libertades, con el fin de que la sensación ciudadana sobre ansias de justicia no quede, anecdóticamente, en otra ley más.

*Profesor de la Facultad de Derecho e Investigador de POLIS

Universidad de los Andes.