Walter Ávila González

Un total de nueve viviendas allanadas y siete detenidos, además de aproximadamente medio kilo de drogas y armas de fuego incautadas, fue el resultado de un masivo operativo policial realizado en la población Pablo Neruda de Valdivia por detectives del Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Los Ríos, en colaboración de diversas unidades provenientes de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos, lo que totalizó un despliegue cercano a los 100 efectivos. Esta investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

En detalle, el subprefecto Gabriel Cornejo, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI Valdivia, informó que lo incautado corresponde a poco más de 500 dosis de droga, entre cocaína base y marihuana a granel, valorada en aproximadamente 4 millones y medio de pesos. Asimismo, agregó que también fueron incautadas dos armas de fuego, que aún tienen que ser periciadas pero que estarían aptas para el disparo, además de 38 cartuchos sin percutar de distintos calibres; como también ácido muriático, cafeína anhídrica y creatina, los que eran utilizados para abultar la droga y posteriormente comercializarla en la población. También fue incautado dinero en efectivo.

A su vez, la fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, detalló que "la relevancia de este operativo, fue la desarticulación de puntos de venta de sustancias ilícitas a la comunidad. Estos estaban cercanos a colegios, donde tenemos la certeza que se comercializaba la droga que fue incautada el día de ayer (15 de octubre)".

Además, confirmó que la investigación no finalizó con la detención de las siete personas, ya que ahora el objetivo es poder determinar desde donde viene la droga y quienes son los proveedores de la misma a los distintos puntos de venta detectados dentro de la comuna.

Imputados

Sobre los detenidos, corresponden a siete personas, todos mayores de edad, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales por distintos delitos.

En la jornada de ayer fueron formalizados todos los implicados. En ese contexto, uno de los sujetos quedó en prisión preventiva y cinco quedaron con arraigo nacional y firma quincenal. Finalmente, la Fiscalía pidió la prisión para la séptima imputada, aunque el tribunal no accedió. Ante esta situación, el fiscal Jaime Calfil apeló verbalmente y quedó detenida hasta que la Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva.

La Comisión de Libertad Condicional de Valdivia acogió 45 de las 247 solicitudes presentadas por internos que cumplen condena en las unidades penales de la jurisdicción, lo que implica que el 81% de ellas fue rechazada al no cumplir los postulantes los requisitos para optar al beneficio.

La comisión fue presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Rodrigo Schnettler, y estuvo integrada por el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia Carlos Flores; el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Héctor Hinojosa; el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Cristóbal Lamas y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Pablo Álvarez.

La decisión de rechazar o aceptar las solicitudes de los internos se tomó en base a informes psicosociales elaborados por Gendarmería, los cuales evaluaron los factores de riesgo de reincidencia de cada postulante. Asimismo, la comisión revisó el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena o dos tercios (dependiendo del tipo de delito); además de haber mantenido el interno una conducta intachable en el establecimiento penal, riesgo de reincidencia y posibilidades de reinserción social.

En ese sentido, la Comisión aprobó la libertad condicional de ocho internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno; y cinco del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno. En la cárcel de Valdivia, se aprobaron 22, 114 fueron rechazadas y se omitió una; y del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia se aprobaron diez solicitudes y se rechazaron nueve.

La municipalidad de Valdivia y la Gobernación Marítima de la capital regional firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer la prevención de delitos y el control ante eventuales emergencias de seguridad pública en la Costanera.

En dependencias de la Gobernación Marítima, ubicada en avenida Arturo Prat, se concretó ayer este hito que refuerza la colaboración entre ambas entidades, a través de las firmas del gobernador marítimo de Valdivia, Alejandro Valenzuela y el alcalde (s) Cristian Oñate.

Al respecto, la autoridad marítima destacó que "estamos sumamente contentos de estrechar estos lazos con la municipalidad, de generar este convenio que nos va a permitir aumentar la seguridad sin duda y también facilitar los procedimientos policiales que lleva a cabo la Autoridad Marítima a nivel local en Valdivia".

Y agregó que "con esto buscamos ratificar nuestro compromiso con la seguridad, específicamente ahora que se nos viene nuestro periodo estival. En buena hora llega este convenio que nos va a facilitar el trabajo conjunto y lógicamente también emprender cosas de manera coordinada y que la ciudadanía también lo perciba de esa forma. Así que muy satisfecho, muy contento y bien esperanzado de que este convenio traiga muy buenos resultados para todas las instituciones".

A su vez, Oñate manifestó que "estamos satisfechos con lo que hemos logrado hoy, particularmente porque hemos suscrito un convenio que nos permite seguir avanzando en la línea de contar con más herramientas para efectos de que Valdivia se sienta más segura".

En particular, desde la municipalidad detallaron que "este convenio permite facilitar la transferencia de información referida a la televigilancia que realizan ambas instituciones en el sector Costanera con los dispositivos con los que cuentan dichas entidades, considerando además que de parte del municipio se seguirán ampliando estas capacidades con proyectos en curso y otros ya en ejecución".

En un trabajo coordinado con el Gobierno Regional y la delegación de Los Ríos, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia capacitó a más de 200 funcionarios de reparticiones públicas sobre la "Ley Karin", que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

En dos jornadas de trabajo, la jueza Alodia Prieto explicó a los participantes cómo se aplica este cuerpo legal tanto para quienes trabajan bajo el Código del Trabajo, como parta quienes desempeñan sus funciones bajo el estatuto administrativo.

Carabineros de la subcomisaría de San José de la Mariquina detuvo a un sujeto que sustrajo teléfono celular a un adulto mayor en la Plaza de Armas local. Según la denuncia, el hecho ocurrió la tarde del 15 de octubre cuando la víctima se desplaza por ese lugar y el antisocial repentinamente le extrajo el aparato desde sus vestimentas, huyendo en dirección desconocida.

Con los antecedentes del hecho y la descripción del ladrón, el personal policial logró dar con su paradero, la noche de ayer, en la esquina de las calles Arturo Prat con Los Jazmines.

El imputado de 38 años, registra 19 detenciones anteriores por diferentes delitos, y mantiene vigente una medida cautelar de arresto domiciliario total.