Un total de 24 días en paro cumplen hoy los 60 trabajadores que la Corporación de Asistencia Judicial tiene en la región de Los Ríos, quienes tal como sus pares de todo el país, exigen una serie de mejoras laborales para retomar sus funciones.

Así lo explicó Gabriela Salgado, presidenta regional Los Ríos de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, quien detalló que la paralización de actividades se inició el 2 de abril a nivel regional y nacional, y que están adheridos el 100% de los asociados.

En ese contexto, la dirigenta explicó que "los principales motivos de la movilización son el incumplimiento del proceso de homologación de remuneraciones; el exceso de carga laboral, lo que provoca un daño en nuestra salud física y mental; el trabajo remoto para funcionarios con hijos menores de 12 años o con problema de salud; así como también por la implementación de las 40 horas, que está instaurada sólo en algunos servicios".

También precisó que "se está negociando desde el día uno, pero siempre el inconveniente ha sido el presupuesto, por lo que las negociaciones con el Ministerio de Justicia han sido poco fructíferas. Vemos que la Dipres no tiene los recursos para asignarlos a nuestro petitorio, pero estas demandas se arrastran desde 2023, por lo que había tiempo para haberlo incluido en la discusión presupuestaria y eso no ocurrió".

Gabriela Salgado enfatizó que "las autoridades tienen que razonar, porque nosotros como Corporación de Asistencia Judicial somos un servicio en que las remuneraciones no se condicen con la tarea que cumplimos. Por lo tanto, hay que buscar una fórmula porque ya llevamos 40 años con estas dificultades, y no es posible que permanezcamos en la misma situación".

La dirigenta igualmente resaltó que a nivel nacional "somos alrededor de 3.000 funcionarios, y no vamos a bajar el paro mientras no se entregue una solución satisfactoria".

Respuesta de la ca

Por medio de un comunicado público, desde la Subsecretaría de Justicia se informó que: "Tras semanas de paralización por parte de los trabajadores y trabajadoras de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), agrupados en la Federación Nacional del Acceso a la Justicia, la Subsecretaría de Justicia informa que, pese a las numerosas y concretas propuestas presentadas por los equipos técnicos de esta cartera, aún no ha sido posible alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la movilización".

Y complementaron: "Desde la Subsecretaría de Justicia, hemos manifestado plena disposición al diálogo y a la construcción de soluciones concretas. Fruto de este proceso de negociación, y aunque aún no se ha logrado un acuerdo final, se ha avanzado significativamente en siete de los ocho puntos planteados por la Federación. El único aspecto pendiente corresponde a la solicitud de aumento de remuneraciones para los profesionales -especialmente abogados- que no forman parte de los programas de representación de niños, niñas y adolescentes".

2 de abril se inició la paralización de actividades de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial.

60 funcionarios tiene la Corporación de Asistencia Judicial en la región de Los Ríos, todos en paro.

Con el objetivo de conocer en detalle la oferta programática, ingresos y situación actual de los niños, niñas y adolescentes, se desarrolló una reunión interinstitucional de Protección de la Infancia y Adolescencia. La iniciativa organizada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, contó con la asistencia de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcela Araya, y jueces de los tribunales de familia en la región.

El seremi de Justicia, Jorge Ríos, destacó que "reunimos a las instituciones que trabajan con infancia y a los jueces y juezas de la región, quienes pudieron plantear sus inquietudes, su visión desde los Tribunales de Familia en comunas y sus insumos necesarios para mejorar. En esa línea, quiero destacar la asistencia de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, con quien estamos desarrollando un trabajo en conjunto con acciones concretas para acercar la justicia las personas".

La presidenta de la Corte, Marcela Araya, dijo que "este es un punto de partida muy relevante para ejecutar acciones concretas, que se traduzcan en hacer efectivo el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Contar con la información, efectuar un trabajo coordinado y dialogar con todo el intersector en materia de infancia, es relevante sumado a una coordinación más micro que permite concretar resultados efectivos en las causas concretas y teniendo en cuenta la opinión de los jueces y consejeras de familia".