Analfabetismo digital
La alfabetización digital constituye una habilidad necesaria para desenvolvernos en nuestras sociedades. Mientras a empresas y organizaciones aporta competitividad e innovación, en las ciudadanías permite nuevas formas de vivir, asociarse, trabajar y aprender.
Pero la brecha digital resta autonomía, genera aislamiento y exclusión social.
En 2024, Subtel y CADEM informaron que el 94,3% de la población chilena contaba con acceso a internet. Sin embargo, la Fundación País Digital junto a Entel (2024), señalan que el 54% de chilenos/as solo cuenta con habilidades digitales básicas, el 5% no cumple con ninguna de esas prácticas y únicamente el 7,2% posee manejo avanzado de ellas. Las más afectadas son las personas mayores; el informe Radiografía Digital, elaborado por ClaroVTR y Criteria Research (2024), muestra que el 66% se siente presionado a convivir con nuevas tecnologías, aun cuando al 82% le interesa adquirir habilidades digitales para facilitar su diario vivir y permanecer conectados.
Entonces, la premisa ha de ser: tecnología a la mano de todas las ciudadanías. Siguiendo la ruta del Plan Brecha Digital Cero 2022 - 2025, el sector gubernamental y productivo deben articularse para robustecer políticas en materia de educación e inclusión digital, como de regulación y seguridad en el mercado y consumo de plataforma. Por su parte, las universidades han de renovar planes de estudio y apuntar hacia infraestructura sostenible, promoviendo ciudadanías digitales, preparadas para el ejercicio de derechos y responsabilidades (ONU, 2013).
Son esfuerzos por la E-democracia, como le llamo Steven Clift (2004), utilizando la tecnología para abrir procesos de gobernanza, capaces de hacer frente a la era de la desinformación, donde priman las fake news, la infodemia y la infoxicación, manipulando la opinión pública y erosionando la estabilidad de instituciones democráticas.
Dr. Víctor R. Yáñez Pereira Director Académico de Postgrado
Autonomía y sociedad conyugal
A propósito de la reanudación de la discusión en el Senado del proyecto de ley que busca eliminar la discriminación hacia mujeres en régimen de sociedad conyugal, recuerdo tantas historias de mujeres rurales que al estar casadas bajo este tipo de administración todavía dependen de la voluntad y autorización de sus maridos. Muchas me han contado que sus esposos han tenido que firmar por ellas para recibir sus herencias familiares, para solicitar un crédito o recibir algún beneficio. Otras, que ni siquiera estando casadas, han tenido que acreditar su soltería y, por lo tanto, respaldar su valor y autonomía respecto de sus decisiones.
Pero de todos estos testimonios, el que más claro tengo es el de una mujer rural valdiviana que no contaba con la información que hoy disponemos a nuestro alcance y que decidió separarse cuando aún no existía el divorcio, tuvo que atravesar por un proceso engorroso, largo y complejo para lograr establecer una separación de bienes, recuperar su poder sobre sus tierras y proteger su patrimonio para que no siguiera siendo administrado por su expareja aun cuando ya no existía convivencia.
Ella, hace muchos años atrás, no lograba comprender por qué tenía que continuar con ese proceso legal tan injusto. Hoy veo cómo muchas mujeres ni se enteran de que han vendido o perdido sus campos o propiedades porque la ley así lo permite. Todavía, la última palabra sigue siendo del jefe de la sociedad conyugal, es decir, de sus maridos.
Este despojo es un abuso, es inexplicable. Gracias a su perseverancia, esta mujer logró tener autonomía sobre la administración de sus bienes y su patrimonio, pero, así como ella, muchas mujeres solemos estar lejos de conocer nuestros derechos de punta a cabo, sobre todo en el mundo rural.
Espero que volver a hablar sobre la discriminación que viven las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal impulse el avance de las gestiones que permitirán su modificación, que quienes participen en esas mesas de conversación piensen en nosotras las mujeres y, especialmente, en las que hoy todavía no pueden decidir por ellas mismas sobre su patrimonio.
En esta oportunidad, apelamos a la voluntad de nuestras autoridades para de una vez cambien nuestros derechos.
Glenda Lovera Urra Presidenta de la Mesa Regional de Mujeres Rurales de Los Ríos
