El agua es un elemento esencial para la vida humana, como también para el desarrollo y crecimiento del país. Por eso, al momento de discutir sobre cualquier modificación al régimen de aguas es fundamental estar conscientes del impacto que ello podría generar tanto en la vida de las personas, en su calidad de consumidores, como en los procesos productivos de áreas tan disimiles e importantes para la región de Los Ríos como la agricultura, la ganadería, generación de energía y la industria.

La reforma al Código de Aguas que se discute actualmente en el Congreso no apunta u omite algunas de estas realidades, debilitando los derechos que existen sobre los recursos y poniendo en jaque el funcionamiento y desarrollo de las áreas económicas mencionadas. Esta iniciativa, sumada a la reforma constitucional en esta misma materia que se encuentra en discusión legislativa y que busca definir los recursos hídricos como bienes de "utilidad pública", introduce nuevas incertidumbres que desalientan la inversión, bastante deteriorada ya en la región, disminuyen el valor de los predios con derechos de aguas y comprometen el acceso al crédito como consecuencia del debilitamiento de las garantías.

La preservación del estatuto jurídico de los derechos sobre el agua no obsta, naturalmente, a que se haga una exhaustiva revisión de la legislación sectorial para las actualizaciones y perfeccionamientos que se requieren, y sobre los que existe bastante consenso entre los expertos. Pero esos cambios no pueden desconocer derechos legalmente constituidos y que han ingresado al patrimonio de las personas, sin considerar su debida indemnización.

Estos textos deben ser sustituidos por propuestas que surjan de un análisis técnico y jurídico, a partir de un diagnóstico compartido de las deficiencias que tiene el sistema actual, y teniendo en vista la importancia de preservar el avance que ha significado para el país una asignación eficiente de los recursos hídricos.

Contar con garantías sobre los derechos adquiridos es un principio fundamental para el funcionamiento de una sociedad. Y cuando este precepto se aplica sobre un tema tan sensible como los recursos hídricos, se vuelve esencial que se mire desde una perspectiva integral que reconozca las diferencias que existen en el uso de este bien y las necesidades de cada sector.

Hermann von Mühlenbrock Presidente de la Sofofa

30 años | 14 de noviembre de 1986

Aceptaron renuncias de rectores de la UACh e IPV

El ministro de Educación, Sergio Gaete, aceptó las renuncias de los rectores de la Universidad Austral, Jaime Ferrer Fouga; y del Instituto Profesional de Valdivia (IPV), Carlos San Nicolo Labrín. En el caso del sucesor en la UACh, la autoridad indicó que la designación está pendiente, mientras que para el IPV hay una lista secreta con cuatro nombres.

20 años | 14 de noviembre de 1996

Obras del puente Nº 2 muestran 65% de avance

Un 65% de avance registran las obras del puente Calle Calle Nº 2, las cuales están proyectadas para estar finalizadas entre julio y agosto de 1997. En el acceso norte del puente se hará un armado de arena para dar firmeza al terraplén y el tránsito seguirá saliendo directo hacia Avenida Pedro Montt.

10 años | 14 de noviembre de 2006

Ex alcalde Jorge Sabat falleció a los 84 años

A los 84 años de edad falleció el doctor Jorge Sabat Gozalo, ex alcalde e Hijo Ilustre de Valdivia. Ejerció como médico en las comunas de Valdivia, Corral, Mariquina, Panguipulli, Los Lagos y Futrono. Como político, fue alcalde de Valdivia en tres periodos, regidor, concejal y diputado de la República.

Cuando se creó la Estrategia Regional de Desarrollo, se definió la necesidad de contar con políticas locales en 19 áreas, que orientaran ámbitos considerados clave para Los Ríos. Entre ellas están las cinco ya avanzadas de Turismo, Pesca, Agricultura, Innovación y Cultura; a las cuales se sumará ahora una de Participación Ciudadana, la primera de su tipo en el país.

El proceso técnico de elaboración de esta última fue lanzado el sábado y estará a cargo de un equipo de la Universidad Austral, pero ya hay antecedentes sobre los cuales construir, como la puesta en marcha de los FRIL (Fondos Regionales de Inversión Local) participativos, que permiten a la población definir la inversión de una parte de los presupuestos regionales.

La idea es que Los Ríos cuente con un documento que garantice formalmente -y más allá de los gobiernos de turno- la inclusión de la opinión de la comunidad en la toma de decisiones y en el control del actuar de las autoridades. Esto, en el marco de la Ley 20.500 (2011) que regula esta materia en el país y considera como un objetivo la corresponsabilidad Estado-ciudadanía en la construcción del bien común.

Se trata de un paso importante en una región caracterizada por su alta valoración del ejercicio democrático cotidiano. Por lo mismo, sería interesante si ese documento de política regional estableciera expresamente la voluntad de que la participación ciudadana aquí sea siempre vinculante.

Eso implicaría que cumplir acuerdos no dependa de la voluntad personal de una autoridad, sino que se entienda como obligatorio.

Este punto no se encuentra explicitado en la ley. Pero tampoco está prohibido. Por lo mismo, cuando se construya la política local, sería preciso que los actores involucrados en su redacción lo incluyeran.

Si es así, se podría dar cumplimiento a una aspiración de los dirigentes sociales de la región, quienes continuamente afirman que son convocados para consultas, que su presencia sirve para validar proyectos e ideas, pero que sienten que finalmente no les hacen caso. Y eso va mermando confianzas, lo cual es altamente nocivo para la misma participación ciudadana que se pretende estimular y cautelar.