30 años | 30 de agosto de 1987

Alcaldesa de Maullín justifica transbordador

La alcaldesa de Maullín, Berta Reyes, justificó ayer que el gobierno asignara a esa zona el transbordador "Caupolicán" que ya no será utilizado en Valdivia tras la inauguración del puente Cruces. Aseguró que es justo porque su zona necesita conectividad y "no ha recibido nunca una inversión millonaria como Valdivia con el puente".

20 años | 30 de agosto de 1997

20 peajes tendrá la ruta Río Bueno - Puerto Montt

Veinte peajes, entre troncales y de ingreso a ciudades, tendrá la nueva ruta Río Bueno-Puerto Montt, que comenzará a ser construida en 1998. La empresa Sacyr se adjudicó las obras, que en total requieren una inversión de 7 millones de UF. Las primeras acciones son la expropiación de terrenos donde sea necesario.

10 años | 30 de agosto de 2007

En Mariquina hicieron un completo de 125 metros

Los trabajadores de los Supermercados Bryc-La Familia de San José de la Mariquina hicieron el completo más grande del mundo, para ingresar al Libro de Récords de Guiness y para ayudar en la obra social "Pinta tu Iglesia". En total, el sandwich midió 125 metros y fue vendido por trozos, Reunieron 87 mil pesos.

Alarmante es el aumento progresivo de la quema de camiones e inmuebles como resultado de la acción terrorista, si es que uno se da el trabajo de revisar los números de un tiempo a la fecha.

Aunque algunos les cueste, se resistan o renieguen, lo cierto es que se trata de actos con todas las características de terrorismo, que se han visto facilitados por la inmovilidad del Ejecutivo que no ha sabido, o no ha querido, reaccionar ante las señales más que evidentes, y sin capacidad de anticipar, menos de combatir, la violencia como la que afectó a San José de la Mariquina.

Con la quema de los 29 camiones de este lunes, van 89 vehículos destruidos en atentados de similares características en sólo los primeros ocho meses del año.

Es una escalada que ha ganado terreno conforme la acción del gobierno ha sido errática, ambigua y sin resultados a la hora de pesquisar culpables.

Las cifras no mienten: Bajo la administración Bachelet, se han producido 209 quemas de camiones, con 22 el año 2014, 38 en 2015, 60 en 2016 y 89 en 2017. Números preocupantes si se toma en cuenta que entre 2010 y 2013 sólo totalizaron 42. Y mejor ni preguntarse cuántos de los autores materiales de estos atentados están tras las rejas.

Me inquieta la resistencia del gobierno a reconocer que el terrorismo se le instaló en el sur, pues es un empecinamiento solitario que niega una realidad evidente, más palpable para las cientos de víctimas y miles de vecinos que sufren las consecuencias del quebrantamiento permanente de la paz social y del Estado de Derecho.

En nuestra región van tres atentados similares en el último año, pero recién ahora el gobierno se atreve, tímidamente, a usar la palabra correcta y a invocar la Ley Antiterrorista (anuncio que espero se concrete).

Pero más allá de lo semántico, la falta de acciones reales y el nulo resultado en la persecución criminal, cuya responsabilidad no es imputable a las víctimas, también favorece la sensación de impunidad entre estos grupos armados, así como aumenta la impotencia de quienes deben sufrir las consecuencias de estos actos.

Bernardo Berger Fett

Diputado

Desafortunadas fueron las declaraciones del Fiscal Nacional Jorge Abbott respecto de la responsabilidad de los particulares frente a la seguridad. Además, en el contexto en que fueron dichas, generaron reacciones contrarias muy fuertes, mezcladas con críticas políticas y con todos los temores que activó el terrible ataque incendiario sufrido por la empresa Sotraser en San José de la Mariquina.

Claramente, en un Estado de Derecho la ciudadanía tiene derecho a vivir en paz, con tranquilidad garantizada, y eso no está -ni podría estarlo- en discusión. Sin embargo, en medio de esa polémica y de las múltiples declaraciones que han seguido a las palabras de Abbott, queda pendiente una reflexión seria respecto de la seguridad ciudadana, como una responsabilidad social "de todos".

Esa afirmación es la que se repite en cada uno de los programas contra la delincuencia que se aplica en los barrios, es el espíritu que está atrás del mejoramiento de los espacios públicos; del aumento de cobertura de iluminación; de la instalación de alarmas comunitarias; del trabajo del Plan Cuadrante, de iniciativas como Hogar Protegido y Denuncia Seguro, entre muchas otras.

En Chile en general y en la región de Los Ríos en particular, llevamos varios gobiernos y muchos años hablando acerca de concebir la seguridad como un bien común que se debe cuidar en conjunto. Por lo mismo, llama la atención cuando se atribuye esa tarea solamente a las autoridades, a las instituciones, a los empresarios o a cualquier otro grupo en forma individual. Sorprende que no se asuman responsabilidades compartidas, ni se reconozca que han fallado los trabajos coordinados: la inteligencia, la prevención, los patrullajes, los resguardos propios y los oficiales; las instalaciones adecuadas, las investigaciones previas y las acciones legales adecuadas, para que no exista duda del rechazo con tolerancia cero al vandalismo.

Por supuesto que un acto terrorista como el enfrentado excede los límites de la delincuencia común. Entonces, con mayor razón aún se debiera actuar en bloque como sociedad contra los "antisociales" que cometen atentados y que son los verdaderos enemigos de la paz y del desarrollo.