Proyecto Aula Segura
Hace unos días, en el marco de la discusión del proyecto de ley "Aula segura", el Diario Austral realizó una encuesta que preguntaba si apoyaríamos la expulsión de alumnos violentos del colegio de nuestros hijos/as, a la que el público respondió Sí en un 88,37% y No en un 11,63%. Este resultado, lejos de merecer ser celebrado como un apoyo a la iniciativa del gobierno, debe interpretarse como una consecuencia del profundo deterioro de la educación en nuestro país, pues lo que provoca que madres y padres adhieran a proyectos de ley de este tipo es la inexistencia de otros canales, estrategias y procedimientos para resolver conflictos conductuales en los establecimientos educativos.
Es cierto que los miembros de las comunidades educativas están expuestos a episodios de violencia de distinto tipo y a ello se debe la inquietud de los apoderados respecto al tema. No obstante, la respuesta a esto no puede ser una ley que ataque simplemente al síntoma, puesto que con ello no se hace más que dilatar el problema y la preocupación social.
En tiempos donde la percepción de la inseguridad es alta, las medidas retrogradas y de tintes represivos tienden a generar adhesión (ya vimos, en otra escala, el masivo apoyo a las ideas de Jair Bolsonaro en Brasil). Es de esperar que el gobierno recapacite y escuche a los distintos actores que se han pronunciado contra el proyecto "Aula segura", entre los que destacan importantes fundaciones de investigación educativa, académicos, el Colegio de Profesores y organizaciones estudiantiles.
Bayron Velásquez Paredes Profesor de Historia y Cs. Sociales Frente Amplio Los Ríos
Sobre humedales
La propuesta de la senadora Von Baer para inscribir humedales como bienes nacionales de uso público como gran solución, no es solo desacertado en su contexto, sino un peligroso intento de expropiación con alcances no medidos.
Pero además inoficioso respecto a la tuición fiscal porque es sabido que todo espacio territorial que no tiene propietario, por defecto es bien nacional de uso público.
Ademas deja una serie de preguntas sin resolver cuando éstos están al interior de predios particulares: ¿obligatoriedad o no de servidumbres de paso o el libre acceso de terceros; el Fisco también se hará cargo de las materias de seguridad, cierres y contribuciones en el porcentaje a expropiar, esa expropiación será a precio fiscal o comercial, se compensará a particulares que han hecho inversiones en sus terrenos y que se verán ahora afectados por esta expropiación?
Por otra parte ¿cómo se garantizará en los predios públicos que no se instalen asentamientos precarios, si al día de hoy muchos de estos son bienes fiscales y sucede igual a vista y paciencia de las autoridades; se cercarán?
Eriberto Acosta Simmens eriacostasimm@gmail.com
Oposición y Aula Segura
Las críticas y bloqueos que ha sufrido el proyecto de ley Aula Segura por parte de la oposición, especialmente con el voto a favor de la inconstitucionalidad del Proyecto en la Comisión de Constitución del Senado (decisión apoyada con el voto del senador de la región y miembro de dicha Comisión, Alfonso de Urresti), reflejan un ánimo obstruccionista y poco empático con las comunidades educativas afectadas. Pero lo más grave, es que con estas maniobras lo único que se logra es demorar y obstaculizar una solución efectiva para un drama real y que perjudica gravemente a las familias de los establecimientos afectados, las cuales sólo están exigiendo que sus hijos puedan tener clases en un ambiente seguro y tranquilo.
En ningún caso abogamos porque no se discuta el proyecto, muy por el contrario, la disposición a mejorar y perfeccionarlo siempre ha estado y nuestra ministra ha sido clara en ese sentido. Lo que no queremos es que se pongan obstáculos que sólo buscan entrabar la tramitación de esta iniciativa y que en nada aportan a la solución del problema.
Esperamos que los parlamentarios de nuestra región empaticen con estas comunidades educativas y den una señal potente a profesores y equipos directivos, cooperando constructivamente con la tramitación del proyecto Aula Segura.
Las comunidades educativas necesitan que las apoyemos y que nos pongamos en sus zapatos, enfatizando el concepto de que los estudiantes no sólo tienen derechos, sino también deberes y obligaciones. Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sabemos que es parte esencial del proceso educativo el que los estudiantes entiendan que el ejercicio de la libertad debe siempre ir acompañada de responsabilidad y que los actos implican consecuencias. Es nuestro deber empoderar a los directores, brindando herramientas de solución expedita y efectiva para las comunidades educativas que se vean afectadas por hechos de altísima violencia y no dar cabida a actos de fuerza que impidan el ejercicio del derecho fundamental que tienen todos los demás estudiantes a tener clases con normalidad y poder acceder a una educación de calidad.
Tomás Mandiola Lagos Sec. Reg. Ministerial de Educación- Región de Los Ríos
