En un acto público realizado en el Colegio Concepción Pedro de Valdivia, la Gran Logia de Chile presentó la Carta de la Educación Laica, documento que reúne los lineamientos esenciales de la formación cívica en los establecimientos educacionales del país, promoviendo los valores del humanismo, el libre pensamiento y la libertad de consciencia.

La Asociación de Corporaciones Educacionales Masónicas de Chile reúne a 24 centros educativos masónicos, desde Valparaíso a Osorno, entre ellos el Colegio Laico de Valdivia. Su director, Rodolfo López, explicó que "la Gran Logia de Chile propicia la educación por medio de la creación de colegios laicos. Sin embargo, existiendo una larga historia de estos colegios, la visibilidad a veces es escasa".

Y prosiguió: "Se tomó entonces el acuerdo de generar esta declaración, en función de darle a conocer a la comunidad que existen estos colegios, que atienden a un universo cercano a los 22 mil estudiantes a lo largo del país. El gran objetivo es atender a estudiantes, respetándoles todo lo que tiene que ver con su dignidad como personas. Al ser humano hay que otorgarle las herramientas en su formación, que tengan que ver esencialmente con el crecimiento en el conocimiento, pero también desde el punto de vista de su formación valórica".

El director enfatizó que "el objetivo es que cada niño tenga un nivel de libertad de conciencia, que no se aferre a dogmas, que aprenda a vivir y convivir en la sociedad y que sea un ciudadano que ejerza su rol".

El Colegio Laico de Valdivia tiene una matrícula de 420 estudiantes desde prekínder hasta cuarto año medio.

Oscar Gallardo Ríos

El presidente de la Asociación Nacional de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Alfredo Martin, visitó ayer Valdivia en el marco del inicio de una serie de sesiones de directorio que realizarán en diferentes regiones del país.

"La idea es acercarnos a nuestros asociados regionales y compartir con las autoridades, como el presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia o la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y de esta manera intercambiar experiencias y manifestar nuestra opinión respecto de varios aspectos que están afectando al sistema notarial y registral chileno", comentó el abogado.

En esa línea, Martin se refirió a la reforma al sistema notarial que impulsa el gobierno. "Esta reforma la miramos como una cosa positiva en algunos aspectos que fortalecen las acción notarial y registral en Chile, pero también vemos con preocupación que se están incorporando algunos factores de riesgo para la fe pública que resultan altamente preocupantes", comentó.

Entre sus inquietudes, el dirigente expresó que "este proyecto es insuficiente, porque el proyecto del primer gobierno del Presidente Piñera establecía el incorporar varias funciones a los notarios que están hoy entregadas a la jurisdicción voluntaria de los Tribunales, como por ejemplo la designación de un curador especial para el cobro de pensiones asistenciales, que hoy tienen que seguir un trámite bastante largo y que ante notario, podría ser bastante más simple. Pero eso no se establece".

"Tampoco le agrega nuevas funciones a un sistema notarial que está disponible para desarrollar otras tareas, como por qué no, la celebración de contratos de matrimonio o de unión civil, o los divorcios de común acuerdo. Hay muchas cosas que hoy están entregadas a los tribunales, que tienen bastante trabajo, que podrían trasladarse a sede notarial", añadió el presidente nacional.

Con respecto a la incorporación de la tecnología en el sistema notarial, Alfredo Martin aseguró estar de acuerdo "en la medida que sea considerada una herramienta y no un fin, como algunos pretenden".

"Una de las cosas que más preocupa a nuestra Asociación es cómo hoy se pretende que la tecnología se constituya en un fin y que reemplace la actividad notarial. Eso es muy grave. La tecnología es una herramienta y lo que hace un notario constituye un fin. La fe pública no se puede entregar a un software de firma electrónica. La tecnología jamás va a poder acreditar si una persona está actuando libremente o si está en condiciones de entender el acto o contrato que está celebrando. Los sectores más vulnerables podrían ser perfectamente engañados", enfatizó.

El dirigente también manifestó estar de acuerdo con la simplificación de trámites, pero "no como lo plantea el proyecto, creando una figura tremendamente lesiva para el sistema jurídico chileno, como es el fedatario. Cualquier abogado que tenga cinco años de profesión y rinda un examen va a poder constituirse en un ministro de fe, lo que va a significar tener miles de ministros de fe desparramados en todo el país, sin control y que podría derivar en desbordes de ilegalidad".

Aspectos a favor

A pesar de las inquietudes manifestadas, el presidente de la Asociación de Notarios igualmente destacó algunos aspectos de la reforma, como por ejemplo que "establece un sistema de nombramiento que apunta hacia la meritocracia, para que desaparezca en el ambiente esto de que sólo se llega a ser notario por tener contactos políticos o porque se es amigo de una u otra persona".

Y profundizó: "En la actualidad, para ser notario se deben cumplir los mismos requisitos que para ser juez, para ser ministro de Corte y ser receptor judicial. Es decir, ser abogado, postular, rendir un examen, presentar los antecedentes personales y académicos. Postulan todos los abogados que cumplan los requisitos del Código Orgánico de Tribunales. Hecha la postulación a la Corte de Apelaciones respectiva, se confecciona una terna, que se remite al Ministerio de Justicia y es el ministro quien nombra".

"(Con la reforma) Cambiaría por cuanto se establecerían exámenes de conocimiento, de destreza y psicolaborales, para efectos de configurar un ránking. Una vez que está configurado, las cortes sólo podrán hacer la terna entre los 10 mejores puntajes. Entonces, esto restringe esta discrecionalidad sólo a 10 personas, se escoge la terna y va al ministro de Justicia", agregó.

Alfredo Martin también destacó de la reforma que "nosotros estamos muy de acuerdo en que se cambie el sentido de la fiscalización".

Consultado por las cuestionadas tarifas de los notarios, Alfredo Martin comentó que "la reforma no se hace cargo del tema de los aranceles. No obstante, que la gente diga que es caro, yo lo tengo que colocar en duda. Por ejemplo, vamos al caso de un contrato de arriendo, que cuesta $5.000 y se demora cerca de 40 minutos por cada ejemplar. Ese documento acredita una serie de hechos, que de lo contrario, deberían acreditarse mediante la interposición de un juicio. El juicio va a costar 700 mil pesos y se va a demorar un año en resolver. La gente estableció un estigma, pero el sistema notarial chileno es el más barato del continente americano".