Aclarar dudas sobre un servicio básico
Más que una polémica, la situación generada por los "medidores inteligentes" genera una inquietud para la comunidad. Los aparentes beneficios han pasado a segundo plano y la discusión se ha concentrado en confusos datos sobre obligatoriedad de su cambio y quién debe pagar...
Una polémica se ha desatado en los últimos días por la instalación de los "medidores inteligentes" de suministro eléctrico, en los domicilios de clientes regulados desde Arica hasta Los Lagos. Esto se materializaría en cambio de 6,5 millones de aparatos, con una inversión cercana a los mil millones de dólares, en un plazo de 7 años.
Los nuevos medidores digitales debieran ser más seguros, ayudar a reponer más rápido los cortes, monitoreables a distancia y otras características asociadas a su moderna tecnología. Sin embargo, esos aparentes beneficios han pasado a segundo plano y la discusión se ha concentrado en confusas informaciones sobre su costo, la obligatoriedad de su cambio y quién debe pagarlos.
El ruido surgió tras saberse que la instalación, según la normativa respectiva aprobada por la Cámara de Diputados en enero de 2018 -incluyendo los votos de los parlamentarios de Los Ríos de la época- será obligatoria, pero deberá pagarla el usuario a través de su cuenta mensual, mientras que el aparato pertenecerá a las compañías que dan servicio.
Lamentablemente no fue clara la comunicación de esa fórmula.En algún momento las empresas aseguraron que los equipos serían gratuitos, algo que incluso el Presidente se encargó de desmentir. "Seamos claros, siempre paga el usuario", dijo en una entrevista radial y explicó que el costo sería aproximadamente de $500 pesos mensuales y que estaría incluido en las boletas, junto con todos los demás elementos que componen la tarifa de kilowatt por hora que cobran las Eléctricas.
Por su parte varios diputados han salido a explicar que en 2018 "votaron sin saber de qué se trataba"; otros han presentado proyectos para que el cambio del medidor manual actual al digitalizado sea voluntario; mientras las organizaciones de consumidores realizaron protestas en ciudades como Valdivia, llamando a rechazar el nuevo sistema.
La situación se complejizó y ahora hay una confusión que va escalando y que resulta preciso terminar pronto, trasparentando procedimientos y responsabilidades. No es correcto, desde ninguna perspectiva, que la comunidad pase inquietudes frente a algo tan delicado como un servicio básico.