En varias ocasiones la Cámara Chilena de la Construcción ha puesto en evidencia las dificultades que existen para potenciar la actividad de su sector tanto a nivel nacional como en Los Ríos. Una de esas vallas es la falta de terrenos efectivamente urbanizados en áreas autorizadas para la edificación de viviendas. Es decir, terreno donde se puede levantar casas, pero que no tienen acceso a redes de alcantarillado, ni agua potable.
Lo anterior genera numerosos problemas relacionados con el freno a la inversión y la baja de empleos que ello implica; pero también lo complejo que se vuelve responder a las crecientes demandas habitacionales que tienen el país y la región, sobre todo en tramos se beneficios sociales.
Una información publicada durante el reciente fin de semana señala que el 46% del territorio urbano las principales ciudades de Chile no tiene cobertura sanitaria. La cifra llega al 52% en Valdivia, mientras que en Osorno es de 27% y en Temuco de 65%.
Lo anterior se debe a la expansión de las áreas habitadas, pero con un crecimiento que no es ordenado, ni armónico; por lo tanto, tampoco con una planificación adecuada. Y se generan áreas "raras" no contempladas en el ordenamiento de las ciudades. De hecho los Planos Reguladores se demoran tantos años en ser aprobados, que su vigencia posterior no tiene vínculo con la realidad. En la región, por ejemplo, ninguna comuna tiene su Plano al día.
Sin ese instrumento básico la ampliación de las redes de servicios se encarece y se hace lenta. Conocidos son los ejemplos locales vividos hace poco tiempo en Angachilla y en Torobayo; pero también en clásica la dificultad que existe en sectores de Las Ánimas y en toda el área de Niebla y la costa.
La pregunta que surge de inmediato es por qué no se coordinan mejor los servicios y por qué no se aceleran los trámites para hacer expeditas las inversiones y seguras las entregas de beneficios públicos y privados. La respuesta, claramente, sencilla no es. Corresponde darla a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss), entidad que debe velar por la cobertura y la calidad del sistema, en coordinación con las empresas respectivas.