Rechazo y confusión causaron en la oposición las declaraciones de ayer del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien, sobre la reforma de pensiones, dijo que no será el ente público que La Moneda comprometió el que necesariamente administrará el 4% adicional de cotización que establece el proyecto del Ejecutivo.

El comentario del jefe de las finanzas públicas abrió la sospecha en la oposición de que parte del monto extra podría pasar a manos de las AFP, algo contrario a lo acordado en la discusión preliminar.

La creación de la entidad pública fue una promesa hecha por el secretario de Estado el pasado jueves, además de otros cambios a la iniciativa, para lograr la aprobación a la idea de legislar, la que se concretó ese día con votos de diputados DC y radicales.

Compromisos se cumplen

El primero en reaccionar fue el diputado Pepe Auth (independiente, ligado al Partido Radical), quien dijo a 24 Horas que si el "compromiso se debilita en lo más mínimo, será rechazado en la comisión de Trabajo y en la comisión de Hacienda y en la Sala. Los compromisos se hacen para cumplirse".

"(Larraín) ha relativizado el acuerdo y si la indicación no refleja lo que acordamos, la indicación será rechazada (...) Nosotros tenemos la sartén por el mango, tenemos la mayoría, por lo tanto, si las indicaciones no nos satisfacen, votaremos en contra", agregó.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), a través de su cuenta de Twitter, planteó que "sería bueno que el Gobierno o el propio Presidente, Sebastián Piñera, salga a aclarar este tema, ya que todos entendieron algo distinto a lo que hoy (ayer) dice el ministro Larraín".

En tanto, el diputado Matías Walker (DC) expresó: "La propuesta de diputados DC fue clara y fue acogida por el Gobierno de Chile en discusión en Sala como condición para seguir discutiendo la reforma previsional". Y añadió: "La nueva entidad estatal administrará el 4% de cotización adicional, sin que las AFP puedan participar. Así lo hemos reiterado a ministros".

"no hay letra chica"

A raíz de la confusión provocada, Larraín descartó una "letra chica" en el proyecto y aseguró: "Yo hablé de un ente público siempre, que va a estar a cargo del 4 por ciento, y eso se va a cumplir".

En Cooperativa, el ministro explicó que será "una institución distinta", un "ente nuevo" que estará "a cargo del 4%, el que se invertirá de forma distinta" al 10% que ya se cotiza en las AFP.

"Esto puede tomar distintas formas (...) Podría tomar la forma de un consejo público que esté a cargo de este 4 por ciento. Podría ser una institucionalidad distinta", expresó.

Respecto de una posible licitación, Felipe Larraín manifestó que "la forma exacta en que esto ocurra es algo que tenemos que definir, conversándolo, evaluándolo nosotros y evaluándolo con la oposición. No lo tenemos definido".

Por la tarde, y tras reunirse con el Presidente Sebastián Piñera y su par de Hacienda, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, dijo que un ente público tendrá la responsabilidad sobre el 4% adicional: "Un consejo público o institución pública tendrá la responsabilidad sobre esos fondos y tendrá que fijar los criterios, pautas, supervigilar y podrá requerir las asesorías de expertos y organismos especializados para la adecuada inversión de estos fondos". Y añadió que no se ha considerado que las AFP se hagan cargo de esos fondos.

El diputado DC Raúl Soto fustigó la posición "autoritaria" de su partido, donde "parece" que no hay libertad "de acción" ni de "opinión", según dijo. Esto, luego de que la bancada informara a la Secretaría de la Cámara que lo sacaba de la comisión de Trabajo, que él preside, y nombrar en su lugar a Gabriel Silber. Soto rechazó en la instancia la idea de legislar la reforma de pensiones.

Tolerancia cero al narcotráfico y la corrupción, nuevas tecnologías de seguridad, mejoras en la infraestructura y coordinación en los procesos de investigación entre Gendarmería y el Ministerio Público, son los ejes que aborda el Plan Antidrogas y Anticorrupción que está aplicando el Gobierno en las cárceles y que fue dado a conocer ayer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

Larraín aseguró que "uno de los puntos claves" lo constituye la tolerancia cero a la corrupción, "buscando la incautación de especies prohibidas y en particular estableciendo un cronograma de allanamientos. Se hará allanamientos en los recintos más peligrosos dos veces por semana, en los de mediana peligrosidad una vez por semana, y en los de baja complejidad una vez cada 15 días (…) Creemos que con esta intensidad, con la colaboración de todos los funcionarios penitenciarios, vamos a poder dar la señal de que no se acepta ni la corrupción ni el narcotráfico".

El ministro agregó: "Seguiremos trabajando para que la ciudadanía tenga tranquilidad y los planteles penitenciarios trabajen para custodiar y para preparar a los internos para la reinserción, no para que se cometan actos indebidos y eventualmente actos delictuales al interior de ellos".

Entre las medidas, el plan incluye compra de drones de seguridad y de dispositivos que desactivan drones, el bloqueo de la señal de teléfonos celulares dentro de las cárceles, la instalación de mallas anti lanzamientos en los principales recintos penitenciarios, la creación de las unidades de Inteligencia y de Investigación Criminal, la desvinculación inmediata de todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción, y la revisión periódica de especies en poder de la población penal.