El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, firmó una resolución exenta, que no requiere ser aprobada por la Contraloría, que establece la suspensión de la Consulta Indígena por 15 días. La medida puede ser renovada en dos ocasiones más, hasta cumplir 45 días.

El proceso, que el Ejecutivo está obligado a realizar pues el Estado de Chile se encuentra suscrito al Convenio 169 de la OIT, buscaba viabilizar la modificación a la Ley Indígena.

La decisión del Gobierno se da en medio de las críticas que ha tenido que enfrentar la consulta desde los propios pueblos originarios y partidos políticos. A esto se suma los hechos de violencia en varias zonas del país, que no permitieron concretar con éxito la consulta. De 139 talleres del proceso, sólo en 79 se pudo hacer.

El Gobierno evalúa incluso cancelar definitivamente la consulta, dados sus problemas de "representatividad".

La Corte Suprema volvió a referirse a su rol en el combate a la delincuencia, luego de que días atrás el Presidente Sebastián Piñera dijera que hay jueces "que no cumplen la ley" y brindan "impunidad" a quienes delinquen.

En un nuevo juramento de abogados, el titular (s) de la corte, Sergio Muñoz, afirmó que "el Estado debe tener preocupación especial con las víctimas", pero "no es posible plantear las soluciones exclusivamente desde la represión (...) La delincuencia, sin duda, es un problema social".

"El insulto, el actuar destemplado y la caricatura no forma parte de un sano intercambio de ideas en una república democrática. El pueblo tiene la instrucción suficiente para entender en quién radica la competencia en las funciones de garantizar la seguridad ciudadana", dijo Muñoz.

Valoró la legislación que promueve el cumplimiento de condenas mediante penas alternativas al encierro y expuso que Chile requiere de "un sistema integral de persecución penal, que ampare a la víctimas y sancione todas las conductas ilícitas"; garantice el respeto de todos los derechos, donde se coordine la prevención, la represión, la ejecución de las penas y la rehabilitación; y que, "por ser precisamente integral", reduzca efectivamente la criminalidad.

El Presidente Sebastián Piñera visitó ayer la 54 Comisaría de Huechuraba, que en la víspera fue afectada por un ataque explosivo que dejó ocho funcionarios de Carabineros lesionados, y aseguró que la lucha contra el terrorismo es frontal.

"Quiero enfatizar que nuestra lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la delincuencia es total y absoluta, es una lucha que compromete a Carabineros, a la PDI, a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Gobierno", sostuvo.

"Esta es una lucha sin cuartel, sin tregua, sin contemplaciones y siempre dentro del marco de la ley. No puede haber ninguna duda, ninguna ventaja, porque el enemigo que tenemos al frente es un enemigo cruel, implacable, y además muy poderoso, como lo demostró ayer (el jueves) cuando atentó contra la vida de Carabineros en esta comisaría", añadió el gobernante.

El mandatario también aludió a críticas de políticos y especialistas sobre la falta de imputados o condenados en las indagatorias de este tipo. Aludiendo a las sentencias dictadas en el caso Bombas II o por las detonaciones en Gendarmería, planteó que la acción conjunta de las policías, la Fiscalía y el Poder Judicial "está dando resultados".

"Yo estoy seguro de que los que de forma tan cobarde atentaron contra la vida de nuestros carabineros no van a quedar impunes. Las investigaciones a veces tardan, pero estoy convencido de que vamos a lograr detener, juzgar y condenar a estos cobardes", expuso.

Hubo sospechas

En otra arista de los hechos, La Tercera reveló que el paquete enviado al exministro Rodrigo Hinzpeter, fue depositado en la silla de su oficina y contenía medio kilo de dinamita.

El explosivo dirigido al hoy gerente legal de Quiñenco, que ocupa los pisos 14 al 20 de un edificio en Las Condes, fue interceptado por personal del lugar, pero se presume que el funcionario a cargo no se percató de la alarma del sistema.

Luego de que los trabajadores de Correos Chile que llevaban el paquete se registraran, el escáner por el que pasa cualquier bolso perteneciente a quienes no tienen acceso directo a las oficinas detectó una caja sospechosa cerca de las 10:20 horas, pero de igual forma se permitió su ingreso a la recepción de Quiñenco.

El funcionario a cargo de entregar la correspondencia en la empresa lo entregó a la secretaria de Hinzpeter, quien entró a su despacho y dejó el paquete en su silla, pues el gerente había salido temprano.

Ayer, la PDI tomó declaración al extitular del Interior y de Defensa, en su oficina.

Despido de gerente

En otro plano, Codelco informó ayer que desvinculó a Francisco Marín Aguilar, gerente que fue detenido tras decir que portaba una bomba en el aeropuerto de Calama.

El hecho ocurrió la noche del jueves cuando el ejecutivo, tras pasar por el control de equipaje, gritó que portaba un artefacto explosivo. Fue detenido de inmediato.

La minera estatal aseguró, a través de un comunicado, que se "decidió poner término inmediato al contrato de trabajo del ejecutivo Francisco Marín Aguilar, luego del incidente ocurrido ayer (el jueves) en el aeropuerto de Calama y que es ampliamente conocido por la opinión pública".