El Gobierno interino de Bolivia envió ayer un proyecto de ley al Parlamento para que inicie el proceso hacia unos nuevos comicios, aún sin fecha exacta aunque en su enunciado dice "para las Elecciones Generales 2020", en medio de la grave crisis en el país, la que ha dejado cerca de 30 muertos.

El proyecto fue entregado al Parlamento, en el que tiene mayoría el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, quien renunció a la Presidencia y está asilado en México.

Jeanine Áñez, quien asumió la Presidencia de forma interina tras la renuncia de Morales, dijo que el objetivo del proyecto es garantizar un proceso electoral "transparente" y que el resultado en las urnas "sea respetado".

El 10 de noviembre, Evo Morales anunció su renuncia tras casi 14 años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas, y al día siguiente salió hacia México, donde está asilado.

Las protestas comenzaron al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre, entre denuncias de fraude a favor de Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, pero renunció tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios.

Esas elecciones, en palabras de la gobernante interina, desembocaron en "un fraude electoral que provocó muchísima convulsión" en el país.

Nuevo órgano

La jefa de Estado provisional recordó que tiene que ser la Asamblea Legislativa o Parlamento la que debe nombrar un nuevo órgano electoral. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral central y de sus delegaciones en las nueve regiones de Bolivia están procesados.

Jeanine Áñez indicó que será el nuevo órgano electoral el que fije el calendario hacia los próximos comicios. El proyecto de ley ingresado ayer es "un documento base para generar un consenso nacional", que puede modificarse en el Parlamento, apuntó. El ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, explicó que primero es necesario anular la votación del 20 octubre.

El embajador estadounidense ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondl-and, afirmó que "todo el mundo lo sabía, no era un secreto", al relatar en el Congreso las estrategias de la Casa Blanca para presionar a Ucrania con la intención de conseguir que Kiev investigara al exvicepresidente y actual aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden.

En una audiencia muy esperada, Sondland sorprendió al reconocer que, según él, existió "quid pro quo" (dar algo a cambio de otra cosa) en las coacciones del presidente estadounidense, Donald Trump, a Ucrania, al condicionar una invitación a la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, a las pesquisas sobre Biden.

"¿Hubo quid pro quo? (...) Con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí", afirmó el diplomático, conocido donante republicano y personalmente elegido por Trump para representar el país ante la UE.

Para sustentar la implicación de "todo el mundo", incluyendo a Trump a través de su jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, y su abogado personal, Rudy Guiliani; y miembros del Gobierno, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el de Energía, Rick Perry, Sondland compartió correos electrónicos, contenidos de grupos de Whatsapp y mensajes de texto. Según esas comunicaciones, Sondland y los otros implicados organizaron llamadas y posibles encuentros entre Trump y Zelenski, sujetos al compromiso del Ejecutivo ucraniano de llevar a cabo una investigación "totalmente transparente" sobre Burisma, la empresa en la que trabajaba el hijo de Biden, Hunter.

Sondland insistió en la existencia de "quid pro quo". "Sí, pasó. Porque Trump quería y todo el mundo lo sabía. Y ahora lo están encubriendo", insistió el embajador, quien expresó: "Seguimos las órdenes del Presidente". Sin embargo, admitió que el mandatario estadounidense nunca le dijo a él específicamente que la ayuda militar a Ucrania estaba condicionada a la investigación de Kiev a Biden y su hijo Hunter.

Más de dos horas después de que Sondland iniciara su comparecencia, Trump aseveró que no exigió "nada" a Ucrania a cambio de entregarle ayuda militar o acceder a una reunión.

Redacción

México, con al menos 550 denuncias, y Chile, con 243, lideran en América Latina las denuncias contra miembros de la Iglesia Católica por abusos sexuales contra menores.

Así se desprende del informe de la ONG británica Child Rights International Newwork (CRIN) "La tercera oleada: Justicia para los sobrevivientes de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica de América Latina", el que publicó ayer en su web. CRIN es un centro de pensamiento internacional que defiende los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Cambio cultural

El reporte destaca que en Argentina y Chile, "un número cada vez mayor de víctimas de abusos sexuales, hoy día sobrevivientes, tiene el coraje de compartir sus experiencias y actuar contra sus agresores y la institución religiosa". CRIN resaltó que los sobrevivientes han empezado a reclamar colectivamente a sus gobiernos para que creen una comisión independiente "para investigar la verdad en torno a los abusos sexuales en la Iglesia Católica". "Aunque Chile es el primer país latinoamericano en pedirlo, esto forma parte de una oleada mundial que demanda a la Iglesia que rinda cuentas", añade.

De ahí el nombre del informe, pues, como dice CRIN, "muchos activistas han predicho que en América Latina se producirá una 'tercera oleada' de revelaciones y movilizaciones masivas de sobrevivientes de abusos de la Iglesia", tal como ocurrió primero en Norteamérica e Irlanda, y después en el resto de Europa y Oceanía.

Se plantea que los abusos denunciados "están al alza a nivel mundial", aunque se llama la atención sobre la "poca información de fuentes nacionales" respecto de ellos en Brasil, Cuba, Ecuador y Honduras. En Brasil, los casos ya en 2005 habrían sido al menos 170.

En México, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes declaró haber lidiado con unos 550 casos y la Iglesia Católica reveló haber suspendido a 152 religiosos.

El informe dice que la Iglesia ha intentado, por décadas, evitar que las acusaciones salieran a la luz, por ejemplo, trasladando a los abusadores a otras parroquias o al extranjero, culpando a las víctimas y a sus padres, o censurando medios. Y agrega que para quienes han sufrido abusos o explotación sexuales en la infancia, la más importante barrera judicial para hallar una reparación es la existencia de plazos de prescripción excesivamente restrictivos.