La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) rebajó en 1,2 puntos, respecto de mayo pasado, su perspectiva de crecimiento para la economía chilena en 2019, la que situó en 2,2%, debido a las protestas sociales y a la inestabilidad de la región.

En su informe semestral Panorama Económico, la OCDE redujo también su previsión para 2020 hasta el 2,4 por ciento, pero estimó que en 2021 Chile crecerá un 3,5%. Para el PIB mundial, proyectó un 2,9% de crecimiento este año.

La organización consideró que una política fiscal sostenible y unos "sólidos cimientos macroeconómicos" deberían respaldar el crecimiento "pese al impacto negativo" de las protestas. "Sin embargo, las proyecciones están sujetas a una considerable incertidumbre debido a los continuos disturbios sociales. Las causas del estallido deben ser abordadas para impulsar el bienestar de los hogares y fortalecer la confianza empresarial", sugirió.

Según el análisis, "los recientes disturbios sociales pesan sobre el consumo y la inversión" y "el mercado laboral sigue sometido a indicadores conflictivos". Destaca que "la tasa de desempleo no ha disminuido, ya que el mercado laboral no ha sido lo suficientemente flexible para adaptarse a la reciente ola de inmigración".

Un fracaso o retraso en la implementación de las "necesarias y ambiciosas reformas sociales llevaría a un crecimiento más débil que el proyectado", añade la entidad.

Según la OCDE, "el conflicto comercial, la inversión empresarial débil y la persistente incertidumbre política están pesando sobre la economía mundial y aumentan el riesgo de estancamiento a largo plazo".

Redacción

El Presidente Sebastián Piñera sostuvo que, tras decretar el estado de emergencia el 19 de octubre, "en algunos casos no se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se cometieron abusos". En un encuentro con la prensa extrajera, dijo que todo aquello "está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los tribunales de justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho".

Consultado por si ha considerado crear una comisión de verdad, justicia y reparación, expresó: "Chile tiene una institucionalidad democrática, tenemos tribunales de justicia independientes, una Fiscalía independiente, instituciones cuya labor y en forma independiente y autónoma del Gobierno es proteger los derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la Defensoría de la Niñez. Todas esas instituciones han funcionado con plena independencia, con total autonomía y con el total apoyo y respaldo del Gobierno (...) Nuestra democracia ha pasado por una prueba muy difícil, pero ha demostrado que tiene raíces profundas". También dijo que ha buscado "compatibilizar el orden público con los derechos humanos".

Números de amnistía

Piñera hizo tales declaraciones el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) denunció, en un informe, graves violaciones a los derechos humanos en el país, tras realizar observación en terreno por casi tres semanas.

Amnistía Internacional destacó el uso de armamento militar en manifestaciones pacíficas, torturas, abusos sexuales y lesiones oculares por uso de armas antidisturbios letales o por el mal uso de bombas lacrimógenas. Hasta el momento, ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones, ocurridas del 19 de octubre al 11 de noviembre.

Érika Guevara, directora para las Américas del organismo, declaró que ha habido "ataques generalizados contra la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar" a quienes se expresan.

El informe de Amnistía Internacional afirma que el Ejército usó al menos en cuatro ocasiones armas letales y que, en otros casos, la PDI y Carabineros también lo hicieron.

Pilar San Martín, especialista del equipo de crisis, indicó que en las decenas de casos documentados por la organización, "ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o ser matada".

Amnistía pidió al Gobierno dar "órdenes precisas" a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la "máxima restricción" en el uso de la fuerza, y dijo que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que conduce a pensar "en la responsabilidad del mando al más alto nivel".

El abogado que defiende al exministro Andrés Chadwick de la acusación constitucional presentada por diputados opositores en su contra, Luis Hermosilla, dijo ante la comisión que revisa el libelo que el anterior titular de Interior y Seguridad Pública "cumplió total y completamente con todo lo que le ordenaban la Constitución y las leyes, al momento en que se fueron tomando las decisiones a raíz de los hechos de inusitada violencia que vivió el país".

Chadwick es acusado por la presunta violación de derechos humanos durante los Estados de Emergencia aplicados en anteriores semanas. "La obligación de él consistía en asegurar el mantenimiento del orden público, precaver la vigencia del Estado de derecho, y todos sus actos se encuentran impregnados de esa actitud", dijo Hermosilla, y añadió que Chadwick "no faltó nunca a sus obligaciones".

También el general director de Carabineros, Mario Rozas, asistió a la comisión. "Dentro de las instrucciones, obviamente, lo que más me recalca (Chadwick) es que esto (el despliegue de Carabineros) sea dentro del Estado de derecho y respetando los derechos humanos de las personas y, sobre todo, tratando de mantener el orden y la seguridad".

Sobre los posibles excesos en el uso de la fuerza de parte de funcionarios policiales, Rozas dijo que "me indigna mucho cuando alguno de los nuestros comete un abuso o un exceso y soy el primero en condenarlo. Nosotros tenemos 489 casos de civiles heridos por perdigones o impactos balísticos, y lo hemos denunciado al Ministerio Público y hemos iniciado los sumarios administrativos".

Agregó que han iniciado más de mil sumarios en la institución desde que comenzó la crisis y comentó que de cada diez marchas, dos de ellas terminaron en actos de violencia. Otras cifras que entregó: se han registrado 5.338 eventos de graves alteraciones al orden público, 15.184 detenidos, 998 civiles y más de 2.000 carabineros lesionados.