Parlamentarios valoran acuerdo sobre proceso constituyente y cuestionan sueldos e inclusión
POLÍTICA. Congresistas de la región de Los Ríos indicaron que resultado es un avance, pero presentaron algunos reparos.
Luego de tres semanas de trabajo, los 14 integrantes de la mesa técnica mandatada por los partidos políticos que firmaron el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución" entregaron su propuesta de texto de reforma constitucional. En el documento plantean el camino a seguir para la creación de una nueva Carta Fundamental.
Indican que el Presidente de la República convocará a un Plebiscito Nacional para el 26 de abril de 2020. Se entregarán dos papeletas, en una se consultará si se desea una nueva Constitución y en la otra quién debería redactarla. Los canales de televisión transmitirán una franja de 30 minutos diarios con cada alternativa (apruebo o rechazo el cambio). Si la ciudadanía aprueba la creación de una nueva Carta Fundamental, el Presidente deberá convocar -en cinco días- la elección de los miembros. A ellos se les denominará "convencional constituyente".
Los integrantes
Si se opta por una Convención Mixta Constitucional, es decir, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y por parlamentarios en ejercicio, estará compuesta por 172 personas. Si se prefiere una Convención Constitucional, es decir, un grupo integrado exclusivamente por miembros elegidos popularmente, debe estar compuesto por 155.
Los convencionales constituyentes no podrán postular a otro cargo de elección popular mientras ejerzan sus funciones, además, no podrán ser candidatos hasta un año después de que terminen sus labores en la convención.
Se escogerán según el sistema de elección de diputados y, además, por lo establecido en las leyes de votos y escrutinios. Sin embargo, se dejó la opción de ingresar nuevos elementos para estos sufragios hasta el 25 de junio de 2020.
Podrá postular cualquier ciudadano chileno mayor de 18 años. Las autoridades de organismos públicos deberán cesar sus cargos una vez presentadas sus candidaturas; los dirigentes gremiales y sindicales también tendrán que suspender sus funciones.
Los convencionales estarán afectos a la ley de probidad en la función pública y a la ley de lobby. Además, se fijó una remuneración de 50 UTM (unos 2 millones 480 mil pesos) mensuales para ellos, más asignaciones. Esta es parte de la propuesta, que tendrá que ser presentada y discutida en el Congreso.
Parlamentarios locales
Sobre el acuerdo al que se llegó para generar esta propuesta, la senadora UDI Ena von Baer expresó: "que hayamos podido llegar a un acuerdo en la mesa técnica para poder darle viabilidad al camino marcado por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución significa que van a ser los ciudadanos los que van a decidir si quieren mantener la Constitución actual, reformándola, o si quieren una Constitución completamente nueva. Creo que lo más significativo es que entre todos los sectores políticos hayamos logrado llegar un consenso que nos permita darle una salida política a esta crisis que estamos viviendo. Ahora lo más importante es recuperar la paz y el Estado de Derecho".
El diputado UDI Gastón von Mühlenbrock destacó que "debemos valorar un acuerdo que está a la altura de las necesidades que se han planteado por parte de la ciudadanía. Aquí hubo una capacidad de ponerse de acuerdo en un proceso de reflexión constitucional con todos los sectores políticos, donde nos interesa que la voz de la gente se vea representada (..) con una persona un voto, garantizando así los resultados del proceso".
Para el diputado RN Bernardo Berger "este es un gran acuerdo que entrega garantías de una real representación del país con un proceso transparente, que recoge gran parte de las inquietudes y propuestas transversales de la ciudadanía y de casi todo el espectro político". Aseguró que como parte del oficialismo y de RN "estamos muy orgullosos de este logro y agradecidos de la disposición que ha tenido la gran mayoría de la oposición. Hoy es importante que podamos hacer un gran esfuerzo para socializar con la ciudadanía el proceso que se viene por delante". Sin embargo, consideró que "con respecto al proceso de elección de los convencionales, creo que es un buen sistema que se puede seguir conversando, pero quizás hubiera esperado que el sueldo asignado fuera más razonable, más modesto".
Temas que faltan
El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, dijo que "si bien es cierto esto ya es una posición clara y una solución, creo que también se ha desperdiciado una preciosa oportunidad de haber dado una señal súper clara de que no puede haber una nueva Constitución sin que los pueblos originarios de Chile tengan una participación especial en el proceso constituyente y en la nueva Constitución. Tampoco se aprovechó la oportunidad de haber dado una señal clarísima de que las mujeres tienen que tener un espacio, como también el mundo de los independientes. Habrá que buscar la fórmula para que de acuerdo al sistema electoral vigente o haciendo los cambios que haya que hacer los independientes de Chile puedan participar a través de alguna organización y no a través de los partidos políticos".
El diputado PS Marcos Ilabaca valoró el acuerdo general. "Yo creo que aquí lo que corresponde es la Asamblea Constituyente, aunque tiene un nuevo nombre dentro de este proceso, donde sean ciudadanos quienes lleguen a generar esta nueva Constitución. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que claramente falta darle mayores garantías a los independientes, ya que no existe un sistema donde se asegure que una buena parte de las personas que participen sean independientes. Asimismo, creo que la paridad de género es fundamental, las mujeres deberían tener asegurado -al igual que los hombres- un nivel de participación dentro de este proceso, así como también los pueblos originarios".
El diputado independiente Patricio Rosas indicó que "este acuerdo significa avance y que dentro de esta crisis se van obteniendo resultados, pero por otro lado, que no esté en la propuesta la paridad y la presencia de independientes y de pueblos indígenas, creo que es una falencia. También creo que es una falencia que existan límites con respecto a tener las sentencias judiciales firmes o ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile, porque, por ejemplo, el tema de sentencias por derechos de agua nos podría impedir que el agua pueda ser un bien público, pero hay espacio para corregir la propuesta. Es importante que lo ocupemos".