30 años | 10 de diciembre de 1989

Choque de trenes en Chillán afectó a viajeros valdivianos

Pasaron por el susto de sus vidas, pero afortunadamente solo hubo heridas de menor consideración entre los valdivianos que regresaban a la zona a bordo del Raído del Calle Calle, que chocó con otro tren cerca de Chillán. Los pasajeros de la zona llegaron ayer por la tarde a Valdivia y narraron sus dramáticas experiencias.

20 años | 10 de diciembre de 1999

Supermercado pagará indemnización a clienta

Tres millones deberá pagar la empresa Comercial Único Limitada, como indemnización a una clienta que fue detenida ilegalmente por dos guardias del supermercado de calle Arauco, en julio de 1997. La mujer fue retenida contra su voluntad, acusada de intento de robo, pero el Primer Juzgado Civil falló en su favor.

10 años | 10 de diciembre de 2009

Carrera electoral llega al ultimo día de propaganda

Hoy es el último día para emitir o mostrar propaganda de las candidaturas a Presidente de la República y diputados en el caso de la región de Los Ríos, ya que los senadores seguirán en sus cargos por otros cuatro años. Todos los postulantes reiteraron su confianza en conseguir las preferencias de la ciudadanía.

Uno de los efectos más dramáticos de todo lo que ha ocurrido en el país desde que comenzaron las jornadas de movilizaciones y protestas, hace ya casi dos meses, ha sido la pérdida de su trabajo que ha sufrido una importante cantidad de compatriotas y que, lamentablemente, podría verse aumentada de no mejorar la marcha en diversos aspectos de la actividad productiva.

Es muy contundente la cifra aportada por la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social de Los Ríos, que señala que en la región los despedidos por la causal necesidades de la empresa, determinada en el Artículo 161 del Código del Trabajo, llegaron a 607 durante noviembre, con un doloroso aumento de un 44 por ciento en comparación a igual periodo de 2018, cuando el registro llegó a 419 casos.

La información agrega que muchas de estas situaciones han ocurrido al interior de pequeñas y medianas empresas, las que por su naturaleza disponen de menores recursos y herramientas para mantenerse y menos para pensar en crecimiento, por mucho que haya estado en la mente de sus gestores hasta mediados de octubre.

Lo anterior ha provocado la inquietud de las autoridades y las organizaciones sindicales, que deben buscar fórmulas para tratar de impedir que el fenómeno se mantenga en la variable que apunta hacia una mayor cantidad de despidos.

Han aparecido algunos anuncios en torno a planes de mantención del empleo en algunas de las pymes, así como capacitación para que quienes ya han sido afectados tengan la posibilidad de desarrollarse en una nueva alternativa.

Sin embargo, lo primordial es lograr el equilibrio que permita dar la tranquilidad necesaria a una sociedad que ha sido golpeada en su conjunto por el accionar que parecieran estar indiferentes frente al drama que representa para una familia que uno de sus integrantes, muchas veces el principal sostenedor, tenga que pagar las consecuencias de una situación de la que son completamente inocentes.

A segundo trámite pasó el proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo, que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables a estos actos. La llamada "ley anti-encapuchados" fue aprobada por 127 votos y ha causado controversia esta última semana.

Es importante recalcar que ésta no es una ley para desincentivar las marchas pacíficas que se encuentran dentro de la legalidad. Este proyecto busca frenar el vandalismo y destrucción que se producen en forma paralela a las marchas o posterior a su realización, y que causan graves daños a las personas, las comunas, los emprendimientos y al empleo.

Ya es tiempo de abordar en forma seria la seguridad ciudadana, abogando por fortalecer la paz social y castigar efectiva y severamente a quienes prefieren delinquir por sobre manifestarse en forma pacífica y con respeto, cosa que ha pasado en estas ya siete semanas desde el inicio del estallido social.

Como consecuencia de estos actos -condenados en forma transversal-, miles de chilenos han perdido su fuente laboral, afectando por ende a sus familias y su calidad de vida. La legitimidad de las demandas sociales también se ha visto opacada por los saqueos y quemas.

La nueva ley, que todos esperamos se apruebe, especifica que ahora los desórdenes públicos tendrán connotación penal. Se plantea que las sanciones vayan desde 541 días a tres años como mínimo y a cinco años como máximo. Esto, con el agravante cuando se trata de impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

Otra de las modificaciones de la ley señala que también aumentará el peso de la ley, cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean éstos públicos o privados, o cuando se incendien objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

Pero más allá de la iniciativa en materia de ley, es fundamental ir tomando distancia de la violencia desatada en Chile estos meses, y apartar a quienes ven en las manifestaciones una oportunidad de destruir, enlodando el espíritu cívico que tanto echo de menos en mi país.

Bernardo Berger Fett Diputado por Los Ríos