Una misión enviada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) a Chile para investigar la violencia en el marco de la crisis, concluyó que ha habido "un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos", las que "incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias".

Añadió "que hubo numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales".

En un informe de 35 páginas, el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., encabezado por Michelle Bachelet, hizo varios alcances críticos sobre todo a Carabineros. "La ACNUDH considera que en su actuación Carabineros y el Ejército no han adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza", sostiene.

En varias protestas, "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", añadió la misión, que expuso que, de acuerdo a lo recopilado, "Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente".

Apuntó que se incumplió el principio del uso gradual y progresivo de los métodos de dispersión ante manifestantes violentos. "En estos casos se ha recurrido de forma mínima al diálogo, la contención y a métodos disuasivos". Además, observó "un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas".

Consideró que "el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las 'armas menos letales' se han utilizado de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de lesiones". En este ámbito, el informe relata casos particulares, como el del estudiante Gustavo Gatica.

La oficina de la ONU entregó 21 recomendaciones, una de las cuales es adoptar medidas respecto de Carabineros para: 1) asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, 2) garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública, 3) fortalecer los sistemas de registros de detención, 4) asegurar que reciban capacitación de vanguardia (incluyendo una perspectiva de género) sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades, e 5) incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección para personas y grupos discriminados.

La ACNUDH recopiló "información sobre 133 actos de tortura y malos tratos. En la mayoría, los presuntos autores son miembros de Carabineros. La mayoría de estos casos tuvieron lugar durante el arresto, el traslado a los centros de detención o durante la detención". También hay "relatos reiterados de tortura psicológica, como amenazas de muerte, amenazas de 'desaparecer' a la persona, amenazas de violación, palizas a familiares y amigos frente a la persona y amenazas de agresión contra miembros de la familia".

Observó también "una gran cantidad de actos de violencia" contra policías y soldados. Según el Gobierno, 2.705 de ellos fueron heridos del 18 de octubre al 6 de diciembre.

El Gobierno lamentó las denuncias que recibió y reportó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respecto de violaciones a estos en el marco de las manifestaciones en Chile.

"Queremos lamentar profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada (...) Cada una de ellas está siendo o será investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a que determinen los tribunales de justicia", dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

Sin embargo, La Moneda reparó que "es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones" que "no están adecuadamente representadas, contienen información errada o les falta información actualizada", explicó Recabarren. Por ejemplo, se expuso que el Gobierno "ha garantizado el derecho a reunión y manifestación pacífica" y que Carabineros ha instruido cientos de sumarios.

El canciller Teodoro Ribera expuso que "de una vez por todas, no podemos estar preocupados de informes más e informes menos. Llevamos cuatro informes, por tanto, lo que al país le interesa es volver a la normalidad, con respeto a los derechos fundamentales". Dijo que algunas recomendaciones de la misión "están fuera del ámbito" del Alto Comisionado, como garantizar la paridad de género en una eventual nueva Constitución.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, comentó, por su parte, que "los informes de la ONU en estas materias son informes universalmente acreditados. Son reportes que tenemos que tomar con toda seriedad (...) Disponemos de un informe digno de ser tomado en cuenta".

El informe expone, sobre las 26 investigaciones en curso por "personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones", que 4 de esos casos se deberían a "acciones que involucran a agentes del Estado" y que "dos personas murieron bajo custodia policial". También reporta "una persona que supuestamente se habría suicidado en una comisaría" y dice que en dos de los casos que documentó, "aparece que se utilizó fuerza letal con armas de fuego donde no era estrictamente inevitable para proteger la vida". Esto "contradice las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza" y podría "constituir una ejecución extrajudicial".