La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, aseguró que la cifra de 100.626 despidos que ha habido desde el inicio de la crisis social (18 de octubre) puede confundir, pues en ella está incluidas dos semanas de octubre, todo noviembre y parte de diciembre.

En un mes "normal" en Chile, las cartas de despido ascienden a 42 mil, dijo la autoridad. Por tanto, si se considera los casi dos meses medidos, habría una diferencia de 20 mil despidos en el último tiempo. "¿Cuál es el problema y dónde nosotros estamos preocupados? Que en un mes normal, esas 40 mil personas que eran desvinculadas no se demoraban mucho en encontrar trabajo y es por eso que teníamos una tasa de desempleo que estaba en torno al 7 por ciento", manifestó en Cooperativa.

"El problema es que no sabemos todavía cuánto le va a costar a estas personas encontrar de nuevo un trabajo. La situación para nosotros se agudiza, porque tenemos diciembre y enero, que son dos meses donde las cifras pueden quedar un poco disfrazadas por el hecho de que son meses en que hay una intensiva contratación part-time", añadió.

En lo económico, el Consejo Fiscal Autónomo manifestó su "preocupación por el deterioro de las cuentas fiscales". El organismo indicó que tal deterioro se expresa, entre otras cosas, en "el alto nivel de deuda bruta del Gobierno Central al que se llegará en el mediano plazo". Considerando el escenario sin el proyecto de ley de modernización tributaria, que aún en trámite legislativo, la entidad estimó que en lugar de converger a un déficit estructural de 1% del Producto Interno Bruto en 2022, habrá un déficit de 2,3% del PIB para ese año.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, dijo que la propuesta de Hacienda para el reajuste de los funcionarios públicos "es una vergüenza", pues sería la primera vez en 30 años que, en términos reales, el sueldo de muchos se reduce.

Redacción

Veinte personas fueron detenidas y serán formalizadas hoy por presuntos delitos de corrupción cometidos dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y que también involucrarían a otros ministerios.

Ayer, la Brigada Investigadora de Delitos de Lavado de Activos de la PDI hizo varios allanamientos en distintas dependencias del Gobierno, gracias a las cuales se obtuvo correos electrónicos y otros documentos.

Los eventuales delitos habrían ocurrido entre 2014 y 2019, y corresponderían a irregularidades en licitaciones informáticas. El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Ledezma, informó que el grupo de imputados será llevado hoy ante el Séptimo Juzgado de Garantía para su formalización.

"No hay simplemente delitos asociados a hechos de corrupción. Además, cada peso que se pierde, va en perjuicio de familias que lo necesitan, que tienen que ser ayudadas por nosotros. Es muy indignante", comentó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. Relató que las alertas surgieron ante la falta de justificación de los ingresos de ciertos funcionarios cuyos activos y recursos eran mucho mayores a sus sueldos. "Personas que sin justificarlo tenían activos por 800 millones de pesos cuando la remuneración mensual no permitía justificar ese ingreso", explicó.

Según radio Biobío, el Ministerio del Interior solicitó al Consejo de Defensa del Estado que se querelle por esta causa.

Diligencias

"Hemos hecho algunas diligencias de investigación, particularmente en el Minvu, a propósito de una investigación por delitos de corrupción en los que se habrían visto involucrados funcionarios públicos de este ministerio", explicó el fiscal Ledezma. "Los delitos consisten en fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Básicamente en la participación de funcionarios públicos para favorecer o asegurar adjudicaciones de empresas en contratos con el ministerio", añadió.

Sobre los detenidos, Ledezma sostuvo que parte de ellos son funcionarios del área de informática del Minvu, incluyendo algunos que se han desempeñado como "como jefes de proyecto, contrapartes técnicas, evaluadores técnicos de ofertas que el mismo Fisco presentaba a licitación. Ellos recibían un pago para favorecer o asegurar adjudicaciones".

Dijo que hoy, en la formalización, se podrá conocer en detalle el modo de operar de tales funcionarios, lo mismo que el monto presuntamente defraudado. Entre los aprehendidos también hay representantes legales de empresas y familiares de los funcionarios públicos.