Una extensa audiencia de formalización se realizaba ayer en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde 21 personas fueron imputadas por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, presuntamente cometidos en relación a licitaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Los formalizados corresponden a seis funcionarios públicos y 15 particulares, informó el Poder Judicial a través de Twitter. A cargo de la investigación está la Fiscalía Centro Norte, de la Región Metropolitana.

La primera alerta del caso la tuvo la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Según publicó La Tercera online, un analista programador de la sección de plataforma tecnológica de Subsidio del Minvu había recibido $130 millones de la empresa Sociedad Ingeniería y Servicios SpA. La información fue enviada por la UAF en un oficio secreto a la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, el 25 de octubre del año pasado.

A partir de entonces, dicha unidad del Ministerio Público inició una investigación reservada, cuyos hallazgos condujeron a la detención, el viernes, de las veinte personas que ayer fueron formalizadas y que habrían participado desde 2014 y hasta este año en la red de corrupción.

La forma de defraudar al Fisco habría sido por medio de la adjudicación de sociedades de forma ilegal. Cada interviniente de las operaciones se llevaba una ganancia: la empresa que prestaba su nombre para ganarse la licitación, la que realmente hacía el trabajo sin ganarse el concurso público porque no cumplía con los requisitos para postularse y los funcionarios del ministerio que operaban para que estas firmas que prestaban su nombre obtuvieran la adjudicación pública.

Las firmas Ingeniería y Servicios SpA y Fase Ingeniería de Proyectos SpA eran las que presumiblemente entregaban sobornos a funcionarios de la sección plataforma tecnológica de Subsidio del Minvu para que las licitaciones se adjudicaran a las sociedades que a ellos les interesaba. Los sobornos llegarían al menos a los $662 millones, precisó La Tercera.

CÓMO operaban

En la audiencia de ayer, se describió cómo operaban, por ejemplo, el jefe de proyectos de Tecnologías de Información del ministerio, Marco Rivas, y la encargada de la plataforma tecnológica de Subsidios de la División de Informática de la misma repartición, María Cristina González. Él hacía la evaluación de las ofertas, mientras que ella visaba las mismas. Ambos habrían recibido millonarias sumas de dinero y participaban en las ganancias de empresas que se adjudicaban contratos, aun no teniendo la suficiente "idoneidad técnica" ni presentando las mejores condiciones económicas, según describió el fiscal Daniel Vidal en la audiencia.

Según expuso el persecutor en dicha instancia en el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino, se ejecutaron contratos que "se encarecieron sin ninguna justificación", arrojando así un perjuicio al Fisco. Hubo "un engaño al Estado" e incumplimiento del deber funcionario al no actuar con probidad y privilegiar los intereses particulares en vez de los generales, afirmó un persecutor en varias ocasiones.

El fiscal Francisco Ledezma, de la Fiscalía de Alta Complejidad y quien lidera la investigación, precisó que en el caso de los familiares y representantes de empresas imputados, ellos estarían vinculados al delito de lavado de activos.

$662 millones al menos se habría pagado por sobornos a funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

6 funcionarios públicos fueron formalizados ayer, lo mismo que 15 particulares, por los presuntos delitos.

2014 se habría iniciado la operación, involucrando a funcionarios, empresas y familiares de aquellos.

El general director de Carabineros, Mario Rozas, repudió la violencia de la que fueron objeto decenas de uniformados en la jornada del viernes en Santiago, sobre todo después de las manifestaciones en torno a la plaza Baquedano, conocida como plaza Italia.

El jefe máximo de la institución visitó, el viernes en la noche, a 76 policías en el Hospital de Carabineros y que resultaron heridos en los incidentes de anteayer. Luego, ofreció sus impresiones a través de una grabación que ayer fue divulgada por Carabineros.

Rozas comentó que los uniformados "resultaron brutalmente agredidos por delincuentes y vándalos", ante lo cual añadió: "Uno no termina de sorprenderse con el grado de violencia inusitada con que estos delincuentes, estos desgraciados e infelices nos están atacando".

"Por lo tanto, quisiera rendir un homenaje a nuestros carabineros que en forma muy digna y con mucha vocación de servicio están manteniendo el orden y la seguridad. Reitero todo el apoyo y respaldo de nuestra institución. Tienen todo el apoyo de este general director para que pronto puedan estar con sus familias y con sus compañeros en cada uno de los cuarteles", concluyó Rozas.

Los principales incidentes del viernes sucedieron luego del concierto "Basta Ya", convocado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y que se realizó en la plaza Baquedano de la capital, hasta donde llegaron miles de personas para escuchar a las bandas chilenas Los Bunkers, Inti Illimani e Illapu.

Los sucesos fueron comentados por el intendente metropolitano, Felipe Guevara: "Lamentablemente, luego de esta actividad cultural que hizo la agrupación, tuvimos casi cien personas, entre carabineros y civiles, heridas anoche (viernes). Ojalá que esta agrupación condene los hechos y nos ayude a aislar a los delincuentes".

Balance

Asimismo, entre la mañana del viernes y la de ayer, Carabineros registró 17 hechos de violencia en la Región Metropolitana, en los cuales 87 uniformados quedaron heridos y un cuartel quedó dañado. Doce personas fueron detenidas.

Desde el 18 de octubre, en la Región Metropolitana, ha habido 1.794 eventos violentos graves, se ha detenido a 7.066 personas, 1.720 carabineros han quedado lesionados, 163 vehículos policiales han sido dañados y 166 cuarteles han sido atacados, informó la institución.