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La implementación del cordón sanitario para la región de Los Ríos, el que es fiscalizado por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en conjunto con personal de salud, marca el inicio de una tercera fase en el apoyo al control de la pandemia de covid-19, para la jefatura de la Defensa Nacional en la zona.

Para el Ejército, Armada, Carabineros y PDI, este proceso comenzó en marzo con la primera fase, que tiene relación con la etapa de planificación y donde se privilegió la prevención y la anticipación, basado en un diseño operacional con líneas de desarrollo.

Asimismo, la segunda etapa se basó en un trabajo de prevención en una serie de misiones, además de las tareas de seguridad y orden público, en un trabajo multisectorial entre entidades regionales, provinciales y comunales, como también públicas y privadas. Esta fase se extendió entre marzo y la segunda semana de julio y contó con el trabajo en terreno de aproximadamente 2 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Sobre este trabajo, el jefe de la Defensa Nacional, general de brigada Guillermo Sánchez, resaltó que "el trabajo en equipo y planificado entre todas las instituciones involucradas, además de la conciencia y colaboración de la ciudadanía, ha permitido un bajo contagio en la región y que entremos en otra fase, que es el desconfinamiento".

De la misma forma, agregó que "en este trabajo colaborativo se lograron implementar más de 30 puntos de control preventivos de salud simultáneamente, en momentos de mayor tráfico vehicular en la región. Además de otros lugares masivos, como ferias libres, mercado, terminales de buses, supermercados, farmacias y Hospital Base, entre otros".

Desconfinamiento

Dentro de la fase 3, el cordón sanitario de la región mantiene seis puntos principales de control, además de los instalados en terminales de pasajeros terrestre en Valdivia, marítimo en Corral y aéreo en Pichoy, complementado por puntos de cierre y manteniendo algunos puntos de control preventivo de salud en comunas. Este cordón sanitario es el más extenso implementado en el país.

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI detuvieron duante la tarde del 21 de julio a dos personas que amenazaron con armas de fuego a un comerciante, en Valdivia.

Según información del comisario Eduardo Díaz, la diligencia se llevó a cabo luego de que los oficiales recibieran un llamado al 134, donde se manifestaba que en uno de los locales comerciales de la calle Circunvalación, el dueño de un negocio había sido víctima de amenazas con armas de fuego, por parte de dos sujetos.

Además, en el mismo llamado mencionaban que los antisociales -sin quedar satisfechos con la amenaza- permanecieron en el sector, pero esta vez para causar daños a los vehículos estacionados frente al local.

Esto motivó el traslado inmediato al lugar de los detectives de la Brigada Investigadora de Robos, quienes lograron ubicar a los dos sujetos sindicados como autores del ilícito, quienes al ser detenidos reconocieron los hechos.

Asimismo, el comisario expresó que también encontraron las armas de fuego utilizadas por los antisociales, quienes las habían escondido mientras huían.

Esta información fue entregada al fiscal de turno, quien avaló el procedimiento y dispuso que ambos individuos mayores de edad pasaran ayer a control de detención.

La Diócesis de Villarrica deberá devolver un terreno de 1,5 hectáreas a una familia indígena de Coñaripe, luego de que el Juzgado de Letras y Garantías de Panguipulli acogiera la demanda de la familia Antimilla-Caupán, en contra de un contrato de arrendamiento de 99 años que tenía la institución en el sitio.

Según la información del juzgado, el contrato fue firmado en 1989 entre el Vicariato Apostólico de La Araucanía (actual diócesis), donde la institución pagó 70 mil pesos por el trámite. En el mismo documento había una promesa de comprar del terreno luego de 20 años (o sea en 2009), por la misma cantidad antes pagada.

En ese contexto, la resolucicón señala que el contrato es una expreción de fraude a la Ley Indígena 19.253, artículo 14, que hace referencia a que estos contratos no pueden superar los 5 años.

Hasta el momento, no se sabe si desde la Diócesis apelarán a la decisión judicial, ya que al ser consultados, no quisieron referirse al tema.

La Fiscalía de Los Lagos solicitó 15 años de presidio mayor en su grado medio para Eliazar Solís Pérez, imputado por la violación de Carla González en la madrugada del pasado 7 de abril del 2019, en la comuna de Los Lagos. La joven falleció 16 días más tarde por una posible negligencia médica, situación que aún es investigada por el Ministerio Público.

Así lo confirmó la fiscal Claudia Baeza, tras participar en la audiencia de preparación de juicio oral del caso. En ese sentido, agregó que "en virtud de los hechos y la gravedad de los mismos, la forma de condición, además de invocar la concurrencia de una circunstancia agravante de responsabilidad penal, es que se solicitó el máximo de la pena, que es de 15 años de presido mayor en su grado medio".

Asimismo, informó que "en la ocasión, también presentamos las pruebas con las cuales nos vamos a valer para poder acreditar la participación del imputado, que van desde testimonios, documentos recopilados y pruebas científicas, de manera que ahora solo estamos a la espera de que se fije la audiencia de juicio oral".

Finalmente, la fiscal enfatizó que la formalización no es por la muerte de Carla González, ya que esa investigación se realiza de forma paralela.